La política exterior es el juego de sobrevivencia de una nación pequeña como el Paraguay. Esto se ha tornado crucialmente cierto en cuanto a nuestra relación bilateral con Brasil y Argentina desde que nuestro país se convirtió en socio geopolíticamente indispensable de ambas naciones limítrofes para construir los emprendimientos hidroenergéticos binacionales en Itaipú y Yacyretá. En tal contexto, el desafío para la diplomacia paraguaya en los años por delante es completar la tarea de estructurar un marco de relacionamiento basado en una justa repartición de la riqueza generada en ambas usinas, y buscar la forma de poner fin a las recurrentes trabas comerciales que perjudican al libre comercio garantizado en el Tratado del Mercosur, así como la libre navegación de la Hidrovía, dada nuestra condición de país mediterráneo.
Hasta ahora subyace en la conciencia colectiva de los paraguayos y paraguayas la convicción de que las inequidades en cuanto a la repartición de beneficios en la usinas binacionales se deben más a la deshonestidad y falta de patriotismo de nuestros gobernantes de turno, antes que a la habilidad diplomática de nuestros socios para imponer sus legítimos intereses. De buena fe, Paraguay, como cualquier otro país, tiene el derecho de perseguir sus propios intereses, basado en la letra de los tratados, sin que ello signifique que quiera hacerlo a expensas de sus socios, confiado en la reciprocidad de actitud de los mismos.
Con relación al acuerdo sobre la administración de la usina hidroeléctrica de Yacyretá firmado recientemente por los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri, los paraguayos y paraguayas consideran que sus términos son, no solo violatorios del Tratado, sino que en términos de soberanía someten al Paraguay a un resurgente dominio geopolítico argentino, pues le permiten a este país compartir soberanía sobre la futura central hidroeléctrica de Aña Cua, un punto geográfico ubicado a muchos kilómetros dentro del territorio paraguayo. Al parecer, este objetivo fue, desde el principio de las negociaciones, la fruta a saborear más abajo colgada. De ahí el apuro en lanzar la licitación para su construcción, antes siquiera de que las notas reversales correspondientes hayan sido sometidas a la consideración del Senado del Paraguay.
La amistad entre dos naciones es mejor sostenida cuando ambas tienen expectativas realistas y moderadas acerca de los límites de su asociación. La disconformidad de la ciudadanía paraguaya con el acuerdo sobre Yacyretá está justificada, aun en el entendimiento de que los intereses de ambos países socios no tienen por qué ser necesariamente compatibles. Concomitantemente, los paraguayos y paraguayas han visto confirmadas sus sospechas de que el acuerdo de marras constituye un rotundo mentís a la promesa de transparencia del presidente Horacio Cartes, en el sentido de que no habría “oscuridad” en su concertación entre ambos Gobiernos.
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Lo que la ciudadanía paraguaya deseaba conocer en esta ocasión era que el acuerdo a que se llegara se ajustara a los términos del Tratado de Yacyretá, en particular, en lo referente a la revisión de su Anexo C, de modo que el asiento de cuentas de la desprolija administración de la usina binacional fuera hecho de acuerdo con la métrica establecida en el mismo. Lamentablemente, lo convenido fue, en síntesis, la convalidación por parte del Gobierno paraguayo de la sistemática violación del Tratado por parte de la Argentina, cargando la mitad de las deudas de la entidad sobre las espaldas del consumidor paraguayo, cuando de conformidad con lo establecido en el Tratado, al Paraguay solo le corresponde pagar el 7 por ciento de las mismas, factor correspondiente a la cantidad de electricidad consumida por nuestro país desde la entrada en operación de la usina hasta el presente.
A esto hay que sumar la reducción y postergación de pagos por compensaciones por territorio inundado, destrucción de la infraestructura ferroviaria que existía entre Encarnación y General Artigas, etc. Finalmente, la construcción de una nueva central hidroeléctrica en Aña Cua, no prevista en el Tratado, así como los detalles concernientes a la contratación de potencia y la entrega del excedente de la electricidad paraguaya a precio vil. Ninguno de estos arreglos está vinculado con necesidades actuales de nuestro país, o con su conveniencia en cuanto a beneficios económicos.
¿Por qué nuestros gobernantes se han mostrado invariablemente generosos con nuestros socios en las usinas binacionales en cuanto a concederles ventajas desde una posición de absoluta igualdad, cuando “ventaja” para una parte implica necesariamente “desventaja” para la otra? La lesión de confianza perpetrada por un ciudadano, o un gobernante que entrega intereses de la Nación a otro Estado, configura delito de lesa Patria. La historia nos prueba que tales delitos nunca son desinteresados. Siempre son perpetrados a cambio de una oculta compensación en dinero o promesa de apoyo para el logro de algún objetivo político o económico. Así, los “legionarios” paraguayos enrolados como baqueanos en filas del ejército argentino en la guerra contra la Triple Alianza lo hicieron a cambio de que, muerto el Mariscal López, las tropas de ocupación aliadas les permitieran asumir el poder de la nación en ruinas. De similar forma, la insólita pretensión del presidente Cándido Bareiro de entregar a Bolivia más de la mitad del Chaco paraguayo no pudo haber tenido otro móvil que la codicia incentivada por el gobierno boliviano. El actual momento electoral paraguayo es muy propicio para formular y recibir ofertas que ayuden a concretar un objetivo político.
Atenidos a la naturaleza intrínseca del delito de traición a la Patria, en el sentido de nunca ser espontáneamente gratuito, la única explicación plausible con relación a la sistemática concesión de ventajas a Brasil y Argentina en detrimento del interés nacional en las usinas binacionales, desde sus inicios hasta el presente, por parte de los gobiernos paraguayos de turno y sus adláteres, es que los nuestros han sido invariablemente sobornados por el oro hábilmente canalizado a sus bolsillos por sus pares de Brasil y Argentina.
Será necesario que en las elecciones generales de abril de 2018 los electores y las electoras reflexionen acerca de este moderno infortunio del Paraguay y elijan a un Presidente de la República dispuesto a investigar en profundidad el comportamiento y responsabilidad de todos los Gobiernos anteriores en estas viles entregas de los intereses superiores de la Nación a países vecinos a cambio de sobornos, en efectivo o en forma de favores personales.