Mañana 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente, propiciado por las Naciones Unidas (NN.UU.), cuyo tópico de este año hace referencia a la “lucha contra el comercio ilícito de fauna y flora silvestre”.
Como tantas veces se ha hecho desde las páginas de este diario, es propicia la ocasión para reflexionar y llamar de nuevo la atención de las autoridades públicas –empezando por la Secretaría del Ambiente (Seam) y siguiendo con las municipalidades y las ONG involucradas (o que presumen de estar) con la defensa de los recursos naturales, muchas de las cuales reciben fondos del Estado y de organismos internacionales para financiar sus proyectos– acerca del preocupante deterioro ambiental de nuestro país.
En virtud de la Ley 1561/00, se constituyó a la Seam en el organismo estatal con facultad específica en la materia que su denominación indica, entre las cuales está la muy principal de definir las líneas prioritarias del planeamiento y acción estatal en el ámbito de lo ecológico, especialmente en lo que concierne a resolver sus numerosos puntos de fricción que diariamente surgen con las actividades económicas y con las iniciativas destinadas a encarar soluciones para las necesidades sociales, principalmente con los aspectos de vivienda y urbanismo.
En particular, y como se constata todos los días, los proyectos de esas dos clases señaladas producen permanentes fricciones entre los supremos requerimientos de promover el desarrollo socioeconómico, por un lado, y proteger los recursos naturales, por el otro. La muy delicada vinculación equilibrada que debe darse entre ambos es una de las obligaciones y tareas fundamentales de la Seam, temas en los que lastimosamente, hay que confesarlo, hasta ahora, esta Secretaría no dio muestras de estar a la altura de la importancia de su labor. A manera de ejemplo se puede mencionar que la Seam no reacciona en absoluto frente a los trabajos que ya está realizando el Gobierno en el predio de RC4, donde piensa instalar un grupo habitacional, y que un proyecto de ley en estudio en el Congreso busca declarar zona protegida. Tampoco le importa mucho el lago Ypacaraí, ya que aprobó proyectos particulares que afectan los humedales que circundan ese valioso recurso natural.
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Está visto así que la Seam, a través de este tiempo transcurrido y de las varias jefaturas que tuvo bajo los sucesivos gobiernos, no pocas veces ignoró su papel y se desentendió de sus obligaciones, sobre todo cuando había presiones políticas de por medio.
Casi todos los meses surge un problema ambiental del cual la Seam no se entera sino cuando la situación llega a niveles de escándalo. Un ejemplo de esto ilustra la reciente súbita mortandad de peces en el barrio asunceno de Tablada, sobre la que el titular de la Seam, Rolando de Barros Barreto, se desentendió arrojando el fardo de la responsabilidad a la Municipalidad, y hasta a los vecinos, alegando que problemas ambientales como ese ocurren por “la falta de conciencia de una ciudadanía que no siempre colabora”.
Más allá de que lo afirmado por este funcionario sea verídico en muchos casos, se debería resaltar que si la gente de esos vecindarios es inculta, irresponsable y contamina despreocupadamente recursos naturales valiosos, una tarea primordial para la Seam debería ser encargarse de revertir este estado de retraso cultural mediante programas de educación y concienciación, además de impulsar proyectos conjuntos con la Municipalidad y las comisiones vecinales –que las hay en todos los barrios capitalinos– a fin de ilustrar a la gente ineducada acerca de cuáles son las actividades peligrosas y los remedios para situaciones críticas.
Desde hace tiempo se viene observando cómo las condiciones ambientales se están degradando en todo el país. Un caso que no por antiguo y repetido en las noticias es menos vergonzoso y peligroso, representa la devastación de bosques en las dos regiones del país, que redujo nuestro patrimonio forestal natural a un alarmante 14%, o menos aún, en relación con lo que teníamos hace medio siglo. Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ubica al Paraguay en el sexto lugar de los más deforestados del mundo.
Otro recurso natural, de los más valiosos, cual es el agua potable, carece de medidas prácticas de protección. Parecería que el Gobierno solamente ve al agua como un recurso económico, de modo que va otorgando derechos de explotación comercial a diestra y siniestra, sin poseer siquiera la tecnología adecuada para medir el estado de las reservas y su capacidad de producir sin ir agotando irremisiblemente las fuentes naturales.
A todo esto se suman otros problemas ambientales no menos riesgosos para el futuro inmediato, como el empobrecimiento de los suelos agrícolas, la calidad del aire urbano, la displicencia en la disposición de desechos de cualquier tipo, causante de la multiplicación de vectores de enfermedades, falencias que ponen en grave entredicho el principio constitucional del “derecho a un ambiente saludable” (art. 7), que postula que todos los paraguayos tienen derecho a vivir en un medio ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Nada de esto recibe el respeto debido de parte de las autoridades y de la propia población.
El Día Mundial del Ambiente debe ser una fecha que sirva para despertar en la adormecida conciencia de los funcionarios y de toda la población la necesidad de reaccionar con energía para salvar lo poco que no fue destruido y recuperar lo que se pueda de lo que sí lo fue, para bien de las poblaciones presente y futuras.