Preocupante escalada de la delincuencia

La falta de recursos es generalmente la excusa esgrimida para justificar el incumplimiento de sus funciones por parte de instituciones gubernamentales. La Policía Nacional no ha estado ajena a esta modalidad, pese a que en las últimas décadas se le ha destinado mucho dinero para movilidad y equipamientos, incluyendo mejoras salariales, aunque sin duda no suficientemente justas. Pese a ello, los habitantes –en particular los de las ciudades– no tienen la sensación de que la Policía de hoy sea más eficiente y dedicada al cumplimiento de su deber que la de hace unos años.

¿Adónde van a parar esos recursos que se destinan con el argumento –que hasta el momento más bien parece pretexto– de equipar y mejorar el servicio policial?, es la natural pregunta de la gente. Los vendedores de armas, municiones, equipos, vehículos, uniformes, combustible, servicios mecánicos, etc., etc., parecen gozar de una buena época lucrando con los dispendios de las entidades binacionales y los fondos naturales del Presupuesto, pero, ¿qué pasa con las víctimas de la delincuencia cotidiana?

Según datos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), desde el 15 de agosto de 2013 hasta el 9 de julio de 2018, solo esa entidad destinó unos 6.700.000 dólares de sus “fondos sociales” a la Policía Nacional. El agente a cuyo cargo se ponían estas maniobras era Luis Canillas, entonces asesor jurídico de la EBY y miembro del círculo áulico del expresidente Horacio Cartes.

Las compras de armamento y municiones siempre fueron un negocio harto lucrativo, en el que se obtienen ganancias fabulosas. Estos negociados son favorecidos por esa especie de secretismo con que se los rodea con el pretexto de la seguridad. Por ejemplo, en marzo de 2017 la EBY apartó de sus “gastos sociales” unos 520 millones de guaraníes para la adquisición de 60 pistolas Glock 17 y 43.000 proyectiles de la empresa Grupo 3S SA. En agosto de 2017 se destinaron otros 26.000 dólares para comprar 23 pistolas Glock 17 de la firma Compredeusa SA, que en noviembre de 2017 fue agraciada con otros 51.000 dólares por 36 pistolas y 20.000 proyectiles. En abril del año pasado, Safarisport SRL, de propiedad del comisario retirado Dalmacio Marengo Coronel, fue favorecida por remisiones de EBY por valor total de 140 millones de guaraníes en concepto de compra de balines de goma.

Estas cifras no son más que muestras de los inmensos caudales de dinero que se mueven en torno a los gastos requeridos por la función policial, cuya eficiencia, no obstante, no da señales de mejorar, porque la inseguridad en las calles no mengua. En efecto, los viejos males de la criminalidad callejera y la impunidad no se redujeron. Los delincuentes continúan entrando y saliendo de las comisarías y prisiones como si fuesen sus residencias. Los agentes policiales que todavía tienen intención de hacer bien su trabajo pierden la paciencia cuando fiscales y jueces, magnánimamente, reponen rápidamente a los marginales en las calles con toda su capacidad de continuar ejerciendo su carrera delictiva. No hablemos ya de ciudades fronterizas como Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Capitán Bado, donde permanentemente se producen asaltos y asesinatos de personas, algunos de forma horrenda.

La aparición de la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas (UOTM) –Grupo Lince– en abril de 2017, despertó ilusiones. Fue una buena idea surgida durante el Gobierno anterior, y contó con la aceptación ciudadana debido a auspiciosos resultados observados en la lucha contra la delincuencia que viene jaqueando a la población. Si bien es cierto que unos pocos de sus miembros se vieron involucrados en algunos inconvenientes, no fue razón suficiente para que el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, los fuera arrinconando con el pretexto de una mejor identificación de sus integrantes y de buscar una mayor eficiencia en el servicio. Hoy “los linces” desaparecieron de las calles, lo que coincide con una mayor actividad delictiva, tanto en Asunción como en otros lugares. En los últimos días, tres gasolineras fueron asaltadas en un lapso de 20 minutos en Fernando de la Mora, para citar un ejemplo. A las personas que transitan diariamente, la vista de estos agentes motorizados les produce confianza y sensación de seguridad, por lo que era aconsejable que los “linces” estén desplegados en otras ciudades del país.

Otro de los graves problemas que afecta a la Policía es el alto porcentaje de funcionarios policiales que vegetan en las unidades, o que son destinados a proteger a políticos y a particulares. Este es un mal que se presenta no solo en Asunción sino también en varios otros lugares. En los últimos días, el intendente de Caacupé, Diego Riveros (PLRA), informó que de los 107 agentes con que cuenta esa ciudad solo 32 se dedican a proteger a los pobladores. El resto presta servicios en entidades estatales, privadas o religiosas.

La seguridad de las personas es uno de los pilares de una sociedad organizada; sin esta condición, muchas otras ventajas y valores sociales quedan anulados. Ya es hora de que las autoridades dejen de lado la retórica y tomen en serio la cuestión para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan gozar de aquello que debería serles inherente: disfrutar de sus bienes sin peligro, poder transitar sin temer por su integridad física, atender sus negocios personales con tranquilidad. Sin estas condiciones, muchos valores diariamente declamados, como la libertad, la equidad, la dignidad, etc., quedan convertidos en meras utopías.