Todos los gobernantes que se han turnado en el poder desde el derrocamiento de la dictadura han prometido invariablemente honestidad y patriotismo en la gestión pública, con énfasis en el combate a la corrupción y a la impunidad que la protege. Irónicamente, hasta ahora ninguno de ellos ha tenido el coraje de tomar al toro por las astas impulsando una campaña de moralización de la administración pública que conduzca a la cárcel a los concusionarios y ladrones de cuello blanco que en colusión roban impunemente al Estado.
Al igual que su predecesor, el presidente Mario Abdo Benítez ha prometido un combate frontal a la galopante corrupción virtualmente institucionalizada en la administración pública pero, antes de cumplir medio año de gestión, ya han surgido indicios preocupantes de que ese flagelo se ha manifestado nuevamente en varias instituciones de su administración. Esto, sin dejar de reconocer que algunos altos popes políticos están hoy presos y procesados por la Justicia –indudablemente porque se les ha levantado el manto protector que tenían desde el Palacio de López– y que el narcotráfico ha tenido importantes pérdidas en esta administración. Sin embargo, debemos repetir que, en materia de corrupción, pareciera que su Gobierno se encamina hacia el sombrío horizonte del “nuevo rumbo” de Horacio Cartes, al que criticara con dureza durante su campaña electoral. Al menos, ese es el mensaje que recoge la ciudadanía de cara a la pésima catadura moral de algunos de sus más encumbrados colaboradores en el Gobierno, como José Alberto Alderete y Nicanor Duarte Frutos, por nombrar solo a dos de los que tienen oscuros antecedentes en la gestión pública; como ministro de Obras Públicas el primero, y como presidente de la República el segundo.
El nombramiento de estos dos impresentables políticos al frente de las entidades binacionales, donde corre plata dulce a raudales y sin control fiscal, es un inquietante indicio de que el presidente Mario Abdo Benítez está encontrando resistencia dentro de su equipo de Gobierno para combatir la corrupción fuertemente institucionalizada que le dejó como herencia su antecesor en el cargo. Esto lleva a pensar que podríamos estar frente a un mentiroso más, como los ocho que le han antecedido en el Gobierno desde el derrocamiento de la dictadura.
La natural curiosidad acerca de cómo va a resultar finalmente la gestión de Gobierno de “Marito” seguirá por un tiempo más con el beneficio de la duda, hasta que la marcha de los negocios públicos tome un derrotero irreversible, para bien o para mal. Vale decir, hasta que el Presidente imponga su voluntad de buen Gobierno radiando a los corruptos que se ha visto obligado a nombrar, no solo al frente de las binacionales, sino en reparticiones públicas clave, como es el caso de algunas empresas de bienes y servicios públicos; o retenga en sus puestos a los depredadores de la hora prima, con lo que estará dando al pueblo paraguayo otro mazazo más, como viene sucediendo desde hace 30 años; al menos si este sigue teniendo la paciencia de Job para aguantar por un quinquenio más el ramalazo de un mal Gobierno.
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Lamentablemente, hasta ahora no se observa una preocupación firme por el latrocinio que habitualmente carcome las arcas públicas. Al revés de lo que últimamente ha sucedido en Brasil, donde la valentía moral de un juez federal, hoy devenido ministro de Justicia (Sergio Moro), ha catalizado un insólito giro de la Justicia en dicho país y un radical cambio político de Gobierno con Jair Bolsonaro en la presidencia de la República, aquí el accionar de nuestra Justicia, luego de algunos indicios alentadores, no da señales claras de que esté dispuesta a mandar a la cárcel a los ladrones de caudales públicos. Tampoco el presidente Mario Abdo Benítez hace lo propio, en el sentido de estar dispuesto a cumplir su promesa de combatir la corrupción de arriba hacia abajo. Por el contrario, pareciera que, como sus predecesores, más bien procura blindar a los zorros que ha colocado para cuidar los gallineros estatales, que muy tempranamente ya están también haciendo de las suyas al frente de algunas reparticiones públicas como el MOPC, Petropar, INC y otras instituciones con elevados presupuestos de inversión y operación, a estar por denuncias concretas hechas públicas por los medios de comunicación.
Algunos indicios preocupantes publicados involucraron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a cargo de Arnoldo Wiens –quien se vio obligado a rever una adjudicación luego de ser ventilada en la prensa–, así como también a la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, y de la INC, Javier María Rodríguez Ferrer, quienes ya tienen en su haber denuncias de operaciones financieras poco transparentes al amparo de decretos de excepción y millonarias compras en dólares a través de órganos multilaterales como PNUD, OEI y otros. La participación de estos organismos internacionales les permitió eludir el control institucional de transparencia de la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP). No hablemos ya del derroche de dinero paraguayo administrado por los cuestionados directores de las binacionales más arriba nombrados.
Se trata de indicios preocupantes que salpican a este nuevo Gobierno. Si el Presidente de la República no extirpa las gangrenas antes de que hagan metástasis en las instituciones, su Gobierno no se diferenciará de los demás que esquilmaron a nuestro país.