Los voceros del Frente Guasu, o sea, el luguismo, anuncian que ya existe pleno acuerdo con el sector colorado que promueve la reelección de Cartes a fin de impulsar juntos, nuevamente, el proyecto de ley de enmienda constitucional que fue rechazado por el Senado en agosto del año pasado. La condición puesta y aceptada, según dicen, es que Cartes y los gobernadores que pretendan candidatarse renuncien seis meses antes del fin de sus períodos. La senadora colorada Lilian Samaniego, por su parte, explicó que la demora en la presentación de la iniciativa obedece a la duda de si tendrá o no el apoyo de los 23 senadores necesarios para su aprobación.
Si esto de la renuncia previa es realmente el único requisito exigido por los luguistas a los cartistas, debe tratarse de un chiste, y, por cierto, muy poco gracioso. ¿Qué le importa a Horacio Cartes tener que renunciar seis meses antes? Como si eso le va a privar de las ventajas y privilegios de ejercer el poder que posee en la jefatura del Ejecutivo, y de continuar siendo el administrador real de los recursos del Estado. En cuanto a la reelección de los gobernadores, no es un tema que le importe a nadie en el ámbito político; solamente sirve para juntar más gente para el gran banquete electoral que piensan darse después de la violación constitucional que preparan.
El anunciado proyecto pende sobre la cabeza de la Nación como una espada de Damocles. Ahora resulta que consiguieron convertir el caso en el tema especulativo de todos los días, en un juego perverso de estar acercando y alejando un atentado a la normalidad democrática de nuestra república, produciendo ya mucho daño a la regularidad de la marcha institucional del país, distrayendo a los funcionarios de sus obligaciones, apartando a la ciudadanía y a las autoridades de los problemas realmente importantes y, por último, enrareciendo el ambiente político general, dejando en todos la sensación de que estamos en un punto extremadamente peligroso de retroceso histórico y de explosión de un conflicto social.
Pero todo esto los desfachatados que están detrás del proyecto de “rekutu” lo saben de sobra, pues numerosas instituciones importantes y personalidades de renombre han advertido al respecto. El pasado miércoles, la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) lanzó una seria apreciación sobre el momento actual que vive nuestro país. “Una sucesión de hechos recientes nos alertan ante la posibilidad de que Paraguay se encamine a una nueva dictadura”, expresó la presidenta de la entidad, Carmen Cosp, en ocasión de premiar a empresas y empresarios destacados del año 2016. Agregó que el autoritarismo que se está presenciando genera “desconfianza y crispación”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En efecto, en este momento nuestra ya dificultosa democracia se está debilitando aún más aceleradamente debido a la ambición desmedida desatada de dos personajes de nuestra política, Horacio Cartes y Fernando Lugo, que, junto con algunos actores secundarios, aun siendo adversarios en todos los planos imaginables en que puedan confrontar, no tienen ningún escrúpulo para unirse en contubernio con la torva finalidad de violar la Constitución.
Insistir sobre la clarísima e innegable ilegalidad de un reiterativo proyecto de enmienda constitucional ya rechazado, presentado antes de que se cumpla el plazo de un año establecido en el Art. 290 de la Constitución, parece ya, a estas alturas, un ejercicio inútil. A los interesados en perpetrar la violación les importa un comino este impedimento legal, mostrándose dispuestos a pasarlo por encima empleando cualquier argucia, por burda que sea.
El Frente Guasu, que pretende volver a postular al expresidente Fernando Lugo, destituido en 2013 mediante juicio político por mal desempeño de funciones, impulsa ante la Corte Suprema de Justicia una “acción declarativa de certeza constitucional”, una figura técnica que está ausente en nuestro ordenamiento jurídico y que, por tanto, es improcedente.
¿Qué ocurrirá si una resolución judicial declara que Fernando Lugo posee legitimidad para volver a postularse a un cargo que ya ejerció, y que le está legalmente prohibido repetir? Entonces, a los paraguayos se nos habrá puesto ante una situación de ruptura del orden político legal perpetrada directamente por un poder del Estado, paradójicamente, el que tiene como obligación principal ser custodio de la Constitución, de cumplirla y hacerla cumplir. Las consecuencias de esto son imprevisibles.
La alternativa que impulsa el cartismo, con el apoyo del propio Frente Guasu –ante la eventualidad de que no prospere su propio proyecto– y el apoyo de senadores y senadoras liberales que están dispuestos a vender sus votos, es igualmente violatoria de la Constitución Nacional. Aparte de que no puede volver a presentarse un proyecto de enmienda antes del 25 de agosto próximo, la vía apropiada para aprobar la reelección presidencial es la de la reforma, que requiere de una Convención Nacional Constituyente.
Si todo esto termina de la peor manera posible, el país quedará en una situación de grave alteración institucional y de crispación social, como advierte la ADEC. Los políticos como Cartes o Lugo, si resultasen electos nuevamente presidente de la República con esos vicios de nulidad originaria, estarían incursos en lo que prescribe el Art. 137 de la Constitución, que establece: “Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”.
Lo cual, a su vez, automáticamente, haría entrar en estado de aplicabilidad al artículo siguiente: “Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores por todos los medios a su alcance”.
He aquí donde radica el mayor riesgo, porque la eventual aprobación ilícita del proyecto de ley de enmienda convertiría a Cartes o a Lugo, si es que son electos en los próximos comicios generales, en usurpadores del poder, a partir de lo cual la ciudadanía podrá asumir y sostenerse en todo acto de intransigencia contra ellos, lo cual llena de incertidumbre nuestro futuro inmediato.
Como se advierte, a lo que están jugando cartistas y luguistas es extremadamente peligroso para nuestro país; mucho más de lo que la gente percibe de las discusiones y debates teóricos que el caso genera. Llamar a la sensatez a los actores de este drama en ciernes parece una pérdida de tiempo, así que resta que los ciudadanos y las ciudadanas se mantengan alertas y preparados para resistir a los usurpadores por todos los medios a su alcance.