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Mabel Rehnfeldt, la periodista de nuestro grupo multimedia que divulgó a través de Radio ABC Cardinal las grabaciones de unos diálogos telefónicos que revelaban las prácticas extorsivas y el grosero tráfico de influencias sobre la Justicia a los que se dedicaba el exsenador y extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Óscar González Daher, fue llamada a prestar “declaración testimonial” en la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado. La convocaron antes de que fueran llamados a declarar los protagonistas del caso: el citado exsenador, su excolega Jorge Oviedo Matto y el abogado Carmelo Caballero, todos ellos imputados en el escandaloso affaire, al igual que el exsecretario general de la JEM, Raúl Fernández Lippmann, hoy con reclusión domiciliaria.
Dado que las grabaciones ya habían sido entregadas a varios miembros del Ministerio Público, el interrogatorio realizado por las agentes fiscales Josefina Aghemo y Claudia Morys, con la participación de los defensores de los imputados en libertad, apuntó, sin duda, a que la compareciente revele sus fuentes de información, aunque más no sea en forma indirecta, tal como se desprende de esta pregunta inquisitoria de Sara Parquet, abogada del exsenador González Daher, admitida con indiferencia por las agentes fiscales: “...cómo y de dónde obtuvo las grabaciones denominadas audio, que fueron divulgadas por ABC Cardinal y el programa A la gran siete treinta”. La respuesta fue la obvia, la que corresponde en el caso, y que se supone que la abogada no podía ignorar: “Me amparo en el art. 29 de la Constitución”.
Esta sabia norma, que ampara a los periodistas contra quienes pretenden obligarles a revelar sus fuentes de información y con la que coincide el punto 3 de la Declaración de Chapultepec (1994) de la Conferencia Hemisférica de la Sociedad Interamericana de Prensa, es propia de los regímenes democráticos para proteger la libertad de expresión, la madre de todas las demás libertades. Solo en las dictaduras se estila que las autoridades públicas fuercen o extorsionen a quienes trabajan en los medios masivos de comunicación social a nombrar a sus informantes, para amedrentarlos o reprimirlos por su osadía de recurrir a la prensa.
Lo que aquí está ocurriendo es que, en vez de investigar a fondo un gravísimo tema de interés general para acusar a los responsables de ciertos hechos punibles contra la sociedad, el Ministerio Público apela a lo normal en los totalitarismos: intenta “matar al mensajero”. Además de ignorar la Ley Suprema, la Fiscalía no logrará su propósito, porque la periodista afectada por la “convocatoria” –tan absurda como las preguntas formuladas por la agente fiscal y la mencionada abogada defensora– no traicionará su larga, proficua y límpida trayectoria ni la confianza depositada en ella por quienes desean ayudar al saneamiento moral de la Nación revelando las fechorías diarias cometidas en los órganos estatales.
Es evidente que, aparte de intentar obligar a la periodista a decir quién o quiénes le hicieron llegar los famosos audios, lo que pretenden las “representantes de la sociedad” que presidieron el interrogatorio, presumiblemente siguiendo “órdenes superiores”, es amedrentar en general a los trabajadores de la prensa y a quienes les brindan informaciones de interés público. Los primeros deberían temer así que el Ministerio Público los cite a declarar cada vez que saquen a la luz algún acto delictivo del que se enteren a través de sus informantes, y los segundos, que sus nombres sean revelados por aquellos a quienes noticiaron bajo la condición del anonimato.
Si de algo podemos estar satisfechos, como ciudadanos y como periodistas, es de la libertad de prensa vigente desde 1989. Desde entonces hasta hoy, solo estaba amenazada de hecho por el crimen organizado. La corrupción de antes sigue tan campante como siempre, pero al menos se puede ejercer el derecho de denunciarla en voz alta, sin recelar una represión policial, como ocurría en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner. En este contexto, la comparecencia de la periodista Mabel Rehnfeldt, por orden de las investigadoras del escándalo descubierto, aparece como una insólita tentativa de restringir el ejercicio del periodismo, que “es libre y no está sujeto a autorización previa”, como también dice el art. 29 de la Constitución. No obstante, la abogada del exsenador González Daher se permitió preguntar, a vista y paciencia de las agentes fiscales, si la periodista, “para la divulgación de los denominados ‘audios’, contaba o no con autorización judicial”. Respuesta: “Para el ejercicio de la prensa, hasta donde tengo entendido, no necesito una autorización judicial”.
No nos habríamos ocupado de esta “declaración testimonial”, arrancada con toda necedad, si ella no tuviera mucho que ver con la libertad de prensa, que defenderemos siempre que sea de algún modo amenazada. La ciudadanía puede estar segura de que nunca revelaremos el origen de las informaciones confidenciales, y de que ejerceremos libremente el periodismo sin que nos amilanen citaciones tan insensatas como la comentada, como ha sido nuestra norma desde la aparición de ABC Color hace cincuenta años.
Con toda razón, la periodista sometida al grotesco interrogatorio dijo que cuando escuchaba las grabaciones entendía “por qué tanta gente tiene miedo” y añadió que casi todos los reunidos en el despacho fiscal sabían de las injusticias cometidas por “gente que torció la vara por poder o por dinero”. Terminó recordando que precisamente “hoy (por ayer) se cumplen 34 años del cierre de un medio de comunicación” (nuestro diario), por la dictadura de Stroessner.
Quienes deben ser perseguidos con todo el rigor de la ley son los delincuentes que profanan la Justicia, y no los periodistas que los sacan a la luz con toda su impudicia. Nuestro compromiso con nuestros lectores, en particular, y con la opinión pública nacional, en general, es continuar por la misma senda, sin dejarnos amedrentar ni por el crimen organizado, ni por las amenazas de políticos poderosos, ni por mandaderos disfrazados de auxiliares de la Justicia.