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La Cámara de Diputados volverá a ocuparse hoy del financiamiento político, tras haber revocado las escandalosas decisiones tomadas en la sesión del 4 de julio último. En aquella ocasión, había dado vía libre al dinero del narcotráfico y de otro origen sucio para que solvente los gastos electorales de los partidos, movimientos políticos y alianzas, generando así un masivo repudio ciudadano. En efecto, dispuso elevar el tope de las contribuciones o donaciones individuales de 7.000 a 50.000 jornales mínimos (¡3.925 millones de guaraníes!), excluir a la Contraloría General de la República del examen de las rendiciones de cuentas y del informe sobre las contribuciones o donaciones a ser presentados por los administradores de las campañas electorales al Tribunal Electoral, rechazar la moción de que también la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) verifique el origen y el monto de los ingresos recibidos, y permitir que incluso los narcotraficantes procesados puedan realizar aportes.
En suma, en vez de reforzar las disposiciones vigentes para impedir que la plata sucia siga incidiendo en las campañas electorales, lo que la mayoría de los diputados hizo fue facilitar aún más la intervención del crimen organizado. El narcotráfico pudo estar de parabienes, pues, de entrada, ya no iba a necesitar fraccionar o maquillar en gran medida sus contribuciones o donaciones nada desinteresadas, ya que se había elevado más de siete veces el límite hoy fijado por el art. 282, inc. e), del Código Electoral.
Es comprensible que la comodidad brindada a los delincuentes haya sido propuesta por el diputado Bernardo Villalba (ANR), exdefensor del narcotraficante Carlos Antonio Caballero, alias “Capilo”, denunciado ante la Fiscalía en noviembre de 2014 por la Cámara Alta, debido a sus presuntos lazos con el narcotráfico. El servicial legislador ha de saber que quienes se dedican a esa actividad delictiva desean colaborar con los candidatos de todas las organizaciones políticas, sin discriminaciones y apostando sobre seguro. Tampoco ha de ignorar que los electos sabrán retribuir el apoyo recibido mediante una ley, un decreto, una ordenanza o una sentencia lograda mediante el tráfico de influencias, si es que el fiscal y los jueces intervinientes ya no están a sueldo de los mismos financistas.
El dinero así “legalizado” no tendría olor, aunque estuviese manchado de sangre: la cuestión es que, venga de donde venga, sirva para llegar al Palacio de López, al Congreso o a los gobiernos departamentales y municipales. De ello estuvieron convencidos, inicialmente, los veinticuatro diputados que secundaron la moción de que el “narcodinero” juegue un rol aún mayor en los comicios, reforzando la presencia del crimen organizado en los tres Poderes del Estado, ya mentada alguna vez por el expresidente de la Cámara Baja Hugo Velázquez.
Pero hay más: al eliminar del art. 281 del Código Electoral la norma de que el Tribunal Electoral corra vista a la Contraloría para que ella audite la rendición de cuentas presentada por los administradores de las campañas electorales, los complacientes diputados de la mayoría dejaron el examen en las solas manos de una Justicia Electoral que, aparte de estar aún más sometida a los beneficiarios de los eventuales aportes, carece de la idoneidad necesaria para efectuar los exámenes de rigor. El diputado Villalba, buscando los vericuetos más inverosímiles, alegó que la Contraloría no podría ejercer sus funciones porque los aportes provendrían de particulares y no de entidades públicas, que son las únicas que ella podría controlar. Resulta, sin embargo, que los subsidios electorales deben ser entregados por el Estado una vez aprobada la rendición de cuentas de las organizaciones políticas, y verificado el cumplimiento de las formalidades de control previstas en el Código Electoral. Lo que la Contraloría realiza es un control previo, de cuyo resultado debe correrse traslado al partido, movimiento o alianza, antes de que la Justicia Electoral resuelva. Esa verificación previa no viola la Constitución, porque están en juego fondos públicos. Por lo visto, se pretendió que la Contraloría intervenga, en todo caso, luego de que la Justicia Electoral ya los haya desembolsado, es decir, cuando ya se hubiera consumado el hecho ilícito.
Es de delincuentes invocar la Constitución para que se estrechen los lazos entre el narcotráfico y otras actividades ilícitas y la política, impidiendo que otro organismo, aparte de la Justicia Electoral, se inmiscuya en un asunto que se hubiera vuelto aún más fétido con las normativas aprobadas en un principio. La legislación en vigor no prevé la intervención de la Seprelad, pese a que una campaña electoral es una ocasión propicia para el lavado de dinero. Y bien, la mayoría de los diputados presentes en la malhadada sesión tampoco aprobó la iniciativa de que dicho organismo especializado revise las cuentas acercadas. El diputado Villalba, todo un “experto” en materia de narcotráfico, arguyó simplemente que las atribuciones de control corresponden a la Justicia Electoral, con lo que se dieron por satisfechos sus colegas de la mayoría complaciente con el crimen organizado. O sea que les importó un bledo el blanqueo del dinero sucio en una campaña electoral.
Los grandes bandidos habrán celebrado todas estas disposiciones, incluso aquellos que están siendo procesados, pues podrían seguir colaborando con cómplices políticos mientras dure el juicio, con la fundada esperanza de que el fallo definitivo haga honor a su “compromiso” con diversos candidatos.
La Cámara Baja había dado así un gran paso hacia un Paraguay regido por el crimen organizado. El justificado repudio de la opinión pública ante los desvergonzados puntos aprobados hizo que el 5 de julio anulara lo resuelto, pero eso no implica necesariamente que hoy no vaya a decidir ratificarse en lo ya aprobado o, incluso, ampliar el camino para la renovada incursión del dinero sucio en la política, convirtiendo al Paraguay en un narcoestado.
La votación en la Cámara de Diputados debe ser nominal, como lo fue hace una semana, para poder conocer a los personeros de los delincuentes, y a quienes, eventualmente, tengan el coraje de rectificarse por el bien del país.