Los diputados tratarán mañana, jueves, un proyecto de ley de sus colegas Óscar González Drakeford, Celso Kennedy, Édgar Acosta y Marcial Lezcano, por el que se pretende eliminar el impuesto al valor agregado (IVA) a los créditos otorgados por las cooperativas y la obligación que ellas tienen de elegir a sus autoridades empleando el sistema de representación proporcional. A la fecha, 292 cooperativas de producción, de un total de 683 cooperativas de todo tipo registradas en el país, ya vienen pagando voluntariamente el IVA.
El proyecto de ley fue presentado el 31 de marzo, es decir, un día antes de que entraran en vigor los cambios introducidos el año pasado a la Ley de Cooperativas, y en coincidencia con las movilizaciones impulsadas por dirigentes gremiales celosos de mantener sus privilegios, los mismos que financian las manifestaciones simultáneas de campesinos que exigen la condonación de sus deudas, según lo admitió el conocido agitador Elvio Benítez.
Aparece así que esos objetores nada desinteresados están desviando fondos para acentuar la presión que desde setiembre de 2015 vienen ejerciendo sobre los Poderes del Estado para impedir que su gestión sea mejor controlada por los asociados, se extienda la base tributaria conforme al principio de igualdad y se formalice cada vez más la economía negra.
En realidad, lo que les preocupa a los dirigentes cooperativos que promueven estas protestas no es tanto que se graven las operaciones crediticias, sino que se posibilite que los Consejos de Administración, las Juntas de Vigilancia y las Juntas Electorales también sean integrados por cooperativistas ajenos a las claques allí atornilladas.
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Ocurre que los dueños actuales del poder en las cooperativas quieren seguir excluyendo de los órganos directivos a quienes puedan cuestionarlos, aplicando un sistema electoral –votaciones por cada cargo en disputa– opuesto al art. 119 de la Constitución, concordante con el 118, que dispone que las organizaciones intermedias, políticas, sociales y sindicales se rijan por el sistema D’Hondt de representación proporcional.
En la exposición de motivos del proyecto de ley a ser estudiado este jueves se lee que la elección conjunta del Presidente y del Vicepresidente de la República demuestra que “sí existe democracia y constitucionalidad sin la representación proporcional ni el Sistema D’Hont (sic)”. Resulta increíble que los diputados proyectistas ignoren que el Presidente y el Vicepresidente de la República no conforman un órgano colegiado y que, por lo tanto, el sistema de representación proporcional en tal caso es inaplicable, salvo que crean que el segundo más votado como candidato a Presidente de la República podría ocupar la Vicepresidencia. Los órganos de las cooperativas sí son colegiados, como tampoco deberían ignorarlo los legisladores que se han prestado a los intereses de quienes desean seguir manejando las cooperativas de ahorro y crédito a su antojo.
Por su parte, las cooperativas de producción no se han plegado a la tenaz y agresiva campaña desatada contra el gravamen a las operaciones crediticias y contra el sistema de elección de las autoridades, porque muchas de ellas ya vienen tranquilamente aplicando el IVA en todos sus productos y servicios, desde hace al menos diez años, lo que les permite recurrir a la compensación mediante créditos fiscales y, a la vez, transparentar la cadena de pagos. Esta última cuestión es de lo más importante: al ampliar la base tributaria incorporando a las cooperativas de ahorro y préstamo, el gravamen formalizará cada vez más la economía, ya que va a permitir al Ministerio de Hacienda realizar un control cruzado. Solo quienes tienen algo o mucho que ocultar pueden oponerse a la transparencia del IVA, que va a permitir un mayor control por parte de los asociados y del fisco. Como ocurre en toda transacción bancaria o financiera, el IVA no afectará en última instancia a las cooperativas de ahorro y crédito, sino a los prestatarios, muchos de los cuales, a su vez, podrán descargarlo, porque son pequeños o medianos empresarios.
Por lo demás, el impacto en el bolsillo de los prestatarios será insignificante, como surge del siguiente ejemplo del Ministerio de Hacienda: un crédito de un millón de guaraníes, a doce meses de plazo y con una tasa de interés del 20%, obligará al pago adicional de solo 1.666,7 guaraníes mensuales, dado que el IVA recaerá sobre el interés y no sobre el crédito.
Los mandamases de las cooperativas de ahorro y crédito dirán que esta ilustración es ilusoria y no les faltará razón, pues ellos cobran una tasa de interés superior a la del promedio bancario del 18%, según los registros del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop). Si no quieren ser tildados de hipócritas, quienes invocan a los prestatarios como supuestas víctimas de un pesado gravamen deberían apresurarse a reducir sus desmesuradas tasas de interés.
La aplicación del IVA no implica que el Estado deje de fomentar la empresa cooperativa, tal como lo ordena el art. 113 de la Constitución, ya que ella seguirá exenta de una serie de tributos. Las cooperativas de producción lo saben, y por eso no se han acoplado a una campaña engañosa, que apunta a conservar posiciones de poder de larga data antes que a proteger a los asociados.
El proyecto de ley en cuestión no responde al interés general, sino al de unas camarillas acostumbradas a manejar las cooperativas como si fueran de su propiedad. Debe ser rechazado en nombre del control democrático, de la expansión de la base impositiva y de la formalización de la economía.
Es de esperar que en el plenario de los diputados predomine la cordura para desterrar viejos esquemas que perpetúan privilegios indebidos, opuestos a la transparencia.