Cargando...
Ahora el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el metrobús no llegará hasta el centro de la ciudad de San Lorenzo, como estaba previsto en principio, debido a que la Junta Municipal de esa ciudad revocó su propia resolución del 6 de abril pasado, por la que había ratificado el convenio firmado por la Intendencia Municipal con el MOPC, según el cual, la línea del metrobús iría a pasar por la calle Julia Miranda Cueto de Estigarribia. Concomitantemente, con esa resolución los concejales dejan sin efecto la construcción del mercado modelo previsto para albergar a mesiteros de la calle de referencia. “El MOPC lamenta la decisión tomada por la Junta Municipal de San Lorenzo, debido a que deja sin efecto estudios y trabajos realizados desde el 2009 que darían una solución vial y urbanística al problema que hoy se presenta en el centro de la Comuna sanlorenzana”, expresa el comunicado del MOPC.
El repentino cambio de postura de los ediles de la ciudad de San Lorenzo no ha dejado de sorprender a sus habitantes, agradablemente a algunos y desagradablemente a otros. Entre los primeros se cuentan los comerciantes, vendedores callejeros y frentistas. Entre los segundos, los potenciales usuarios del nuevo medio de transporte público que ahora tendrán que tomar un ómnibus para llegar desde el centro de la ciudad hasta la terminal del metrobús, que estaría ubicada sobre la Ruta 2 “Mcal. Estigarribia” a la altura del campus universitario de la UNA.
No faltan quienes especulan que, contrariamente a lo que públicamente manifiesta, la negativa de la Comuna de San Lorenzo le viene como anillo al dedo al MOPC, pues le saca de encima un peso muerto; ahora no tiene que buscar recursos para financiar lo que hubiera sido el primero de los tres tramos en que inicialmente dividió la traza del metrobús, aclarando de paso que solo había dinero suficiente para construir el tramo central –y fácil– del mismo, vale decir, desde el campus universitario de San Lorenzo hasta el mercado de Pettirossi, la única parte viable del famoso proyecto. El tramo final, que se supone debería llegar desde este punto hasta la plazoleta del puerto de Asunción, tampoco tiene presupuesto.
De hecho, la adjudicación conferida a la filial paraguaya de la transnacional portuguesa Mota-Engil Engenharia e Construção solo contempla la construcción del tramo central de la vía del metrobús. Así las cosas, “no hay mal que por bien no venga”, podría parafrasear el viceministro Juan Manuel Cano Fleitas, quien en su oportunidad justificó la insólita decisión del MOPC de construir solamente el tramo intermedio, dejando al aire el inicial y el final, por falta de recursos suficientes para construirlo en su totalidad. Por eso, esta solución por el desastre que representa para los sanlorenzanos la supresión del primer tramo del metrobús es para el MOPC una ganga fortuita o quizá inducida por aproximación indirecta. En tal sentido, no deja de ser el primer zarpazo que dan los impulsores de este negocio inmundo que es el metrobús. Nos esperan muchos más todavía.
Más allá de las protestas de los ciudadanos perjudicados por este emprendimiento vial mal parido y las especulaciones que se tejen en torno al proceso de construcción del mismo, lo concreto es que se trata de un proyecto tramposo, disfrazado de interés social, elucubrado por un perverso entorno de concusionarios empotrados en altos cargos públicos y políticos con representación parlamentaria, con la finalidad primaria de robar al Estado en colusión con empresarios inescrupulosos, siempre listos para estafar al fisco.
El contubernio se gestó con la ascensión al poder del presidente Fernando Lugo, siendo el gestor central el hoy presidente del directorio del PLRA y entonces ministro del MOPC, Efraín Alegre. Con la complicidad de legisladores oficialistas y la presta aquiescencia del representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, Hugo Florez Timorán, se vendió al público la iniciativa del metrobús y de su apéndice, la reconversión del casco urbano histórico adyacente al antiguo puerto de la Capital, edificando en el confinado sitio una media docena de ministerios y otras reparticiones públicas.
La primera señal ominosa de que había gato encerrado en el proyecto se dio con el condicionamiento impuesto por el BID de que el empréstito sería administrado de conformidad con las normativas del banco, no de las leyes paraguayas. Esta leonina cláusula despertó la reticencia de los legisladores no comprometidos con el negociado para aprobar el convenio de préstamo. A tal punto llegó la impaciencia de los timadores por la aprobación del proyecto de ley que no tuvieron escrúpulos para arrear hasta la plaza del Congreso a incautos estudiantes de un colegio secundario de Fernando de la Mora para hacer demostración a favor de la aprobación del préstamo para el metrobús. Finalmente quedó aprobado el crédito de US$ 125 millones, más un adicional de US$ 19 millones aportados por una filial financiera de la OPEP y la contrapartida local de US$ 16 millones.
Pronto afloró otra punta del sumergido iceberg de la estafa programada. Aún antes de que el Congreso aprobara el convenio de préstamo, el flamante nuevo representante del BID en nuestro país, el señor Eduardo Almeida, campantemente autorizó al ministro Efraín Alegre a gastar discrecionalmente US$ 4,5 millones del crédito para supuestos arreglos urbanísticos en el barrio San Jerónimo. Al tanto de la conspiración crematística inserta dentro del proyecto metrobús, como candidato a la Presidencia, el presidente Horacio Cartes se mostró contrario a la implementación del mismo. Pero tan pronto asumió el gobierno se convirtió en el más fanático propulsor del proyecto, por intermedio de su ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, hasta el punto de reconfirmar en el cargo al coordinador original de la iniciativa, el ingeniero Tomás Rivarola.
Estas tantas idas y vueltas que van surgiendo nos confirman el convencimiento de que estamos frente a un emprendimiento chapuceramente concebido, con muchas incógnitas que no están debidamente aclaradas, por lo que nuestro diario se reafirma en la penosa convicción de que este descabellado proyecto del metrobús no es otra cosa sino una estafa programada por una claque de timadores políticos dispuestos a mamar de las ubres del Estado a un costo que nadie sabe a cuánto llegará.
Los ciudadanos y las ciudadanas tienen nombres y apellidos de los responsables de este malhadado proyecto, y además de exigirles, donde corresponda, que rindan cuentas por sus actos, deben anotar sus nombres y negarles sus votos en próximas elecciones.