Apremiados por el tiempo o, tal vez, sabedores de los verdaderos planes de Horacio Cartes, los adulones de siempre ya están proclamando abiertamente la necesidad de que se permita la reelección presidencial. Desde luego, tienen todo el derecho del mundo a expresar sus opiniones en tal sentido. Lo malo es que se aprovechan de actos oficiales, tales como inauguraciones de obras realizadas con dinero del contribuyente, y con funcionarios que llegaron a los lugares respectivos con vehículos y combustibles del Estado, para desplegar su descarado proselitismo en favor de una causa que interesa solo a un sector político.
En los últimos días, al menos tres ministros: el de Defensa, Diógenes Martínez; el de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Baruja; y el de Salud Pública, Antonio Barrios, y otros funcionarios coincidieron en que para asegurar un Paraguay con futuro promisorio era imprescindible que el actual presidente, Horacio Cartes, continúe en el cargo. Y no solamente por cinco años más, sino toda una década adicional en el poder. Por supuesto, para ello es imprescindible encontrar algún atajo para consagrar la reelección, hasta ahora prohibida por la Constitución Nacional.
El interés personalísimo que los proponentes tienen en la cuestión es bastante comprensible, ya que de esa forma también ellos estarían asegurando su continuidad.
El ministro Baruja aprovechó para el proselitismo el acto de entrega de 620 viviendas construidas en el departamento de Canindeyú, donde instó a los presentes a que recen con el fin de que el Presidente de la República siga en el cargo “por muchos años más”. Es decir, convirtió atrevidamente la ceremonia oficial en un mitin para lanzar una arenga en pro de la reelección de una persona que ha negado más de una vez tener tal pretensión. El ministro puede decir lo que se le ocurra al respecto en un encuentro partidario o a través de los medios de comunicación, pero no cuando una entidad pública, como la Senavitat, monta un escenario para divulgar lo que ha hecho con el dinero de los contribuyentes, incluidos aquellos que se oponen a la reelección presidencial.
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La exhortación fue reiterada por el diputado colorado Tadeo Rojas en la habilitación oficial de la Expo Frutilla 2016, en Areguá, oportunidad en la cual los productores recibieron sistemas de riego proveídos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El intendente aregüeño, Humberto Denis, no llegó a tanto, pero sí pidió al presidente Cartes, allí presente, que gobierne durante diez años más. También aquí se desvirtuó un acto oficial, preparado por la Municipalidad de Areguá, la Senatur y los productores de frutilla, para convertirlo en una reunión política en la que se propugnó una determinada postura con relación a un controvertido tema. Como para montar el evento y entregar ciertos equipos se empleó el dinero público, resulta que también en este caso los ciudadanos contrarios a la reelección del actual mandatario contribuyeron para que se difunda una posición diferente a la suya. De haber asistido a la ceremonia, a la que por cierto no fue invitado –lo que revela la repugnante politización del acto–, el gobernador liberal del departamento Central, Blas Lanzoni, habría hecho muy mal si hubiese pronunciado un discurso criticando la eventualidad de la reelección presidencial.
Por su parte, el ministro Barrios acaba de sostener, durante la habilitación de mejoras en el hospital regional de Pilar y con la presencia del adulado, que para seguir avanzando es necesario que Horacio Cartes siga siendo presidente por diez años más. En la misma ocasión, el titular del Partido Colorado, diputado Pedro Alliana, tuvo la osadía de criticar a los opositores, en abierta falta de respeto a los ciudadanos de otras creencias políticas asistentes al acto.
A este paso, es de esperar que situaciones aberrantes como las referidas se multipliquen en los próximos meses. Es impensable esperar que el presidente Cartes exija a sus ministros y funcionarios que pongan fin a esta irregularidad, pues si en su presencia se vienen repitiendo tales adulonerías y abusos, es porque cuentan con su complacencia y bendición.
La ley prohíbe la realización de actos políticos proselitistas en las oficinas públicas. Por extensión, debe entenderse que tampoco los actos oficiales deben ser utilizados para el efecto.
Es increíble que el presidente que hoy permite tales arbitrariedades sea el mismo que, apenas a principios de febrero de este año, tras un acto realizado en Limpio, decía: “Por qué hablar de reelección si la Constitución no nos permite. La Constitución no permite a ningún paraguayo ser reelecto, no me permite a mí ni a nadie”. El Primer Mandatario inclusive pidió “parar de hablar de algo que no está permitido”, y agregó: “Si vamos a gastar tiempo en eso, estaremos deshonrando nuestro compromiso asumido”.
Pues bien, es él mismo quien ahora está “deshonrando” su compromiso al permitir que en su presencia, en actos oficiales, se repita la misma cantinela de que él sea una suerte de único predestinado que puede conducir al Paraguay por la senda del progreso y, por lo menos, por unos diez años más.
Si ahora ya está recurriendo a actos y recursos públicos para realizar una solapada campaña proselitista, con mayor razón puede esperarse que si es habilitado para pugnar por un nuevo periodo presidencial, recurrirá a todo el aparato estatal para conseguir su objetivo.
Los ciudadanos y las ciudadanas deben hacer oír su voz contra quienes abusan de sus cargos y de los recursos que pertenecen a todo el pueblo paraguayo en pos de intereses partidarios y personales.