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El informe preparado para la Cámara de Senadores por la Comisión Especial de Seguimiento al Acta de Entendimiento sobre Yacyretá, presidida por el senador Miguel Abdón Saguier, sostiene con toda razón que ningún nuevo proyecto hidroeléctrico con Argentina sobre el río Paraná puede ser llevado a cabo sin antes alcanzar un completo arreglo sobre todo lo reclamado por el Paraguay con relación a sus intereses comprometidos en el emprendimiento hidroenergético binacional dentro del marco del pertinente Tratado y que aún no han sido compensados debidamente conforme al acuerdo de referencia. Añade que “el inicio de las obras en el brazo Aña Cua del río Paraná sin pasar por el Congreso es enteramente ilegal e inconstitucional, ya que requiere ratificación parlamentaria por tratarse de una modificación del Anexo B del Tratado de Yacyretá”.
Al respecto, el informe en cuestión sostiene que el mencionado proyecto, cuya implementación fue acordada en el marco del Acta de Entendimiento firmada por los presidentes Mauricio Macri y Horacio Cartes en mayo pasado, es claramente inconstitucional, por haber sido ella negociada sobre la base de la Nota Reversal del 9 de enero de 1992 (RN/92), rechazada por el Congreso Nacional y, por consiguiente, viciada de nulidad, por lo que la licitación internacional con miras a su construcción lanzada recientemente por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) carece de legalidad y debe ser anulada sin más trámite.
El informe concluye destacando que, así como ha sido acordada, el Acta de Entendimiento no es equitativa en términos de un trato comercial justo, pues todas las ventajas son para la Argentina y ninguna para nuestro país. La que más necesita electricidad es Argentina, y la opción más barata en costo y tiempo que tiene a su alcance es potenciar la central de la EBY en vez de recurrir a la construcción de centrales térmicas y/o atómicas. Nuestro país, en cambio, de conformidad con el índice de crecimiento del consumo eléctrico nacional, tiene asegurado su abastecimiento hasta el 2030, lo que implica que al menos durante una década los Gobiernos de turno no tendrán necesidad de invertir recursos en ese menester, sino más bien en educación, salud, infraestructura y otras necesidades básicas de la población.
¿Por qué, entonces, tenemos que hacerlo ahora? Si lo hacemos –como lo pretende el Gobierno del presidente Horacio Cartes– será exclusivamente por altruismo, con la finalidad de darle graciosamente una mano a la Argentina para superar el agudo déficit energético que la acogota.
¿A cambio de qué? ¿A cambio de una nueva prórroga de las compensaciones a que, según el Tratado, nuestro país tiene derecho por los perjuicios ambientales y de infraestructuras ocasionados por el embalse de la represa, así como de la libre disponibilidad de la mitad de la electricidad generada en la usina binacional y la administración paritaria de la misma?
A estar por los términos del acuerdo Macri-Cartes, el Paraguay no solo va a posibilitarle gratis a la Argentina disponer de más electricidad en Yacyretá, sino que lo va a hacer asumiendo la mitad de los más de US$ 4.000 millones que el Estado argentino le debe a la entidad binacional, por más del 95 por ciento de la electricidad retirada de la central desde la entrada en operación de su primera turbina hasta la fecha. La pregunta de la ciudadanía que el presidente Cartes debe responder es: ¿Por qué los consumidores paraguayos tienen que subsidiar a los consumidores argentinos el 50 por ciento del costo de su consumo de electricidad?
Ese es el más pesado e injusto fardo que el presidente Cartes pretende cargar sobre las espaldas del esforzado consumidor paraguayo, durante toda una generación. Campantemente, por no tener valor o capacidad personal para exigir que las cuentas de la entidad sean hechas de conformidad con la métrica establecida en el numeral IX del Anexo C del Tratado.
Más allá de la metáfora del gato encerrado, aplicable a este nuevo leonino acuerdo entre ambos presidentes, el mismo es absolutamente inaceptable para el pueblo paraguayo, moral, legal y constitucionalmente. Es más, convierte al presidente Cartes en reo de alta traición a la Patria; un delito de por sí imprescriptible, esté o no contemplado en la Constitución.
Obviamente, el Senado de la República, como cámara representativa del pueblo soberano, tiene la obligación de hacer suya la posición asumida por la Comisión Especial de Seguimiento que conformara para analizar los términos y alcances legales y constitucionales del Acta de Entendimiento Macri-Cartes, rechazando in limine de inmediato la nota reversal que formaliza el acuerdo de referencia. Por su parte, la opinión pública paraguaya no debe considerar que el rechazo de este perjudicial acuerdo con la Argentina en Yacyretá sea el fin de la inquietud ciudadana en aras de un trato más justo en las usinas binacionales. En el mejor de los casos, es el fin de un comienzo, porque, con seguridad, vendrán otras argucias para tratar de concretar tan antipatrióticas entregas de los legítimos intereses nacionales.
Pese a ser un socio geopolíticamente indispensable para Argentina y Brasil en las usinas binacionales, nadie puede negarse a reconocer el derecho que tienen ambos países de priorizar sus intereses, siempre y cuando estos no afecten los nuestros. Por tanto, los ciudadanos y las ciudadanas deben movilizarse para reclamar que el Paraguay sea tratado como lo que es, como socio, no como un lacayo o un cliente menesteroso, como lo viene siendo hasta ahora.