Cargando...
Desde su mismo comienzo, el proyecto Metrobús viene llamando la atención de la ciudadanía por su tortuosa trayectoria de indefiniciones, contradicciones, cambios y recambios de su proyecto de ingeniería, del sistema de propulsión de su material rodante (buses movidos a electricidad o diésel), del itinerario de arranque en el centro de la ciudad de San Lorenzo, y ahora de su traza final desde la calle General Aquino hasta la plazoleta del antiguo puerto de Asunción.
Esta desprolija hoja de ruta del proyecto que, supuestamente, pretende dar solución al crítico problema del transporte público de pasajeros desde la periferia del Área Metropolitana hasta el centro histórico de la ciudad capital refleja con meridiana claridad los entretelones de una estafa programada por partida doble por un grupo de políticos corruptos de todos los colores, y concusionarios de nuevo cuño catapultados a los altos cargos del Estado. Estafa intelectual a la buena fe de la ciudadanía, ansiosa de contar con un mejor servicio público de transporte urbano, y estafa económica contra las arcas del Estado.
Sus impulsores, para asegurarse discrecionalidad “legal” en el manejo del dinero destinado a la financiación del proyecto obtenido mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), renunciando a la soberanía del país y maniobra burocrática mediante, se cuidaron muy bien de que el mismo fuera “administrado” según la normativa del banco en vez de serlo de conformidad con las leyes paraguayas, como correspondía y corresponde. Esta fue la primera señal sospechosa de que algo se estaba tramando en complicidad con funcionarios del BID, y que en el emprendimiento de marras había gato encerrado. Esta fuerte sospecha causó que en un comienzo hasta los legisladores no comprometidos en el contubernio retacearan la aprobación del crédito; aunque a la postre el mismo fue aprobado.
Todos creían que, aprobado el crédito, el proyecto –como lo proclamaban a los cuatro vientos sus impulsores– sería inmediatamente puesto en marcha, y que en menos de dos años el público usuario estaría usufructuando un cómodo servicio de transporte con buses movidos con energía eléctrica en vez del diésel contaminante, conforme al borrador del proyecto presentado al banco para la obtención del crédito y la aprobación parlamentaria correspondiente. Pero, ¡oh sorpresa!, hete aquí que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones –ya bajo el gobierno de Horacio Cartes– anuncian que al final el material rodante del proyecto no se movería con electricidad, sino con diésel.
Tras largos meses de puro ensalce retórico de las supuestas bondades del proyecto, al fin quedó definido el itinerario que seguiría la traza del mismo, desde el centro de la ciudad de San Lorenzo hasta el puerto de Asunción. Sin embargo, poco tiempo después, el viceministro de Obras, ingeniero Juan Manuel Cano Fleitas, anunció una licitación pero ya solo del tramo central de la línea, el fácil, el que está hecho, desde la entrada al campus de la UNA en San Lorenzo hasta la calle Gral. Aquino: es decir, la ancha avenida Eusebio Ayala.
La explicación dada por el alto funcionario fue que tal decisión fue tomada fundamentalmente por la indefinición de las autoridades municipales de San Lorenzo acerca del itinerario por el que correría el metrobús en el centro de la ciudad. Es decir, que el BID dio 120 millones de dólares sin saber siquiera por dónde circularían los buses, ni las obras y expropiaciones que serán necesarias. ¿Qué clase de banco es el que da dinero en estas condiciones? Uno al que lo único que le importa es colocar dinero en un país, cobrar intereses y conseguirle trabajo a la bandada de consultores, asesores y otros profesionales que tiene en su plantilla. Indignante.
Como se sabe, tras el correspondiente llamado a licitación, el tramo central de referencia fue adjudicado al conglomerado empresarial portugués Mota-Engil Engenharia e Construçao SA, la que compró la mayoría accionaria de la empresa paraguaya de construcción Ocho A, del ingeniero Luis Pettengill, que es la que efectivamente se encargará de los trabajos de construcción que arrancarán en noviembre, según lo anunció el gerente general del proyecto, Santiago de Filippis, y cuyo costo es de US$ 52 millones.
Sorpresivamente, ahora el MOPC anuncia que en 30 días más licitará el tramo final que correrá por el centro de Asunción siguiendo las calles Pettirossi, Herrera, Víctor Haedo, Don Bosco y la avenida Stella Maris hasta la terminal en el antiguo puerto, en una extensión total de 5 kilómetros. Lo que quiere decir que no pasará por la calle Presidente Franco, como se anunció en su oportunidad.
Es increíble que, a estas alturas, estos vaivenes continúen ocurriendo y que el BID haya aprobado un “proyecto” así de irregular, que no tenía nada definido sobre el componente más importante: el recorrido a seguir por el metrobús. Por eso, con todas estas vueltas y revueltas, idas y venidas, solo cabe pensar que se tramitó el crédito con base en un estudio trucho, probablemente hecho así adrede, porque es de esa forma que luego llegan –como están llegando– las correcciones, ampliaciones y reprogramaciones, con sus correspondientes “reajustes” del presupuesto original –que seguro ya están siendo “estudiados”– a los que nos tienen tan acostumbrados la gavilla de empresarios corruptos y sus cómplices en la administración del Estado, y, por qué no, en los entes internacionales que conceden los créditos.
Es la forma tradicional de robar al Estado con las obras públicas. Se hace adrede un proyecto chapuceramente, para que al final la obra cueste mucho más de lo presupuestado originalmente, para beneficio de quienes medran a costa del dinero del pueblo contribuyente.