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El Convenio de Cooperación y Coordinación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Administración Nacional de Navegación y Puertos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, para la construcción de oficinas del Gobierno como parte de la implementación del Plan Maestro para la reconversión del puerto de Asunción, está destinado a pasar a la historia de los infortunios del Paraguay como la estafa del siglo, como lo fue la arrebatiña por los miles de millones de dólares de Itaipú y Yacyretá que, en vez de ingresar a las arcas del Estado, fueron a parar a los bolsillos del dictador Alfredo Stroessner y sus adláteres. O como los tres millones de libras esterlinas de los infortunadamente célebres empréstitos de Londres negociados por el gobierno del presidente Salvador Jovellanos en 1871-1872, de los que apenas llegaron al país unas 450.000 libras esterlinas, de las que prestamente se apropiaron los políticos de turno, sin que ingresara al fisco una sola libra.
Este proyecto de reconversión urbana del casco histórico de la ciudad, elaborado por un arquitecto argentino –vergonzoso para los arquitectos paraguayos– a instancias de un grupo de interés ligado a sectores políticos de todos los colores, que visa implementar un desarrollo inmobiliario brutal en las 25 hectáreas de terreno que tiene el puerto de Asunción es un disparate total. Los encargados de implementar el proyecto piensan concentrar allí un montón de oficinas públicas que podrían albergar en su conjunto unos 30.000 empleados, cantidad de gente comparable a la que tiene actualmente el emblemático edificio del Pentágono, ubicado en las adyacencias de Washington, la capital de los Estados Unidos de América. En realidad, antes que una obra de gobierno destinada a beneficiar al fisco y a la ciudadanía, se trata más bien de una gran piñata alrededor de la cual están agrupados políticos en la cresta de la ola: colorados, liberales, luguistas y bolivarianos, prestos a repartirse en los próximos años cientos de millones de dólares a como dé lugar.
De conformidad con el proyecto urbanístico de referencia, que supuestamente forma parte del plan de reconversión del casco histórico de la ciudad de Asunción, ligado al polémico proyecto del metrobús, para cuyo financiamiento se obtuvieron empréstitos de organismos financieros internacionales, el Gobierno piensa concentrar en ese confinado sitio los puestos de trabajo de decenas de miles de empleados públicos que actualmente se encuentran dispersos en diversos puntos de la ciudad capital. Si ya actualmente esa enorme cantidad de gente que diariamente debe trasladarse hasta sus puestos de trabajo en el centro de la ciudad se ve en figurillas para llegar a tiempo hasta los mismos por falta de medios de transporte público suficiente y de espacio para estacionar sus vehículos aquellos que disponen de un medio de transporte propio, ¿cómo harían para concentrarse en esa reducida “cabecera de playa” que constituye el área del expuerto de la capital?
Lo único que razonablemente cabe pensar es que se trata de otro disparate más muy propio de los políticos que ven en el asunto una formidable mina de enriquecimiento por muchos años. El factor preponderante de decisión que debe llevar a descartar el atolondrado proyecto debe ser la falta de vías de acceso terrestre al sitio, mismo con la ilusa estación terminal del metrobús en el lugar y la habilitación de áreas de aparcamiento de automóviles. Ni siquiera el publicitado proyecto del tren de cercanía resolverá el problema del cuello de botella al que tienen que converger todos los medios de transporte para llegar al sitio, excepto por el río, obviamente. Tales servicios serán absolutamente insuficientes para los propios empleados públicos que tengan que trabajar en el lugar. Ni qué decir del público que debe acudir a las reparticiones del Estado allí enclavadas para realizar gestiones burocráticas.
Los interesados en gastar a como dé lugar el dinero obtenido por el Estado mediante endeudamiento público creciente buscan avalar la implementación del desubicado proyecto trayendo a colación correlaciones absurdas, tales como el célebre caso del boom inmobiliario residencial-comercial de Puerto Madero, en Buenos Aires, que nada tiene que ver con este brulote inmobiliario que impulsa este Gobierno. Tanto la realidad geográfica de ubicación zonal urbana como los medios de transporte público de pasajeros que tiene la capital argentina son completamente distintos a los de la plazoleta del puerto.
En todos los países, las grandes ciudades buscan preservar sus sitios históricos, conservando intactos sus edificios antiguos más emblemáticos, o hermoseándolos con parques y áreas de recreo público a cielo abierto. Pocas son las ciudades que pueden citarse como ejemplos de haber “modernizado” sus sitios históricos primigenios. Si no, véase Cinelandia o la Plaza Mauá, en el corazón de la ciudad de Río de Janeiro, La Boca, en Buenos Aires, o Franch Quartiers, en Nueva Orleans, Estados Unidos, por citar algunos lugares bien conocidos en nuestro hemisferio.
En cuanto a la concentración de los edificios públicos en un determinado sitio para facilitar la atención a la gente, generalmente se los construye más bien en las periferias de la ciudad, de modo a facilitar los servicios de las reparticiones públicas y el acceso de la gente al sitio. Exactamente lo contrario de lo que el Gobierno planea hacer en breve en la arrinconada plazoleta del puerto. Esta es una razón de mucho peso para descartar por inadecuado el uso que el Gobierno pretende darle al sitio histórico en cuestión.
Lo que el Gobierno debiera hacer, más bien, es hermosear el sitio mediante parques y jardines, preservando de paso las reliquias históricas que valgan la pena. Para ello no será necesario que se gaste dinero público expropiando manzanas enteras de propiedad privada, como al parecer está previsto en el plan elaborado por el arquitecto argentino a que hemos hecho referencia más arriba.
Ya es tiempo de poner fin a los proyectos insensatos que solo sirven para esquilmar aún más al pueblo contribuyente, y los electores deben estar preparados para darles su merecido a los gobernantes que despilfarran los fondos públicos en megaproyectos como este, similar en su concepción y en sus futuros resultados pero mucho más costoso que las ruinas del complejo abandonado del IPS en Mariano Roque Alonso.