Como siempre, la festividad de la Virgen de Caacupé es una excelente ocasión para que la Iglesia Católica, como una suerte de conciencia moral de la nación, siente posturas sobre diversos asuntos que afectan a la sociedad toda. Si ella sigue teniendo tanto predicamento en nuestro país es porque sus clérigos saben percibir las inquietudes de la población y brindar orientaciones valiosas tanto a los gobernantes como a los gobernados.
Este año, el novenario se abrió con una homilía en la que el obispo del Vicariato del Chaco, Mons. Gabriel Escobar, destacó los “nuevos vientos de cambio para vencer la injusticia” que estarían soplando, aludiendo así a ciertas intervenciones fiscales, judiciales y políticas que, a partir del último 15 de agosto, han afectado a algunos capitostes de antes y de ahora.
En efecto, hoy guarda reclusión el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, acusado de haberse enriquecido ilícitamente. ¿Quién se hubiera imaginado, antes del cambio de Gobierno, que un personaje de esta envergadura llegaría a estar “entre rejas”? Similar pregunta cabría hacerse con respecto al exsenador colorado Óscar González Daher, hoy presidiario procesado por lavado de dinero, entre otros delitos. En este país tampoco resulta normal que, por varios hechos punibles, un juez haya dictado la prisión preventiva de un legislador colorado que responde al sector gobernante, como Ulises Quintana.
Abundando con otro ejemplo, ¿qué decir de lo ocurrido con el nefasto clan esteño de los Zacarías Irún? Ya resulta auspicioso el mero hecho de que el senador Javier Zacarías Irún, su esposa, la intendente Sandra McLeod, y el diputado Justo Zacarías Irún, todos colorados, estén bajo la mira del Ministerio Público por fechorías varias. El trío también sufrió un duro golpe político cuando la Cámara Baja dispuso, por holgada mayoría, que sea intervenida la Municipalidad que estuvo en sus manos durante largos años.
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Parece claro que, en cierta medida, el Ministerio Público y algunos jueces se han vuelto de pronto más diligentes a la hora de cumplir con sus respectivas funciones. Ahora bien, es de esperar que los “nuevos vientos” que Mons. Escobar cree sentir soplen realmente en todas las direcciones con la misma fuerza, y no solamente hacia sectores que están “molestando” a los nuevos dueños del poder, para que quienes caigan en desgracia sean utilizados como “chivos expiatorios” y así dar a la ciudadanía la impresión de que se están combatiendo con energía la delincuencia y la corrupción de todo tipo.
En efecto, la persecución penal no debe ser selectiva, sino alcanzar también a los allegados al actual Gobierno, siempre que haya méritos suficientes para ello. Ni la Fiscalía General del Estado ni la judicatura deben discriminar, para decirlo con todas las letras, entre “abdistas” y “cartistas”. Lo que debería resultar obvio, no lo es en un país en el que la ley solo suele aplicarse al enemigo, pese a que su Constitución dice que se trata de un “Estado Social de Derecho”. Todos aquellos que han delinquido al ejercer un cargo público bajo cualquier Gobierno deben sufrir el rigor del Código Penal. Pero no solo ellos, sino además los amigos de los nuevos jerarcas que, por ejemplo, hayan incurrido en el delito de lavado de dinero, si al cabo de una investigación que debe realizarse con la celeridad debida, son acusados, procesados y condenados por jueces independientes. En otras palabras, es inadmisible, por ejemplo, que la pesquisa abierta con relación a amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, continúe paralizada y no haya concluido al cabo de cuatro años.
Algunos cuestionados por las fortunas que acumularon a su paso por la función pública, como Nicanor Duarte Frutos y José Alberto Alderete, en vez de ser investigados fueron premiados por el actual Gobierno con las direcciones generales de Yacyretá e Itaipú, respectivamente, que son los “zoquetes” más apetecidos. Si en su momento ambos no fueron procesados fue porque el Ministerio Público cerró los ojos, aunque sus corruptelas hayan sido denunciadas por la Contraloría General de la República o por el “parlasuriano” Nelson Argaña, en el caso de Duarte Frutos. Si en estos dos casos ya caducaron las respectivas acciones penales, no puede decirse lo mismo en relación con el presidente de la Cámara de Diputados, el colorado añetete Miguel Cuevas, exadministrador de Puertos en Paranaguá (“allí gané mucha plata”), que fue denunciado este año ante el Ministerio Público por corrupción, desfalco y mala ejecución del almuerzo escolar, siendo gobernador de Paraguarí, desde 2013 hasta 2018. No se tienen noticias del avance de la investigación.
Todo esto guarda relación con lo que dijo, a su vez, el obispo diocesano de Caacupé, Mons. Ricardo Valenzuela, en la última misa dominical, que no habrá paz en nuestra sociedad mientras subsista la impunidad. En verdad, la irritante sensación de injusticia que ella genera, al evidenciar que la ley no es igual para todos, es un caldo de cultivo para la violencia, individual y colectiva. Nadie ignora que esa iniquidad deriva menos de la ineficacia del Ministerio Público y del Poder Judicial que del tradicional sometimiento de estos organismos a los “manguruyuses” y sus protegidos. De hecho, en semejante estado de cosas impera la ley del más fuerte, o sea, la de quien tiene el poder político y económico suficiente para condicionar el desempeño de los agentes fiscales y de los jueces.
Mons. Escobar repitió una verdad ya conocida, la de que “la Justicia es rápida cuando se trata de gente pobre (...) en tanto que nadie se preocupa por los grandes robos que llegan a perjudicar a todo un país: robos en salud, en educación, etc.”. Esos ladrones deben ser penados, sin importar en absoluto el sector político al que pertenezcan, sin proteger a ningún delincuente, del pelaje que sea.
En verdad, es plausible lo que se está viendo en estos primeros meses de la nueva administración gubernamental, pero es de esperar que los “nuevos vientos” hagan sentir la vara de la Justicia en todas las direcciones.