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El empecinamiento del presidente Horacio Cartes por convertirse en senador titular –rechazando ser vitalicio como prescribe la Constitución– aparece como el capricho de un “figureti”, como sucedió con Nicanor Duarte Frutos hace algunos años. Sin embargo, esto no conduce el análisis a la profundidad debida acerca de lo que podría estar ocurriendo.
No se trata solo de la inmunidad que dan los fueros, porque a los senadores vitalicios también les alcanza esta coraza contra la justicia, aunque para algunos constitucionalistas ello no corresponde. Sin embargo, hay otro beneficio importante que podría estar en juego. Algo demasiado valioso para Cartes como para valerle la pena tener que pisotear la Constitución y, para lograr esto impunemente, tener que movilizar a su favor a todos los incondicionales y obsecuentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Justicia Electoral.
El objetivo de este empecinamiento podría tener una justificación que compense el riesgo que corre: el derecho al voto en la Cámara de Senadores. Es decir, como los senadores vitalicios tienen fuero pero no capacidad de influir en los resultados de las votaciones, la dignidad constitucional que se les confiere pasa a carecer para ellos de todo valor político.
Lo que Horacio Cartes podría no estar deseando –al igual que Nicanor Duarte Frutos, en su momento– es pasar de ser el mandamás del país al “mandamenos” de una Cámara; un senador “florero”, como suele decirse. Un senador cuya voz no tendrá eco y cuya posición no le importará a nadie; cuya opinión, al no poder convertirse en voto, no tendrá valor político ni monetario; es decir, no podrá ser negociado. Teniendo este argumento en cuenta sí se entiende la pertinacia de Cartes y Duarte Frutos.
Hay que imaginar a ambos con las manos atadas, sin influencia sobre la justicia, sin participar en las decisiones sobre nombramientos. No podrán ni siquiera inclinar balanzas en asuntos donde circulan muchos recursos, como la construcción de un hospital, de una ruta, de obras como la hidrovía, de leyes fundamentales. Aunque, nada de esto podría interesarles tanto como el poder de manejar a magistrados, jueces y fiscales, porque aquí es donde radica la fuerza principal de los parlamentarios en nuestro país, en especial la de los senadores.
Políticamente hablando, el arma más mortífera del parlamentario paraguayo corrupto es su voto. Este puede ser prometido y traicionado, vendido o permutado, entregado a cuenta de mayor valor o ser de cumplimiento diferido. Su precio en ciertas ocasiones se vuelve incalculable. Vale la pena reproducir lo que dijo el senador y candidato presidencial colorado, Mario Abdo Benítez, en ocasión de aprobarse en el Senado la ampliación de la concesión de la Ruta 7 al consorcio Tape Porã: “De repente, cuando uno sale del Senado, sale con tanta frustración. Parecía un prostíbulo y no un Senado de la Nación, donde la gente vendía su voto”. Y agregó que “...la fuerza que tiene hoy el dinero en la política es algo impresionante”. Por eso, políticos como Cartes y Duarte Frutos se afanan tanto en su empeño, convirtiéndose en personas capaces de ignorar las leyes más claras y atropellar las instituciones de la república.
Al presidente Cartes, particularmente, le resulta vital mantener su influencia sobre la Justicia y el Ministerio Público, porque constituyen su talón de Aquiles. En el futuro, cuando ya no tenga poder político –si no es senador con voz y voto–, no contará con la complicidad de fiscales eunucos, jueces timoratos y magistrados vendidos, como tiene hoy. ¿Quién le asegura que después, una vez en la llanura, no saldrán algunos de estos a querer procesarlo por alguna trapisonda, o por los muchos fatos perpetrados bajo su Gobierno?
Este es un riesgo que ningún expresidente quiere correr; más aun teniendo ante la vista la suerte que tuvieron o están teniendo excolegas como Alberto Fujimori, Cristina de Kirchner, Fernando de la Rúa, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Morales Bermúdez, Ricardo Martinelli y tantos otros que fueron o están procesados por la Justicia de sus países, y muchos de ellos enviados a la cárcel.
De modo que las pretensiones de Horacio Cartes, su reiterado y tenaz empeño en violar los mandatos constitucionales y forzar una situación jurídica irregular, pese a quien pese, podría tener por principal objetivo crear a su alrededor una coraza de protección, para lo cual requerirá tener suficiente influencia sobre las instituciones que intervienen en la administración de Justicia.
Con el derecho a voto que le otorgaría el carácter de senador titular –si logra conseguir su objetivo actual–, cree Cartes que podrá seguir manejando a los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público y zafarse de cualquier eventual “apriete” futuro; en otras palabras, obtener el privilegio de la impunidad.
En nuestro país, la experiencia política enseña que, pese a su notoria inconducta y a hechos extremadamente llamativos, como el enriquecimiento extraordinario que en cortísimo tiempo les produjo el cargo público, ningún político importante fue llevado ante los tribunales, o, si lo fue, el episodio se agotó en la mera formalidad. Esto mismo ocurría en toda nuestra América, pero las cosas están cambiando aceleradamente en varios países, y esa corriente moralizadora no ha de tardar en llegar también al Paraguay. En ese caso, el presidente Horacio Cartes no debería sentir tanto temor de retornar a la llanura política si su conducta como administrador público fue impecable.
Pero como la Justicia sometida que tenemos ya ha fallado a favor de la descabellada pretensión de Cartes y Duarte Frutos en dos instancias, y como la Corte Suprema demostró cobardía y obsecuencia en una ocasión similar anterior, es muy probable que estos ambiciosos empedernidos se salgan con la suya. Por tanto, los ciudadanos y las ciudadanas deben prepararse para expresarles públicamente con firmeza y perseverancia todo su repudio, a ellos y a los magistrados timoratos y complacientes que les venden sus fallos.