Los diputados integraron ayer la comisión que dictaminará sobre el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, que fue aprobado por la Junta Municipal el 2 de octubre y tuvo entrada en la Cámara dos semanas más tarde. Pudieron sencillamente haberlo derivado a la comisión asesora permanente de Asuntos Municipales y Departamentales, pero prefirieron dar largas al asunto como si los pobladores de la capital del Alto Paraná no necesitaran que se ponga fin cuanto antes a la grave crisis causada por los desmanejos de la intendenta colorada Sandra McLeod de Zacarías Irún.
La presunta malversación de más de 36.000 millones de guaraníes que le atribuye la mayoría absoluta de los concejales es muy buen motivo para que un interventor audite el empleo del dinero público durante no más de noventa días e informe luego sobre sus hallazgos, tal como lo dispone el art. 165 de la Constitución.
De hecho, el interventor no estará solo en dicha urgente tarea, pues la jefa de la administración municipal ya está siendo investigada por el Ministerio Público por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, junto con su esposo Javier Zacarías Irún y su cuñado Justo, ambos legisladores colorados. Es de esperar que los documentos sobre licitaciones retirados por agentes fiscales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, así como los incautados durante el allanamiento de la sede municipal, brinden elementos de juicio para evaluar la honestidad, o no, de la gestión de Sandra McLeod durante los últimos ocho años. La intervención que llegue a disponerse deberá tener acceso a dichos escritos que nunca habrán sido revisados detenidamente por el servicial Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, encargado para el efecto por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad promovida por la intendenta esteña para impedir la intervención de la Contraloría General de la República. ¿Qué razones tuvo la misma para temer la acción del organismo contralor?
Por de pronto, se advierte que la intendenta está muy inquieta, como si tuviera mucho que ocultar. Si los papeles están en orden, si no incurrió en desvíos de fondos públicos ni pagó más de lo debido, entre otras corruptelas habituales en la función pública, debería estar muy tranquila. Es más, hasta debería instar a los diputados a que apliquen el citado art. 165 de la Constitución, en la certidumbre de que su desempeño ha sido impecable y que, en consecuencia, el informe resultante de la intervención solo podría ser elogioso. Pero no: está muy inquieta y haciendo todo lo posible para impedir la auditoría, recurriendo hasta a la ilegal movilización de funcionarios de la Municipalidad, incluso los del Centro Educativo y de la Escuela de Artes y Oficios, para manifestarse en su defensa ante el Congreso, en horas de trabajo, lo que la retrata de cuerpo entero. Ya los venía utilizando para que agredan en las calles a quienes repudiaban pacíficamente su calamitosa gestión.
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Ahora los trasladó a la capital del país, seguramente con dinero público, para que apoyen a una intendenta y, por extensión, a un clan que ha venido castigando a los altoparanaenses con una codicia desenfrenada.
Ante tanto esfuerzo por poner el palo en la rueda de la intervención, puede pensarse que la Municipalidad de Ciudad del Este habría jugado un papel de singular relevancia en el enriquecimiento de los Zacarías Irún. Debe recordarse que su líder –Javier– fue intendente desde 2001 hasta 2007, siendo reemplazado ese año por su cónyuge. Es decir, la administración municipal está en manos del matrimonio desde hace diecisiete años, tiempo suficiente para que haya podido convertirse en un feudo sin control, atendiendo que solo hace un par de años dejó de contar con la benevolencia de una mayoría de ediles. Esa sospecha se acrecienta día a día a medida que van saliendo más y más bienes acumulados por esa familia, que muy difícilmente se podrían financiar solo con salarios u honorarios profesionales de sus miembros.
Esta cuestión no tiene que ver con los colores ni, en particular, con los conflictos dentro de la ANR, sino con el interés general de que cualquier administración municipal esté libre de toda sospecha. Ese interés es muy superior al que pueda tener un partido o una facción del mismo.
La ciudadanía honesta de todo el país, que no está sujeta a sus órdenes manifiestamente ilegales, como la de convertir a los funcionarios municipales en tropas de choque y en vociferantes aduladores, en horas laborales, tiene derecho a saber si la administración municipal de Ciudad del Este, como la de cualquier otra, está exenta de latrocinios. Por eso, es de esperar que la Cámara Baja disponga la intervención demandada por segunda vez. Los esteños, en particular, merecen ser atendidos para que salgan a la luz las corruptelas que podrían haber cometido la intendenta y su entorno o, dado el caso, para que su “buen nombre” no siga siendo afectado por su propio comportamiento. Los esteños no merecen que su dinero se maneje en una nebulosa.