El senador cartista Víctor Bogado (ANR) fue despojado ayer de su investidura por una abrumadora mayoría de sus pares. Fue otra importante victoria contra la impunidad que ha conseguido la ciudadanía indignada –no ABC Color, como pretende el desfachatado exlegislador–, que ya no está dispuesta a aceptar que las instituciones públicas se conviertan en “aguantaderos” de delincuentes que se mofan de quienes les pagan sus salarios. La mayoría más que absoluta de 35 votos por la destitución y de uno por el rechazo –la del compañero de bancada, también de pésima reputación, Juan Darío Monges– ha de trasmitir la impresión de que todos esos legisladores condenan el accionar de Bogado, cuando que no era ese el caso, pues varios de ellos procuraron hasta último momento dar largas al asunto para que todo quede en el limbo y sea olvidado cuando algún nuevo escándalo aparezca en el ambiente político. El senador Monges dio en el clavo cuando se opuso a que el Congreso eche a un legislador, al sostener que “mañana le puede tocar a cualquiera”. En efecto, todavía hay mucha mugre en ese recinto, de la cual ni siquiera puede decirse que está bajo la alfombra, ya que quienes asaltan la Constitución y las leyes actúan a cara descubierta, con todo desparpajo, considerándose por encima del “común” de los paraguayos, como bien lo graficó el indefendible diputado Carlos Portillo (PLRA).
Es lamentable que Víctor Bogado no vaya a la cárcel porque un tibio Tribunal de Sentencia le impuso una pena irrisoria, pero es auspicioso que, desde ayer, ya no siga representando al pueblo en cuyo perjuicio había urdido una trama cuando presidía la Cámara de Diputados, en 2013. En última instancia, repetimos, su oprobiosa expulsión de la de Senadores fue el resultado del masivo repudio que provocó en la ciudadanía su ruindad demostrada en el juicio que trató de impedir durante cinco años y medio de reiteradas chicanas. Sus desmanes fueron tan evidentes, como lo demuestra la más reciente publicación de nuestro diario, que se hizo acompañar por su “niñera de oro” Gabriela Quintana –a quien en principio él dijo no conocer– hasta la turística isla de Aruba, todo lo cual hizo que se volviera poco menos que un apestado para sus protectores, quienes le fueron soltando la mano. Esta excursión de la niñera costó a los contribuyentes 12.719.436 guaraníes, suma que incluyó el costo de los pasajes y el viático. A ello debe agregarse que, un año después, la Cámara de Diputados tuvo que desembolsar 3.383.478 guaraníes para otra excursión –con ropaje parlamentario– de la misma señorita a Chile, donde vivía o vive su madre. Pero hay más, cobró un viático de 4.639.950 guaraníes para concurrir a un seminario latinoamericano de “Escuela de Trabajo Social”, realizado durante seis días en la Argentina, todos durante la presidencia en la Cámara Baja de su patrón, Víctor Bogado. Como estos gastos fueron solventados por quienes abonan sus impuestos y se ganan el pan con el sudor de la frente, ellos tienen sobrados motivos para indignarse porque la empleada doméstica cobró a la vez dos salarios públicos, “trabajando” solo en la Cámara presidida por su patrón de entonces. Bogado, inclusive, llegó a otorgarle un certificado de trabajo. Valga el detalle para ilustrar la ralea del defenestrado, a quien la distinción entre el patrimonio público y el privado le importa un bledo.
Más allá del escándalo referido, alienta constatar, desde hace algún tiempo, que vale la pena rebelarse contra la insolencia de los corruptos que emplean cargos electivos para el enriquecimiento ilícito, propio y ajeno. El diputado José María Ibáñez (ANR) –ladrón confeso– tuvo que renunciar a su banca, pese a que sus colegas se negaron a privarle de la investidura. La irritación general causada por los audios sobre tráfico de influencias forzó a dar el mismo paso al exsenador Jorge Oviedo Matto, ante la inminencia de ser alcanzado por la misma medida que sus pares aplicaron a su hoy recluido excolega Óscar González Daher, el primer legislador paraguayo echado por sus pares, el 23 de diciembre de 2017.
Se trata de logros muy importantes, pero, como decimos más arriba, aún hay mucha basura acumulada en el Congreso. Están imputados por delitos varios en el ejercicio de la función pública los diputados Tomás Rivas (ANR), Justo Zacarías Irún (ANR), Carlos Portillo (PLRA) y Teófilo Espínola (PLRA), mientras que está siendo investigado el propio presidente de la Cámara, Miguel Cuevas (ANR). También hay senadores que están en la mira de la Justicia, por hechos punibles derivados de su desempeño en un cargo público. Sobre Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) y Dionisio Amarilla (PLRA) pesan una acusación y una investigación, respectivamente. Por su parte, Javier Zacarías Irún (ANR) soporta una doble imputación.
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Cabe recordar, en fin, que también los “parlasurianos” Enzo Cardozo (PLRA) y Milciades Duré (PLRA) están acusados por delitos cometidos mientras estaban a sueldo de los contribuyentes. El diputado Carlos Núñez Salinas (ANR), a pesar de ser un contrabandista confeso, fue absuelto por la Justicia. Y, cómo olvidar al senador Enrique Bacchetta (ANR), quien siendo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) consideró inocente al diputado Ulises Quintana (ANR), cuando este estaba a cargo de jueces y fiscales, lo que puede entenderse como un virtual tráfico de influencias.
El Palacio Legislativo debe desinfectarse de quienes lo degradan. Es preciso que cada una de las Cámaras del Poder Legislativo se gane el tratamiento de “Honorable”, tan ajeno al que merecen un Víctor Bogado y muchos otros. El pueblo paraguayo que hoy sale a las calles debe estar contento por una nueva batalla ganada, pero no debe desfallecer, porque la guerra contra la corrupción y la impunidad debe continuar para limpiar al país de los indeseables que se han apoderado de los cargos electivos y de las instituciones del Estado.