En caso de que delincan, el presidente y el vicepresidente de la República, los ministros del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, el defensor del Pueblo, el contralor y el subcontralor general de la República y los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral deben ser destituidos mediante un juicio político antes de ser procesados en sede judicial. Para que ello ocurra, los legisladores que cometen un delito deben ser previamente desaforados por una mayoría de dos tercios de la respectiva Cámara. Igual mayoría se requiere para que pierdan su investidura por “el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”. Si quienes delinquen son magistrados judiciales o agentes fiscales, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados “podrá” –la ley ni siquiera dice “debe”– ponerlos a disposición del juez competente, quedando suspendido el enjuiciamiento hasta que recaiga un fallo definitivo en el fuero penal; debe suspenderlos si allí se dictó un auto de prisión o de apertura del juicio. Disposiciones similares rigen para el caso de que dichas altas autoridades desempeñen mal sus funciones, con la exclusión del juicio penal posterior. Es obvio, así, que el mandato de los todopoderosos legisladores no puede ser revocado por dicha causal.
Como se ve, las normas constitucionales y legales otorgan un buen “blindaje”, casi impenetrable, a quienes con frecuencia agreden a la ciudadanía con sus ilicitudes o sus torpezas. Quienes deben ser previamente destituidos al cabo de un juicio político pueden seguir con impunidad en sus puestos si tienen el respaldo parlamentario suficiente hasta para evitar ser acusados por la Cámara Baja. En efecto, si al menos un tercio de los legisladores son tan cobardes, hipócritas y corruptos como quienes impidieron que un ratero confeso fuera expulsado de su banca, los privilegiados de marras seguirán haciendo de las suyas con todo desparpajo. Desde luego, el espíritu de cuerpo o, mejor dicho, la solidaridad entre mafiosos, puede inducir al rechazo de un pedido de desafuero de un diputado o senador delincuente.
Si por casualidad la presión ciudadana es bastante fuerte, el legislador podrá ser desaforado y sometido a proceso, pero en sede judicial interpondrá múltiples chicanas para que jueces genuflexos eviten la apertura del juicio, tal como lo vienen haciendo desde hace años el senador colorado Víctor Bogado y los hoy “parlasurianos” liberales Enzo Cardozo y Milciades Duré, ante la indiferencia culposa de jueces penales de Garantías y de la Corte Suprema de Justicia.
Nadie ignora que tanto en la judicatura como en el Ministerio Público se prevarica y se cajonean denuncias, según el poder político o económico del interesado o afectado. Se dirá que, en tal caso, el Jurado debería intervenir de oficio, pero ocurre que este órgano está integrado por dos ministros de la Corte, cuatro legisladores y dos miembros del Consejo de la Magistratura, que bien podrían ser otro ministro de la Corte y otro senador o diputado. Entonces, quienes deben juzgar el desempeño de los magistrados y de los agentes fiscales pueden ser los mismos que delinquen en la máxima instancia judicial o en el Congreso. Para tener idea de la garantía que pueden ofrecer, basta apuntar que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados llegó a estar presidido por el notorio traficante de influencias Óscar González Daher, colorado, que actuaba según la cara del cliente que requería sus servicios ilícitos, según revelaron los numerosos audios que tuvieron estado público.
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Es evidente, así, que la cofradía que conforman fiscales, jueces y magistrados, junto con sus padrinos políticos los legisladores, cuenta con un blindaje comparable con los mejores alambres de púa, cercas electrificadas y cámaras de monitoreo electrónico que hacen imposible ingresar a la residencia de algún potentado.
Y bien, ante tanta corrupción desembozada y protegida de esa manera, se plantea la pregunta: ¿quién defiende a sus víctimas, es decir, al ciudadano común, a Juan Pueblo? ¿A ese ciudadano que sufre injusticias y abusos y que no es atendido por las autoridades competentes? ¿A esa población que carece de servicios públicos básicos porque el dinero público es malversado o derrochado por sinvergüenzas como el colorado José María Ibáñez? Precisamente, funcionarios de un hospital de Concepción instalaron un pasacalles pidiendo disculpas al pueblo por no darle mejor servicio debido a los robos de dinero público que cometen personajes indeseables como el mencionado. Se dirá que para eso están los “representantes del pueblo”, es decir, los parlamentarios que deben velar por ellos para que sus derechos sean respetados. Está visto, sin embargo, que poco o nada se puede esperar de los muchos que roban el erario para pagar a sus empleados, venden sus votos al mejor postor, trafican influencias y practican el nepotismo, mientras se rodean de privilegios solventados por los contribuyentes. El pueblo, la “gente común”, al decir del impresentable diputado liberal Carlos Portillo, es castigado también por quienes traicionan vilmente la confianza depositada en ellos. Mal puede el Congreso controlar a los poderes Ejecutivo y Judicial si entre sus miembros figuran hasta bandidos confesos.
Sería de ilusos esperar que, en su defecto, intervenga el defensor del Pueblo, ese “comisionado parlamentario cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios”, según reza la Constitución. Se trata de un organismo inútil que, desde su creación, no ha protegido al pueblo ni de la codicia ni de la arbitrariedad de las autoridades públicas. Su desaparición pasaría absolutamente inadvertida, salvo para sus centenares de funcionarios holgazanes.
Una vez más, ¿quién protege al pueblo? Ante este desolador panorama, es un soplo de aire fresco que la sociedad civil se esté organizando y empiece a reaccionar para hacer frente a las embestidas de sus propias autoridades y políticos, saliendo a las calles, recurriendo a la prensa, opinando a través de las redes sociales y repudiando a los corruptos allí donde se atrevan a asomar la nariz. Los gremios, los clubes sociales, las comisiones de padres, los centros culturales y las asociaciones de exestudiantes, entre otras entidades, están empezando a excluir de su seno a los sinvergüenzas para que no los contaminen. Los dueños de locales comerciales y gastronómicos están haciéndoles sentir que su presencia y su dinero son indeseables. Hay que demostrarles que ya no podrán seguir prostituyendo las instituciones y agraviando a las personas honestas con sus actos inmorales y delictivos, porque la ciudadanía ha tomado conciencia de que su presente y su futuro no deben estar expuestos al abuso impune de un cargo público.