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12 de Octubre de 2018

 

¿Quién paga los grandes perjuicios que ocasiona el metrobús?

En febrero de 2016, el MOPC adjudicó a la empresa portuguesa Mota Engil la construcción de los tramos 4 y 3 del metrobús, con una longitud total de 11,5 km, desde frente al campus de la UNA en San Lorenzo hasta la calle Gral. Aquino de Asunción, por un monto de G. 300.417 millones (unos 51 millones de dólares), más la suma de G. 16.320 millones (2.800.000 dólares) para un consorcio español-chileno encargado de la fiscalización. Estos montos ya tuvieron incrementos de 34,4 y 33 por ciento, respectivamente, pese a que, tras más de dos años y medio de los trabajos, la empresa contratista ha completado apenas unos 800 metros. En contrapartida a estos mayores costos reconocidos por el MOPC, la desprolijidad y falta de planificación de los trabajos, así como su lentísimo avance en los tramos intervenidos, han generado un catastrófico perjuicio económico tangible a más de 130 comercios que se vieron obligados a cerrar y a los más de 1.200 empleados que perdieron su trabajo. ¿Quién pagará los perjuicios ocasionados hasta ahora por el descabellado proyecto del metrobús a los miles de personas directa o indirectamente perjudicadas en sus bienes y en su seguridad personal?

En febrero de 2016, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó a la empresa portuguesa Mota Engil la construcción de los tramos 4 y 3 del Sistema Troncal para Bus de Tránsito Rápido (Metrobús), con una longitud total de 11,5 kilómetros, desde la avenida El Agrónomo, frente al campus de la UNA en San Lorenzo, hasta la calle General Aquino de Asunción, a lo largo de la Ruta II “Mariscal Estigarribia” y la avenida Eusebio Ayala. El monto del contrato fue de G. 300.417 millones (unos 51 millones de dólares al cambio actual). La fiscalización de la obra fue otorgada al consorcio español-chileno Typsa, Incosa e Ingeneg, por un monto de G. 16.320 millones (unos 2.800.000 dólares). Tras más de dos años y medio de los trabajos, la empresa contratista ha completado apenas unos 800 metros.

Sin embargo, llamativamente, pese al descomunal atraso acumulado en el avance de la obra, durante los meses finales de la administración del ministro Ramón Jiménez Gaona el MOPC reconoció a Mota Engil un aumento de costo del 34,4 por ciento por encima del monto del contrato original, con lo que la obra pasó a costar (hasta ahora) G. 403.900 millones (más de 69 millones de dólares). Concomitantemente, el consorcio fiscalizador también recibió un aumento del 33 por ciento, con lo que su contrato original trepó a G. 21.638 millones (unos 3.700.000 dólares).

En contrapartida a estos mayores costos reconocidos por el MOPC, la desprolijidad y falta de planificación de los trabajos, así como su lentísimo avance en los tramos intervenidos, han generado un catastrófico perjuicio económico tangible a más de 130 comercios que se vieron obligados a cerrar y a los más de 1.200 empleados que perdieron sus puestos de trabajo por tal motivo. Si a esto sumamos los perjuicios intangibles de incomodidad, riesgos y demoras que diariamente sufren cientos de miles de pasajeros de los buses y automovilistas obligados a desviarse de sus itinerarios y circular por calles alternativas pésimamente acondicionadas, el perjuicio es simplemente incalculable.

Es admisible, por supuesto, que obras de esta naturaleza generen incomodidades y aun perjuicios, pero nunca en la magnitud ocasionada en este caso por la imprevisión y chapucería atribuibles a autoridades y empresas contratistas. Peor aún, porque lo que está ocurriendo ha sido reiteradamente advertido por la prensa y técnicos calificados antes de comenzar la obra, pese a lo cual este proyecto con tufo a negociado siguió adelante.

Envalentonada con la tolerancia cómplice demostrada por las anteriores autoridades del MOPC ante su desastroso desempeño contractual, y fiel a la suerte de política extorsiva exhibida en contratos con el Estado en varios países del mundo, aprovechando el cambio de Gobierno y arguyendo la falta de pago de unos 100.000 dólares y reclamos traídos de los pelos, la contratista presentó a las nuevas autoridades del MOPC un llamativo preaviso de suspensión de los trabajos, que por contrato debe cumplir en plazo y forma. Puede pensarse que lo que busca la empresa es evitar la multa por el escandaloso atraso, pese a los mayores costos que le fueron graciosamente reconocidos por la administración del ministro Jiménez Gaona.

Aunque el nuevo ministro del MOPC, Arnoldo Wiens, no ha anticipado aún la postura que el Gobierno va a asumir con relación al descarado ultimátum de Mota Engil, que tiene plazo de cumplimiento el 19 de este mes, la pregunta obvia que cabe es: ¿Quién pagará los perjuicios ocasionados hasta ahora por el descabellado proyecto del metrobús a los miles de personas directa e indirectamente perjudicadas en sus bienes y en su seguridad personal? El drama que sufre la gente directamente afectada y los automovilistas que transitan por la zona se vio enormemente agudizado en estos días por las lluvias que castigaron nuestra capital y el país en general. Aquí vale la pena transcribir el artículo 39 de la Constitución, que dice: “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado”.

De hecho, el Estado (el pueblo contribuyente) es el que hasta ahora está pagando por este elefante blanco adquirido y alimentado por una caterva de concusionarios y políticos conectados con los Gobiernos de turno, y que a su fatídico paso está matando la economía de uno de los sectores comerciales más prósperos de la Capital y del Área Metropolitana, con los millones de dólares que hasta la fecha se han embolsado Mota Engil y el consorcio contratado para supuestamente fiscalizar con propiedad la obra.

La gente, en particular la directamente afectada por la forma en que se concibió este paranoico proyecto de transporte urbano, espera ansiosa que el nuevo Gobierno coloque este asunto en el centro de los grandes desafíos de los muchos que tiene por delante y le dé una “solución final”, como se debe dar a todo mal público que no tiene cura.

La primavera de recomposición moral de la Justicia paraguaya que tímidamente se insinúa debe ser aprovechada por el Presidente de la República para hacer del caso metrobús un paradigma de coraje político –como sucediera en Brasil con el caso “Lava Jato”–, llevando ante la Justicia a todos los responsables de esta colosal estafa contra el fisco, para que paguen en la cárcel por su delito y resarzan con sus bienes el perjuicio ocasionado al Estado, como le ocurrió al empresario Odebrecht y a otros en el vecino país.

Los ciudadanos y las ciudadanas deben reclamar con firmeza y perseverancia que termine la impunidad para quienes esquilman las arcas públicas a donde van a parar los impuestos que pagan con grandes sacrificios.

 
 

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