El diputado liberal “llanista” Édgar Ortiz presenta ante su Cámara un proyecto de ley que “obligue a proveedores de aplicaciones y redes sociales a suspender y retirar publicaciones con carácter ofensivo o difamatorio”. Es obvio que, por la ocasión en que se lo presenta y por el carácter de su autor, su principal motivación ha de ser proteger la “reputación” de los candidatos en campaña, y la de él en particular.
A algunos políticos que aspiran a ser electos o reelectos para cargos gubernamentales, en esta época preelectoral comienzan a picarles los comentarios que se difunden por medio de las redes sociales y que les afectan en lo que ellos denominan su “imagen”. ¿Por qué consideran que les perjudican? Obviamente, porque tienen techo de vidrio y esos comentarios nunca les favorecen con elogios o congratulaciones por sus antecedentes, por su buen desempeño como personas, políticos, dirigentes o ejecutivos de empresa.
Es que últimamente nuestro mundo político se vio invadido por sinvergüenzas y aventureros de todo tipo y origen, que vieron que ocupar un lugar de privilegio dentro del aparato de poder como está armado en nuestro país actualmente es relativamente fácil, si se dispone de las condiciones básicas, tales como dinero, vinculaciones y, sobre todo, una enorme caradurez.
Pero he aquí que algunos, como el diputado Ortiz y anteriormente los colorados Óscar Tuma y Éver Ovelar, se vuelven sensibleros y no les agrada que se les “difame”. Lo que llaman difamar es ventilar sus trapisondas pasadas o actuales por medio de las redes de comunicación que divulgan sus perfiles como son observados desde la comunidad. Quieren censurar esos comentarios y sellar las bocas de los que se manifiestan, para que el electorado que suponen va a apoyarles no se entere de algo turbio de su pasado y los crea candidatos honestos y confiables. Es decir, en vez de atender las críticas y tratar de mejorar esa imagen, pretenden “matar al mensajero”, como se dice.
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En efecto, los diputados colorados Óscar Tuma y Éver Ovelar ya intentaron, hace algunos años, poner cortapisas a las libertades de información y opinión establecidas en el Art. 26 de la Constitución, molestos porque no salían bien parados en los comentarios, chistes y memes que por entonces circulaban en nuestras redes; mas, afortunadamente, una mayoría de sus colegas rechazaron sus ridículas pretensiones, y tuvieron que meter violín en bolsa, aguantarse el precio que deben pagar por dedicarse desaprensivamente a la política y, en consecuencia, tolerar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales por parte de la ciudadanía.
Ahora, tres años después, aparece el diputado liberal Édgar Ortiz intentando obtener un absurdo privilegio: que no se hable mal de él. Desde luego, cabe esperar que estos proyectos vayan apareciendo constantemente en lo sucesivo, porque es sabido que la libertad de opinión efectivamente ejercida suele ser la piedra más molesta en el zapato no solo de candidatos electorales, sino también de gobiernos enteros.
No obstante, estos políticos no deberían tener temor de lo que se diga de ellos si su conducta anterior fue correcta y sus actos fueron siempre lícitos y transparentes. La gente no es tonta, y no se deja engañar por falsas campañitas difamatorias hechas rodar anónimamente. Ella está mejor informada actualmente, y sabe a qué prestarle crédito y a qué no. Los políticos que temen estas situaciones es porque tienen mucha basura metida bajo la alfombra, y no desean por nada del mundo que se la exhiba a la vista pública.
En la República Popular de China se permitió el ingreso al país y empleo de Internet en 1996. Previamente, el régimen comunista promulgó más de sesenta regulaciones que restringieron su uso. El control gubernamental sobre los mensajes, imágenes, contenidos, etc., fue riguroso desde el primer día y lo es cada vez con mayor eficacia, a medida de que se perfeccionan las técnicas de vigilancia sobre el pensamiento y la opinión de la población. Pero la China comunista tiene un régimen autoritario, y el Paraguay, se supone, uno democrático.
Entre los nueve puntos capitales que fueron establecidos por la tiranía china como prohibiciones de carácter general, pasibles de juicio penal y sanciones graves, están, por ejemplo, estos dos: insultar abiertamente a otras personas o distorsionar la verdad para calumniar a personas; y perjudicar la reputación de los órganos del Estado. Para que su maquinaria de prohibir funcione mejor, se obliga a los proveedores del servicio de comunicaciones a delatar toda irregularidad que pudiesen detectar entre sus clientes o usuarios.
¿Es esto lo que pretenden, en el fondo, los diputados Ortiz, Tuma y Ovelar?
Proyectos totalitarios de esta naturaleza constituyen caminos hacia la opresión y la clausura gradual de los derechos fundamentales. Deben ser rechazados de plano y ser remitidos a los archivos.