La justicia brasileña acaba de condenar a 19 años de cárcel a uno de los empresarios más ricos y poderosos de ese país, Marcelo Odebrecht, por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal en el más reciente capítulo del multimillonario robo a Petrobras por parte de empresarios, funcionarios y políticos. El empresario de 47 años, presidente del conglomerado empresarial que lleva su apellido, fue arrestado hace casi nueve meses junto con otros tres altos ejecutivos de su empresa, a más del presidente de la firma Andrade Gutierrez, otro conglomerado de empresas de construcción involucrado en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal. La Fiscalía federal los acusó de haber pagado sobornos a políticos brasileños que sumaron unos 710 millones de reales (US$ 230 millones).
“Tenemos prueba material de que ellos sabían acerca de la práctica de sobrefacturar contratos con Petrobras y de que participaron directamente en la división de contratos dentro del cartel”, había manifestado en la ocasión en una conferencia de prensa el investigador de la policía federal Igor Romário de Paula, con referencia a la acusación contra empresarios de la construcción, funcionarios y políticos involucrados en el escándalo de la petrolera estatal Petrobras por el desvío de más de US$ 2.000 millones.
Marcelo Odebrecht fue condenado por haber cometido 11 veces el delito de corrupción activa y 50 veces el lavado de dinero. En la ocasión fueron también condenados otros ejecutivos de sus empresas. En el mismo caso, el año pasado había sido condenado a 16 años de cárcel el empresario Leo Pinheiro, presidente de la empresa constructora OAS, y a 15 años altos ejecutivos de la constructora Camargo Correa. Esta última en el pasado había formado parte del holding de empresas constructoras brasileñas UNICON, encargado de la construcción de las obras civiles de la represa de Itaipú, cuya contraparte paraguaya fue CONEMPA, el consorcio de empresas constructoras paraguayas de los “barones de Itaipú”, presidido por el expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy.
Obviamente, en cualquier país, el delito de corrupción requiere el concurso de corruptores y de corruptos. La arrebatiña por los miles de millones de dólares de la estatal Petrobras involucró también a altos funcionarios del gobierno federal y prominentes políticos ligados al Partido de los Trabajadores (PT) en el gobierno, como José Dirceu, el exjefe de gabinete de Lula da Silva, así como al extesorero del PT João Vaccari y otros altos directivos de ese partido y numerosos políticos aliados. Hace pocos días, el propio expresidente Lula da Silva fue llevado por la policía a declarar en el marco de una investigación fiscal sobre eventuales delitos de corrupción, en el que “constructoras beneficiadas del esquema de Petrobras” pagaron abultadas sumas al Instituto Lula y a LILS Palestras, una firma del expresidente. La fiscalía lo acusa ahora del delito de “ocultación de patrimonio”.
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Por oportuno, cabe mencionar que hace un par de años Odebrecht reclamó al Gobierno paraguayo el pago de un supuesto saldo de deuda impaga de ACEPAR por la construcción de la usina siderúrgica de Villa Hayes por unos US$ 25 millones. La misma había sido construida por la empresa brasileña TENENGE, adquirida posteriormente por el grupo Odebrecht. Para el efecto, Marcelo Odebrecht envió como emisario al ingeniero Carlos Henrique Roesberg, quien había fungido como gerente de construcción de TENENGE, siendo el cómplice clave del general Roberto Knopfelmacher y sus paniaguados para la colosal sobrefacturación de la planta siderúrgica que terminó costando más que el doble de su valor real. En este cometido, tomó contacto con sus antiguos compinches, pero estos rehusaron involucrarse en el extemporáneo intento de estafa contra el Estado, tal vez ante el temor de que con tal paso pudieran salir de nuevo a luz sus fechorías del pasado. Por suerte, al final el corrupto gestor de Odebrecht regresó con las manos vacías.
La inserción de este retazo anecdótico de la corrupción imperante en tiempos de la dictadura stronista es al solo efecto de hacer saber a la ciudadanía que la corrupta mano larga de Marcelo Odebrecht que participó del saqueo a Petrobras pretendió también en su momento arañar las escuálidas arcas del Estado paraguayo. No debe descartarse, empero, que algunas de las hilachas de sus trapisondas puedan estar asociadas de alguna manera con las de empresarios paraguayos corruptos que roban al Estado a través de las obras públicas.
A diferencia de nuestro país, donde hay delitos pero no hay delincuentes a causa de la corrupción de nuestra justicia, el Poder Judicial que tiene Brasil ha dado un ejemplo de incorruptibilidad e independencia admirables al mundo entero, castigando o investigando ejemplarmente a una corrupta élite de empresarios, funcionarios y políticos, incluido el intocable expresidente de la República Luis Inacio Lula da Silva, líder de la izquierda bolivariana latinoamericana y gran apañador del finado Hugo Chávez y de su heredero Nicolás Maduro.
En contraste, en el Paraguay la rampante impunidad prevaleciente en nuestra sociedad por falencia de la justicia surte el efecto de una hegemónica protección a los corruptos, sean ellos empresarios, funcionarios o políticos; siempre que detenten poder o dinero para comprar a fiscales y jueces.
Cuando sobreviene una crisis en un país donde impera una justicia independiente y proba, como en Brasil, ni el dinero ni el poder pueden comprar protección contra el condigno castigo; menos aún reclutar aliados protectores que puedan torcer la vara de la justicia. Un Poder Judicial incorruptible es la suprema garantía de la libertad y de la democracia, porque castigando los delitos garantiza la vigencia de los derechos humanos fundamentales que hace justa a una sociedad.
Más allá de tímidas demostraciones de apoyo popular a los políticos corruptos castigados por la justicia a raíz del escándalo de la petrolera estatal Petrobras, en general el pueblo brasileño ha celebrado el severo accionar de la justicia de su país castigando sin contemplación a los poderosos que han robado al Estado. Estudiantes, trabajadores, abogados, empresarios honestos, maestros y medios de comunicación han expresado, cada cual a su manera, su admiración y su respeto por la justicia de su país.
En el Paraguay necesitamos que también la sociedad consolide una conciencia pública de lucha cívica por la instauración de un orden institucional centrado en un Poder Judicial independiente de los vaivenes políticos inherentes a todo sistema democrático de gobierno. Pero como el mundo nunca es ideal, para que nuestro afán de justicia tenga la firmeza de que nos dan muestra los brasileños, es necesario que nos lancemos a una cruzada por la liberación de la Casa de Astrea del dominio de empresarios, funcionarios y políticos corruptos.