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En setiembre de 2016, los servicios del Centro de Salud de Ayolas fueron innecesariamente “integrados” con los del Hospital Regional del Instituto de Previsión Social (IPS), en perjuicio de unos seis mil pobladores carenciados y en provecho de nueve médicos, allegados a políticos colorados de la zona. La absurda medida se fundó en un breve y falaz “informe técnico” del director de Recursos Físicos del Ministerio de Salud Pública, arquitecto Horacio Loizaga, según el cual las instalaciones del centro de salud estaban en “situación de vulnerabilidad” y, por lo tanto, debía ser “evacuado”. Lo cierto es que los dos bloques ocupados –uno de ellos muy moderno, construido y montado con fondos de la Entidad Binacional Yacyretá, inaugurado hace poco más de diez años por el entonces presidente, Nicanor Duarte Frutos, y el ingeniero Ángel María Recalde, director general paraguayo de Yacyretá– se hallan en perfectas condiciones, como se percibe con solo visitarlos.
La rapiña al nosocomio implicó la desaparición de todos los aparatos de aire acondicionado y de equipos médicos, pero no así la de varios fetos con sus respectivos nombres: por lo visto, no tenían valor pecuniario, así que los desalmados los dejaron en el “edificio cascarón”, según lo calificó falsamente el ministro de Salud Pública, Carlos Morínigo, sin advertir que así estaba acusando a su antecesor Antonio Barrios de no haberlo reparado a tiempo. Durante los preparativos para cerrar el centro de salud y obligar a los pacientes a trasladarse al hospital del IPS, el hoy exministro y candidato a senador colorado había dicho que prefería “potenciar esta infraestructura antes que ir a construir otro edificio en otro lado”. Aludía a la construcción de un nuevo centro de salud, algo que era innecesario, porque las instalaciones del que estaba funcionando se hallaban en óptimo estado operativo.
Lo peor de todo, desde luego, es que la irracional “fusión” implicó de hecho un gravísimo atentado contra un derecho fundamental de los ayolenses. “Se hizo un despojo de recursos; no hay atención; no hay camas: tenés que acostarte esperando tu muerte en el IPS, siendo que el centro de salud tiene su infraestructura intacta”, según Carlos Pérez, presidente de la Comisión Reapertura del Centro de Salud de Ayolas, resumiendo muy bien la trágica situación generada por unos personajes inescrupulosos, entre los que figuran Emilio Ruiz, director del centro; Pedro Pérez, director de la Octava Región Sanitaria; Carlos Duarte, intendente de Ayolas; Derlis Maidana; candidato a diputado; Édgar Caballero, presidente de la seccional, y el concejal departamental Esteban Ruiz, todos colorados. En este contexto, no sorprende que nueve de los doce miembros de la Junta Municipal, donde la ANR tiene clara mayoría, hayan apoyado la descabellada medida, traicionando a los vecinos, demostrando así que se sienten más obligados a los intereses de los capitostes de la politiquería local y departamental de su partido antes que a los más de 10.000 pobladores de la zona que hoy se están movilizando en contra de una arbitrariedad manifiesta.
Todos estos impresentables se complotaron contra el derecho a la salud de las personas de escasos recursos del área de Ayolas, incluidos los centenares de habitantes de las islas, hoy obligadas a trasladarse hasta el hospital del IPS, situado a kilómetros del casco urbano, para ser pésimamente atendidas –según revelaron algunas de ellas–, de lunes a viernes, entre las 07:00 y las 15:00, si es que tienen suerte y dinero suficiente para pagar el transporte. En cambio, a los médicos que cobran tres salarios del Ministerio y otro de la entidad previsional la vida se les hizo más cómoda, pues ya no deben desplazarse de un lugar de “trabajo” a otro: seguirán engullendo a dos carrillos, con la ventaja adicional de que no atenderán a mayor número de enfermos en un solo lugar, pues no serán pocos los impedidos de acudir hasta el nosocomio lejano.
El titular de la cartera de Salud Pública sostiene que en Ayolas, como en otras localidades, las dos entidades públicas en cuestión “unieron” sus fuerzas para atender a la gente, mediante un “convenio bien establecido”. Ese absurdo acuerdo, que sirvió de paso para un infame robo, se fundó a todas luces en un vulgar pretexto, develado por los pobladores. Se alega que han cedido las paredes de los pozos ciegos, algo que con toda certeza pudo y puede ser reparado sin mayores dificultades.
El ministro Morínigo prometió que en el predio abandonado se habilitará cuanto antes una Unidad de Salud Familiar (USF), con servicio médico, de enfermería y de ambulancia. Este anuncio no responde a la demanda de la población, que con todo derecho exige que vuelva a funcionar su centro de salud, que siempre dispone de mayores recursos humanos y materiales que una USF. Por tanto, la solución anunciada es insatisfactoria, ya que no servirá para que allí puedan ser atendidos casos de cierta complejidad que antes sí podían ser tratados en el casco urbano, cerca de la gente.
Se impone, en consecuencia, que estos compatriotas se mantengan firmes en su exigencia de que cese el trato denigrante del que son víctimas para volver a contar con el mismo servicio que tenían hasta setiembre de 2016. Encima, mientras no se restituya el centro de salud a como estaba, se continuará afectando la atención médica prestada a los asegurados del IPS en el Hospital Regional que solventan con sus aportes mensuales.
El Ministerio de Salud Pública no puede eludir su obligación de mantener en óptimas condiciones sus instalaciones sanitarias, que “se están cayendo a pedazos”, según confesión de su máxima autoridad.
Para evitar que persistan los efectos negativos de la canallada cometida en perjuicio de los pobladores de Ayolas, es imperioso devolver al Centro de Salud todos los instrumentales médicos, camas, aparatos de aire acondicionado y demás accesorios que fueron rapiñados sin misericordia por un grupo de médicos sin ética y políticos sinvergüenzas.