El más negativo saldo dejado por la política del “nuevo rumbo” de Horacio Cartes fue la duplicación de la deuda externa del país. Déficit asumido con el cuento de que con el dinero prestado a cuenta de bonos soberanos y créditos, en cinco años su Gobierno iba a sentar las bases del Paraguay del futuro.
De hecho, durante el último Gobierno la deuda pública externa se duplicó, pasando de US$ 2.674 millones a US$ 6.403,7 millones (de 10,8% a 20,2% del PIB). Con el dinero obtenido de la colocación de bonos soberanos en el mercado financiero internacional y en el doméstico, y de préstamos de las agencias financieras multinacionales, su Gobierno “bicicleteó” el servicio de la deuda externa vencida, invirtió en obras de infraestructura vial y auxilió a algunas de las nueve empresas públicas –todas ineficientes–, como ANDE, Petropar, INC, Essap, Copaco, Administración Nacional de Navegación y Puertos, Fepasa, Capasa, etc., a fin de tratar de salvar la crítica situación financiera debida a su ineficiencia de gestión.
Pese al alto endeudamiento público heredado del mandato de su antecesor, al parecer el Gobierno de Mario Abdo Benítez se encamina hacia el mismo rumbo que el anterior en cuanto a continuar endeudando al país para el indispensable “bicicleteo” del servicio de la deuda pública y continuar inyectando dinero del contribuyente en las empresas públicas ineficientes, cuando debería más bien pensar en reconvertirlas en entes reguladores, privatizarlas, o simplemente extinguirlas. A tal efecto, el Gobierno, a través del Consejo de Empresas Públicas, ha dispuesto una auditoría de las mismas. Supuestamente, tras el análisis de los resultados obtenidos decidirá si corresponde seguir invirtiendo en mejorar sus desempeños, o bien convertir a algunas de ellas en entes reguladores del mercado para una mejor gestión.
Ya no es el caso continuar manteniendo a la ciudadanía como rehén de empresas como la ANDE y Essap, que en este momento –una vez más– están sometiendo a un calvario a vastos sectores de la población, debido a la falta de agua y cortes de electricidad.
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El pivot de las empresas públicas paraguayas es la ANDE. Ella es estratégica, pues en el mundo actual la energía eléctrica se ha convertido en un insumo indispensable para la gente, sea rica o pobre, viva en la ciudad o en el campo, se encuentre en escuelas u hospitales, en el transporte o en el confort de los hogares. Además, la característica básica de las sociedades es la continua transformación de productos naturales, de materias primas y sus derivados, requiriéndose para tal efecto enormes cantidades de energía eléctrica para sostener la industria y el comercio, dos pilares en que se apoya la economía de un país. Vale decir, la disponibilidad de energía eléctrica accesible a toda la población en condiciones de seguridad y eficiencia es un factor clave para superar el subdesarrollo y la pobreza.
El Paraguay es afortunado porque dispone de energía eléctrica abundante, limpia y de fuente renovable, como son las usinas hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá, así como la propia de Acaray. ¿Por qué, entonces, nuestro desarrollo económico no es comparable con el de nuestros socios de la otra margen del río Paraná, Brasil y Argentina? Pues por una razón muy sencilla: ellos han sabido sacar provecho de la electricidad con que cuentan –parte de ella cedida a precio vil por el Paraguay–, mediante una política energética centrada en la optimización del servicio eléctrico interconectado en sus componentes básicos: generación, transmisión, distribución y comercialización. Esta optimización del suministro para el consumo doméstico, industrial y comercial se puede conseguir también en nuestro país descentralizando parte, o la totalidad de las diversas fases componentes del sistema eléctrico interconectado nacional mediante una joint venture público-privada responsablemente regulada.
Pese al insistente reclamo de la ciudadanía por el pésimo servicio de los entes estatales que proveen luz y agua, hasta ahora el Gobierno se obstina en mantener sus anacrónicos monopolios, especialmente en lo referente al suministro eléctrico. Lo que corresponde es que proceda a implementar sin más demora un profundo cambio estructural en ambos sectores a fin de revertir la inoperancia de la ANDE y la Essap, que son mantenidas tal como están porque las autoridades saben que ambas entidades no podrían subsistir mucho tiempo en una sana competencia con el sector privado, por la corrupción y el clientelismo que impera en las mismas.
La adopción de reglas claras, tanto en el sector de la provisión de agua como de la distribución de electricidad, traerá aparejadas la necesaria desmonopolización y la apertura del mercado al capital privado para atraer la inversión necesaria para revitalizar ambos sectores vitales para la economía nacional y para el bienestar de la población. En las condiciones actuales, el Estado no tiene la más mínima posibilidad de obtener el capital necesario para el efecto, salvo endeudando al país más allá de sus posibilidades de pago.
El Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez debe tomar un baño de coraje y agarrar el toro por las astas para abrir el mercado a la incorporación de capitales, volver eficientes a las empresas mencionadas... o prescindir de ellas. Es tiempo de pensar en la gente y no en la clientela política.