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En este Día del Maestro bien vale no solo reconocer la obvia importancia que el magisterio tiene en la formación de la niñez, es decir, la enorme responsabilidad que asume en cuanto al futuro de las nuevas generaciones. La figura de la maestra y el maestro, en especial los de la escuela primaria, siempre estuvo rodeada de un halo emotivo, por los límpidos sentimientos que suele despertar en la infancia. Empero, es de lamentar que, en nuestro país, la desluzcan ciertos defectos que aún no han podido ser corregidos, pese a que los remedios no son ignorados.
En el Paraguay, la valoración de la calidad del ejercicio de la docencia, particularmente la impartida en la etapa primaria, así como de los profesionales que se ocupan de ella, ha mejorado poco o nada durante las tres últimas décadas, cuando, tras el derrocamiento de la dictadura, los medios de prensa empezaron a publicar cifras y a describir la penosa situación de la enseñanza y del aprendizaje, tal como nos legara el régimen oprobioso.
En la persistencia del viejo problema de la pésima calidad de la educación se reconocen dos factores: la indiferencia de los diversos Gobiernos, es decir, la ineficacia estatal, y la indiferencia de los docentes hacia las malas condiciones en que prestan sus servicios, incluyendo su propia deficiente formación profesional.
Desde el advenimiento de la democracia, las maestras y los maestros tuvieron también dos grandes objetivos que encarar: deshacerse del estigma de ser seleccionados y no ser escogidos por sus aptitudes, sino por el padrinazgo que obtuvieron, según el servilismo partidario exhibido; y cumplir con el deber inexcusable de capacitarse en forma continua, a fin de situarse a la altura de la calidad docente que demandaba la nueva época.
Es deplorable que, en relación con el primer objetivo, no hayan avanzado mucho. Es decir, no desapareció el envilecimiento de muchos docentes que deben sus cargos no a sus méritos y aptitudes, sino a la recomendación; el mal persiste, sobre todo en el interior del país, como una enfermedad que no se intenta erradicar con la debida energía. Los presidentes de seccionales coloradas y otros caciques pueblerinos todavía se arrogan el derecho de nombrar supervisores, directores, maestros y hasta lo declaran públicamente, con total impudicia.
En cuanto al Estado, en 2012 creó un fondo de recursos para promover todo lo relativo a la educación –Fonacide–, el cual, desde que comenzó a funcionar, pasó a convertirse en la fuente de ingresos ilícitos de centenares de intendentes y concejales que aprovechan y desvían esos recursos hacia otros fines o, simplemente, los roban. Lo peor de esta triste historia es que muy pocos maestros salieron a manifestarse para denunciar estas defraudaciones y defender los fondos que fueron creados para, entre otras cosas, mejorar la infraestructura educativa, en beneficio de los alumnos y de ellos mismos.
Si bien los porcentajes del gasto público dirigido a la educación fueron creciendo cuantitativamente en nuestro país –al igual que en América Latina– en las últimas décadas, ese incremento no se tradujo en una mayor calidad. Se invierte más en educación, tanto que ocupa el 20% del presupuesto nacional, pero ocurre que la mayor parte se malgasta y se destina tanto a aumentos salariales como a nuevos nombramientos. Se entiende así que continúen las carencias en la enseñanza y sus malos resultados; en algunos lamentables casos, incluso, empeoran. Es decir, la cuestión no es solo invertir en educación el 7% del PIB, tal como lo recomienda la Unicef. Las causas del desastre en la materia son bien conocidas: el mal empleo del dinero público, la corrupción, la pobre formación pedagógica de los docentes, los métodos de enseñanza obsoletos con contenidos inadecuados, la disciplina relajada, la sectarización partidaria del cuerpo docente, la burocratización del funcionariado, entre otros vicios.
El número de maestros en escuelas públicas y privadas llega a unos 80.000. No es una cifra pequeña con respecto a nuestra población, pero no está bien distribuida geográficamente, pues la mayoría se concentra en las ciudades grandes y medianas. Ningún maestro quiere ir a los pueblos aislados, debido a las paupérrimas condiciones en que deben enseñar y a los riesgos personales que a veces tienen que asumir.
En cuanto al rendimiento escolar, se informa que el 68% de los estudiantes se halla por debajo del nivel básico de competencias en lectura; 92% de ellos no alcanza el nivel básico en matemática y el 76% en ciencias. Solo República Dominicana muestra peores condiciones que el Paraguay en lectura y ciencias. Nuestro país ocupa el último lugar en matemática en comparación con los 12 países de la región participantes en PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes). El 64% reportó haber repetido al menos un año escolar. A esto hay que sumar el ausentismo crónico o la impuntualidad (8 de cada 10) de los estudiantes, así como las horas de clase perdidas por las frecuentes huelgas de los maestros.
Esta lamentable lista de causas de fracasos no acaba de ser descubierta ni era ignorada. Es la conocida desde hace mucho, pero no despierta ninguna alarma en la acción gubernativa. Las autoridades parecen contentarse con algunas medidas paliativas, que más sirven para la propaganda que para subsanar las deficiencias apuntadas. Las malas condiciones citadas son aún peores en el interior del país, donde los controles institucionales apenas funcionan y el poder de los caudillejos locales es poco menos que omnímodo.
A menudo se critica que nuestra sociedad sea tan exigente con los maestros y tan tolerante con otros que prestan servicios públicos. Esto se debe a que ellos ocupan un lugar más alto en la consideración general; se los observa más porque se los aprecia mejor; se les reclama mucho porque tienen en sus manos la educación de la niñez, un bien social extremadamente valioso. Y es preciso recordar que existen docentes que ejercen esta profesión con verdadera vocación, haciendo renuncias importantes, dando de sí mucho más que lo que exigen los términos contractuales por los que se rigen.
Aún tenemos maestros generosos y altruistas, pero no debe esperarse que lo sean todos. El que lo sea por inspiración y convicción ética merece nuestro respeto y admiración. Los demás tienen que asumir la responsabilidad de formarse profesionalmente y dar lo mejor de sí, en los términos acordados.
En cuanto al gremialismo, hasta ahora solo demostró sensibilidad hacia la cuestión económica. Organiza manifestaciones, clausuras de vías de comunicación, huelgas y protestas varias, pero apenas para lograr incrementos salariales o alguna otra ventaja material. ¿No se le ocurrió todavía que esas formas de presión deberían servir también para que el Gobierno torne mejores las condiciones de la enseñanza, para denunciar malversaciones, para frenar la ominosa injerencia de la politiquería en los nombramientos y ascensos? Esta actitud oportunista o prescindente de los dirigentes sindicales les da una imagen muy pobre ante la opinión pública.
El futuro de la educación en el Paraguay depende de la decisión de los gobernantes y de los maestros de realizar una acción común en la que cada cual aporte lo que deba según sus atribuciones. A los docentes, a quienes hacemos llegar nuestros mejores deseos en su día conmemorativo, les corresponde dignificar su profesión e ir construyendo una sociedad mejor, tanto desde el punto de vista moral como intelectual.