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El presidente Horacio Cartes declaró en Nueva York que la reelección presidencial será en el futuro próximo un tema de discusión obligada y que la Carta Magna vigente, que la prohíbe en forma absoluta, “se hizo mirando atrás”.
Pero resulta que en los debates que periódicamente se generaron en torno al importante asunto no se expusieron hasta ahora argumentos consistentes para sostener la conveniencia para nuestro país de la reelección presidencial. La clase política que apaña al poder de turno da por sentado que el “rekutu” –como fue folclóricamente bautizado– “es necesario”, así que para ellos todo se reduce a la cuestión del trámite a seguir para establecerlo.
El presidente Cartes se limitó a decir que en muchos países se admite dicha posibilidad, lo cual es cierto. Pero, en el caso de nuestro país, ese simple argumento no constituye una razón suficiente, pues de lo contrario también se podría sostener que el Paraguay debe adoptar el sistema parlamentario porque muchos países lo tienen.
Más allá de las reflexiones teóricas que se puedan hacer al respecto, en verdad es necesario meditar acerca de los beneficios que obtendría nuestro país si la Presidencia de la República volviera a ser ocupada por Juan Carlos Wasmosy, Raúl Cubas Grau, Luis González Macchi, Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo, Federico Franco u Horacio Cartes, todos ellos de lamentable gestión. Por lo tanto, la experiencia acumulada en 24 años desde 1993 no autoriza a suponer que la reelección presidencial haría posible superar la pobreza y el atraso de nuestro país, mediante la gestión pública honesta y eficiente imprescindible para lograrlo.
A juzgar por la triste experiencia, no cabría esperar, por ejemplo, que se respete la independencia del Poder Judicial, que se defiendan con firmeza los intereses del país en las entidades binacionales ni que se erradique el crimen organizado. Todos los expresidentes mencionados han fracasado rotundamente en esos campos.
Asimismo, sería ingenuo suponer que cualquiera de los nombrados que vuelva al poder vaya a combatir decididamente el latrocinio, el prebendarismo y el tráfico de influencias en la gestión pública, o, en una palabra, que no vaya a robar ni dejar robar. ¿Acaso retornarán al poder con ganas de corregirse y cumplir con la previsible promesa de que “esta vez” harán muy bien las cosas? A juzgar por su desastroso desempeño y la corrupción galopante que los acompañó, ninguno de ellos merece una segunda oportunidad. El bien que no hicieron y el mal que causaron pertenecen a una triste historia que de ninguna manera debe repetirse.
Ya es más que suficiente con que sean senadores vitalicios, si sus ansias de servir a la patria son tan fuertes. Para algunos de ellos, inclusive, ese premio es inmerecido.
El presidente Cartes dijo también en la entrevista neoyorquina que quiere seguir trabajando por el país desde cualquier lugar. Si así fuera, debería conformarse con ejercer como debiera hasta el fin de sus días el cargo de senador vitalicio con voz pero sin voto que la Constitución prevé para los ex jefes de Estado. Añadió que no quiere “permitir que vuelva ese modelo que trajo tanto atraso, dolores, injusticias, olvido, no solo al Paraguay sino a toda la región”. No precisó las características de ese modelo, pero las consecuencias que mencionó encajan justito con el desempeño de nuestros últimos Gobiernos, incluyendo el suyo.
El atraso que los gobernantes mencionados no pudieron o no quisieron superar, por dar prioridad a sus ambiciones personales y las de sus respectivas claques políticas, se advierte hoy en los paupérrimos centros educativos, en los abandonados hospitales, en los precarios puentes y los caminos intransitables, y en la zozobra permanente que sufre la población por falta de seguridad, especialmente una amplia zona del norte del país jaqueada por el grupo criminal EPP, que tiene en su poder a cinco compatriotas secuestrados. Las injusticias son diarias en una judicatura y un Ministerio Público sometidos a los intereses espurios de las camarillas políticas. Del olvido y la ausencia del Estado pueden dar cuenta los pobladores del Alto Paraguay o la enorme franja de la población que no tiene agua potable ni camino de todo tiempo, entre tantos otros marginados.
Se puede tener la plena certeza de que estas lacras y penurias no desaparecerán, ni mucho menos, con la reelección de nuestros presidentes ya conocidos. La Constitución vigente no obliga a los expresidentes de la República a quedarse en sus casas, sino que les da un espacio para aportar al país su experiencia y sus luces, por el resto de sus días. Por de pronto, tanto Nicanor Duarte Frutos como Horacio Cartes prefieren ser senadores “electos” para tener voz y voto, como primer paso para retornar al Palacio de López tras la muy probable reforma constitucional. Fernando Lugo hará lo mismo, por supuesto, de modo que es de suponer que sus respectivos allegados ya estarán afilando los dientes para el 2023. Todos, si retornaran al Palacio de López, volverían acompañados de quienes ya saborearon las mieles del poder y se enriquecieron a la sombra de su líder. Serían los mismos, con los mismos vicios, que tanto daño causaron y causan al país. No habrá renovación alguna, sino mera reiteración de la gerontocracia política y del latrocinio de los fondos públicos ya conocido a lo largo de los últimos 40 años.
A los ciudadanos y a las ciudadanas, por lo tanto, les gustaría saber por qué deberían aceptar la reelección presidencial en el Paraguay. Los promotores del proyecto –en la actualidad, sobre todo el presidente Cartes– deben explicar con argumentos valederos qué beneficios traerá un segundo mandato presidencial para nuestro país, en las condiciones vigentes y con los posibles candidatos ya sobradamente conocidos.
A nuestro criterio, mientras los caciques partidarios tengan el poder de organizar sus gavillas de ladrones de fondos públicos merced a las “listas sábana”, y los “fueros” los protejan de que la Justicia los envíe a la cárcel por sus fechorías, la ciudadanía debe rechazar con toda firmeza que unos delincuentes encima pretendan que se les faciliten condiciones para continuar robando cinco años más.