Reforzar el control del financiamiento político

Nuestro sistema electoral tiene numerosos asuntos que requieren actualización y ajuste, pero ninguno es más urgente ni más importante que lo referido al financiamiento de las candidaturas a los cargos electivos nacionales, departamentales y municipales. Ahora, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Legislativo están en marcha sendas iniciativas para modificar nuestro sistema electoral porque ya nadie puede ocultar que el actual favorece peligrosamente a los sectores más averiados de la sociedad, a auténticas mafias que buscan enquistarse en el poder para consolidar imperios económicos a costa de los contribuyentes y de la Justicia. Es evidente que nuestro sistema electoral ha venido permitiendo que cada vez más candidatos financiados por dinero negro –provenientes de la evasión de impuestos, de contratos públicos amañados, del contrabando, del tráfico de influencias o del narcotráfico– lleguen a los puestos electivos por los que compitieron. La evolución negativa de nuestro sistema electoral, su degeneración perversa, se debe sobre todo a la ausencia de transparencia y de controles en el financiamiento de los candidatos, especialmente en las elecciones internas de las organizaciones políticas.

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Hay muchas clases de sistemas electorales. Los hay democráticos y los hay oligárquicos o autocráticos. El sistema electoral de la fenecida República de Venecia era oligárquico. El de Cuba es autocrático. Los hay virtuosos y los hay defectuosos. El sistema suizo tal vez pueda contarse entre los virtuosos. El inglés y el alemán actual, también. El argentino puede figurar entre los defectuosos, o el hondureño.

La razón de ser de un sistema electoral democrático es promocionar a las funciones de dirección y gobernanza del Estado a personas que representen a la sociedad y que la sirvan. En nuestro país, servir al Estado implica también la dirección y gobernanza de los departamentos y los municipios.

Nuestro sistema electoral tiene numerosos asuntos que requieren actualización y ajuste, pero ninguno es más urgente ni más importante que lo referido al financiamiento de las candidaturas a los cargos electivos nacionales, departamentales y municipales.

Ahora, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Legislativo están en marcha sendas iniciativas para modificar nuestro sistema electoral porque ya nadie puede ocultar que el actual favorece peligrosamente a los sectores más averiados de la sociedad paraguaya, a auténticas mafias que buscan enquistarse en el poder para consolidar imperios económicos a costa de los contribuyentes y de la Justicia.

Es evidente, en efecto, que nuestro sistema electoral ha venido permitiendo que cada vez más candidatos financiados por dinero negro –proveniente de la evasión de impuestos, de contratos públicos amañados, del contrabando, del tráfico de influencias o del narcotráfico– lleguen a los puestos electivos por los que compitieron, siendo el caso de Ulises Quintana solamente el último eslabón de una larga cadena.

La prensa también ha sufrido en carne propia el financiamiento mafioso de nuestra política con la candidatura del asesino de nuestro corresponsal Pablo Medina a la intendencia municipal de Ypejhú. El crimen del periodista se perpetró, precisamente, para evitar que se conocieran las fuentes de ingreso del narcopolítico Vilmar “Neneco” Acosta.

Nuestro sistema electoral se ha convertido en uno oligarquizante y defectuoso, y no es eso lo que merece el pueblo paraguayo, aunque convenga a los políticos sinvergüenzas que hoy por hoy se encaminan a ser amplia mayoría en nuestras instituciones.

La evolución negativa de nuestro sistema electoral, su degeneración perversa, se debe sobre todo a la ausencia de transparencia y de controles en el financiamiento de los candidatos que compiten en las elecciones.

El financiamiento político es parte central de cualquier sistema electoral y nuestra ley de financiamiento político, la N° 4743/12, no establece vigilancia alguna ni monitoreo sobre el dinero que cada candidato recibe en sus dos etapas: en las elecciones internas de las organizaciones políticas, que es la más importante, así como en las generales y municipales.

Con perversa persistencia, la autodenominada “clase” política interpuso a los reclamos ciudadanos de transparencia, más bien trampas legales que impiden una fiscalización adecuada de los verdaderos intereses que se mueven detrás de cada candidatura que se presenta.

Nuestra ley habla de fiscalizar los gastos de las organizaciones políticas en las elecciones generales y no permite monitorear los gastos en las internas. Eso es lo que establece el art. 64 de la Ley 4743/12 con ominosa contundencia: “No será necesaria la contabilización de los gastos en que incurrieron los candidatos en elecciones internas”. ¡Precisamente en la etapa en que corre a raudales el dinero sucio!

El proyecto que los políticos están impulsando para seguir con la misma farsa propone, en su modificación de dicho artículo, que sean solo los “movimientos internos” los que rindan cuentas, cuando lo que demuestran los muchos casos de financiamiento corrupto de nuestra política es que se debe fiscalizar, escrutar, vigilar, a los candidatos en forma personal, pues cada uno de ellos puede recibir dinero negro.

La reforma del art. 64 de la Ley 4743/12 es la principal para cualquier reforma electoral seria que se pretenda realizar, y ella debe imponer a todo candidato a cualquier cargo nacional, departamental o municipal una estricta vigilancia interinstitucional mediante la cual su patrimonio, sus cuentas, sus vínculos y sus intereses queden sometidos al más completo escrutinio posible.

Lo anterior es particularmente necesario para los líderes de los “movimientos internos”, que son quienes confeccionan a dedo las listas sábana y son los que venden, literalmente, los lugares en esas listas.

A partir de la presentación de cualquier candidatura, la Contraloría General de la República, la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Secretaría Nacional para la Prevención de Lavado de Dinero, el Banco Central del Paraguay y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) deben tener acceso irrestricto y público a las cuentas personales y políticas de los candidatos y de toda persona o empresa que les aporte dinero.

La razón de este requisito es que los candidatos se ofrecen libre y voluntariamente a prestar un servicio público, para administrar dinero público, y, por tanto, es un derecho del pueblo saber a ciencia cierta qué amistades, qué intereses, qué fuerzas son las que están impulsando a esas personas.

Lo anterior no implica que se eliminen las contabilidades que obviamente deben tener los movimientos internos.

La política en nuestro país debe y puede conducirse de manera ética y transparente, pero la condición sine qua non para ello es que el financiamiento político deje de ser un agujero negro que sirve de refugio a cuanto delincuente pretende incrementar sus “negocios”, como lamentablemente ocurre ahora.

Nada de lo que se haga en los demás aspectos en los que nuestro sistema electoral requiere reformas, como el desbloqueo de las listas (“listas sábana”), la mejora de los controles informáticos o la uniformización de padrones para las elecciones internas, servirá de mucho si en las listas desbloqueadas pueden tener cabida sinvergüenzas como “Neneco” Acosta, Óscar González Daher, Carlos Portillo, Víctor Bogado, Enzo Cardozo, Carlos Núñez Salinas y otros muchos que entraron en la política para algo muy distinto a servir al pueblo paraguayo.

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