Es deplorable que los cargos de contralor y de subcontralor general de la República estén vacantes desde julio del año pasado, cuando Óscar Velázquez y Nancy Torreblanca renunciaron antes de ser destituidos –vía juicio político– por mal desempeño de sus funciones. El asesor jurídico de la entidad, Roy Rodgers, sigue fungiendo de contralor interino, pese a que en octubre de 2015 concluyeron las audiencias públicas, en las que unos 130 postulantes expusieron sus planes de acción ante la comisión competente del Senado.
Desde entonces, este órgano aún no ha elaborado siquiera las ternas de candidatos a ocupar cada uno de los referidos cargos, para que los diputados elijan a uno de ellos. Ambas decisiones requieren el voto de la mitad más uno del total de miembros de la Cámara respectiva. Los senadores no se han dado prisa para cumplir con lo que les corresponde en el proceso establecido por la Constitución, para conformar la cúpula del organismo encargado de controlar las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades.
La demora no debe atribuirse a que los senadores necesiten tomarse un buen tiempo para evaluar detenidamente los méritos y las aptitudes de los postulantes, sino a que aún no han concluido las componendas políticas que permitan lograr la mayoría necesaria. Según la triste experiencia, ellas no se limitarán a los dos cargos a ser ocupados, sino que formarán parte de un “paquete” que incluirá a los tres ministros de la Corte Suprema de Justicia, sobre quienes pesa la amenaza de la prosecución del juicio político. Hasta podrían extenderse a la Defensoría del Pueblo, cuya máxima autoridad –Manuel Páez Monges– tiene su mandato vencido desde hace ocho años. Es presumible, entonces, que el contralor y el subcontralor serán nombrados solo dentro de varios meses, salvo que la sociedad civil se movilice para reclamar que los legisladores cumplan cuanto antes con su deber constitucional. Organizaciones tales como la Asociación Rural del Paraguay, la Feprinco, la Unión Industrial Paraguaya, Cerneco, la Cámara de Anunciantes del Paraguay, la Unión de Gremios de la Producción, así como los gremios y los sindicatos obreros, deben tener el mayor interés en que el manejo del dinero público sea supervisado por un órgano encabezado por dos personas calificadas y honestas, seleccionadas para ejercer sus cargos dentro del plazo previsto en la Constitución. Que un funcionario esté interinamente al frente de la Contraloría desde hace siete meses es una irregularidad que debe corregirse.
En un país civilizado, no debe pasar un día sin que estén ocupados los dos principales cargos de un organismo tan importante. Los legisladores, los ministros, los gobernadores, los intendentes o los titulares de los entes autárquicos preferirían, por supuesto, que el impasse continúe, es decir, que sus manejos o los de sus allegados no sean verificados por una Contraloría plenamente conformada, sino por una que se halle en condiciones precarias desde el punto de vista institucional. Es obvio que un contralor interino carecerá de hecho de autoridad suficiente para examinar las cuentas de los administradores de fondos públicos, protegidos por políticos inescrupulosos influyentes.
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Urge, pues, que los contribuyentes alcen su voz para exigir a los legisladores que abandonen los usuales trapicheos políticos, y que a la hora de decidir solo tengan en cuenta los atributos de los candidatos que se presentaron en las audiencias públicas.