Cargando...
Los recientes acontecimientos políticos exponen ante nuestra vista un nuevo escenario creado por una coalición dirigida y sostenida económicamente por el presidente de la República Horacio Cartes. Nos conducen por un “nuevo rumbo”, pero no de los que llevan hacia cumbres panorámicas y luminosas, sino de los que nos aproximan al despeñadero, al absolutismo.
El régimen absolutista, como se sabe, constituye la antítesis de la democracia, porque en él el poder se va concentrando en las manos de una sola persona, el príncipe absoluto, que toma las decisiones, legisla y juzga por sí mismo, sin estar él mismo sometido a esas leyes y esos fallos. Vamos a los hechos.
En su momento, el grupo de diputados que está siendo manejado por el presidente Cartes, aprovechando su mayoría, eligió a uno de los suyos, Hugo Velázquez, para presidente de su Cámara, y resolvió además cambiar el reglamento interno para prolongarle la permanencia en el cargo por dos años y medio. Pero cuando Velázquez decidió convertirse en disidente, sus antiguos “compañeros de ruta” resolvieron sustituirlo, y para ello los colorados que le siguen a Cartes –los que no pasaron a la disidencia–, más los seguidores del senador Fernando Lugo y del liberal Blas Llano, redujeron nuevamente la duración del mandato de Velázquez a un año. ¡Habráse visto más grosero manoseo de una institución constitucional, como en este caso!
Así fue que Velázquez fue desalojado inmediatamente para instalar en su lugar al candidato del cartismo y titular del Partido Colorado, Pedro Alliana, flanqueado por los diputados Ramonita Mendoza (liberal llanista) como vicepresidenta primera, y Ramón Duarte (luguista) vicepresidente segundo.
El golpe de gracia a esta aciaga jornada en Diputados consistió en ejecutar el segundo objetivo que habían venido a buscar: cambiar a dos miembros que no les eran afectos, uno del Consejo de la Magistratura (CM) y otro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cargos para los que votaron al diputado cartista Clemente Barrios y al liberal llanista Sergio Rojas, respectivamente. Esta vez, la maniobra dio un golpe abierto e indisimulado contra el artículo 6° de la ley que organiza el CM y el 4º que regula el JEM. El Senado no se quedó atrás, y confirmó como su representante ante el CM al senador llanista Enzo Cardozo, imputado por supuesta malversación de millonarios fondos cuando era ministro de Agricultura y Ganadería, con lo cual los senadores de la entente también demostraron que les importa un bledo la honestidad y la transparencia.
Los legisladores carto-lugo-llanistas no podían detenerse en la “minucia” de observar las reglas constitucionales y reglamentarias porque urgentemente debían asegurar esos puestos para sus parciales, dado que en el Consejo de la Magistratura se decide la elección del próximo fiscal general del Estado, funcionario bajo cuya competencia queda depositada la suerte de los políticos violadores de las leyes. Este funcionario tiene que ser un incondicional subalterno del presidente de la República, que, al volver al llano queda despojado de la coraza que le proporciona el cargo.
Con esta sucesión de groseras maniobras, violentando además la decencia y la prudencia que se deben cuidar en la conducta política pública a ese nivel, quedaron claros varios puntos negros de nuestro presente político. En primer lugar, que el contubernio entre cartistas, liberales que responden al senador Blas Llano y los izquierdistas del partido Frente Guasu, que se había conformado para intentar violentar la Constitución a fin de introducir la reelección presidencial por vía de enmienda, continúa vigente, activo y listo para cualquier otro atropello a los cánones democráticos que les convenga a los tres.
En segundo lugar, que el presidente Cartes pasó a confirmar su firme control de las riendas del poder, incrementando día a día la lista de políticos que se inclinan ante él, con servilismo e impudicia sin límites, sea por dinero, por cargos o por prebendas de cualquier tipo, incluso simplemente para no ser echados a patadas de sus cargos –ellos, parientes y amigos–, como les ocurrió a tres funcionarios reemplazados últimamente.
Esto hace recordar que no es la primera vez que el presidente Cartes, con la cooperación y complicidad de esa extraña camarilla que le rodea, abiertamente violenta normas elementales de la democracia, de la legalidad y hasta de la cortesía y respeto debidos a las personas que ejercen altos cargos públicos de la Nación. Está todavía fresca en la memoria aquel triste episodio en el que, en medio de una reunión partidaria, incurriendo en una concesión circense al griterío de unos cuantos energúmenos, Cartes anunció que destituía a su ministro del Interior, Francisco de Vargas. Una payasada más de un presidente políticamente analfabeto, ciertamente, pero trágica para la institucionalidad de un país que anhela fortalecerse en este aspecto y, de este modo, ganarse el respeto de las naciones civilizadas. Pero, ¿quién puede sentir respeto por los derechos de un país que se gobierna de este modo? En este ambiente es que se negoció el reciente acuerdo de Yacyretá.
Lo cierto es que, en este momento, Cartes domina las dos Cámaras legislativas mediante mayorías conformadas con sus partidarios y sus aliados coyunturales; ya controlaba la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, y ahora pasó a dominar también el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, torniquetes en los que se meten los pescuezos de los magistrados, jueces y fiscales políticamente insumisos. Este proceso de acumulación de poder político conduce inevitablemente al absolutismo, de lo que se deriva, como primeras consecuencias, la arbitrariedad y la impunidad.
Poco puede esperarse de la actual oposición que reaccione y que ejerza la presión política necesaria para frenar este desguace de nuestras instituciones democráticas, porque al menos la mitad de ella está vendida al dinero o a las promesas de Cartes. Por su parte, los colorados disidentes, los que tratan de mantenerse independientes de la influencia del ambicioso gobernante, todavía no reúnen la fuerza suficiente para que se los vea como una muralla capaz de detener el avance absolutista. Los marxistas del Frente Guasu se vendieron vergonzosamente por un plato de lentejas.
Solamente resta la ciudadanía; la gente políticamente interesada, que se informa, la que observa y es capaz de ver y medir lo que está sucediendo, de evaluar la gravedad de la situación; y los jóvenes; esa juventud que no desea tener que construir su futuro bajo un régimen político en el que un solo señor decide por todos. Solamente de los ciudadanos y las ciudadanas puede esperarse, en este momento, una reacción, mediante manifestaciones firmes y sostenidas en las calles contra el absolutismo cartista, al menos hasta tanto los políticos conscientes y que aún no fueron comprados puedan concertar una acción eficaz que salve nuestros valores y la vigencia de la democracia tal como la necesitamos ver edificada.