La Asociación de Jueces del Paraguay, presidida por el camarista Delio Vera Navarro, y la Asociación de Magistrados Judiciales del Alto Paraná, presidida por el camarista Isidro González, han dado una cabal demostración de repudiable corporativismo, con motivo de la imputación fiscal formulada contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco por la supuesta comisión del delito de prevaricato, tipificado en el art. 305, inc. 1° del Código Penal. El gremio emitió un comunicado y anunció medidas de protesta porque los agentes fiscales René Fernández, José dos Santos y Lionel Piñánez creyeron que hay indicios suficientes para sostener que, como miembro de la Sala competente, el hoy imputado violó el Derecho para favorecer a una de las partes al admitir un recurso extraordinario de casación contra un fallo de segunda instancia, que había anulado un proceso penal.
Los jueces “atrincherados” invocan el art. 255 de la Constitución, según el cual “Ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones”. Si esta norma fuera pertinente, el hecho punible de prevaricato debería ser borrado del Código Penal, pues toda sentencia judicial, aunque violase flagrantemente la ley, podría ser considerada como una mera opinión, aunque de cumplimiento obligatorio. Quienes ahora se movilizan en favor de la impunidad, no solo del ministro Blanco sino de cualquier otro magistrado que podría incurrir en el delito mencionado, ignoran que la prevaricación implica dictar A SABIENDAS una resolución injusta.
No se trata de interpretar una norma en un sentido u otro, lo que podría ser “opinable”, sino de tener la INTENCIÓN DOLOSA de favorecer o perjudicar a una de las partes en un juicio. Es obvio que la imputación que pesa sobre el ministro Blanco está lejos de ser anticonstitucional, como también que los jueces no se han movilizado en defensa de la ley, sino de inconfesables intereses profesionales y, en particular, de los de un ministro de la Corte en funciones. Llamativamente, no se solidarizan con el exministro Víctor Núñez, imputado por el mismo motivo, sino con quien aún ejerce el poder.
Sindulfo Blanco –jefe de los hoy “atrincherados”– es uno de los dos ministros superintendentes de la sexta circunscripción judicial de Alto Paraná, caracterizada por la corrupción de los magistrados, según reiteradas denuncias del Colegio de Abogados de ese departamento. Es comprensible, entonces, que los jueces locales hayan lanzado un comunicado especial, en el que expresan su “pleno respaldo” al superintendente, se declaran en “sesión permanente” e informan que, como medida de protesta, asistirán a sus despachos “sin el rigorismo” (sic). Esta última expresión de los agavillados debe entenderse como que no se vestirán adecuadamente para impartir justicia, lo que sin duda sería mucho menos grave que el hecho de que vulneren la ley a cambio de un soborno proveniente del crimen organizado, por ejemplo.
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Causa aún más estupor que la insolente Asociación de Jueces del Paraguay tenga previsto, aunque no se haya atrevido a ponerlo por escrito, que sus miembros realicen una huelga de brazos caídos y se nieguen a entender en el expediente que contiene la imputación contra el ministro Blanco. Por de pronto, respondiendo al aberrante “espíritu de cuerpo”, ya se inhibió el juez penal de Garantías Gustavo Amarilla, quien debía solicitar el desafuero a la Cámara de Diputados si lo estimaba procedente. Sería ocioso traer a colación los arts. 16 del Reglamento Disciplinario del Poder Judicial y 14 de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados, que se refieren, respectivamente, a las faltas graves y a las causales de mal desempeño de funciones. Cabe recordar, más bien, que el art. 292 del Código Penal castiga con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa al que intencionalmente o a sabiendas impidiera que otro fuera condenado a una pena o sometido a una medida por un hecho antijurídico.
Es imposible que, para inhibirse en serie, todos los jueces alzados contra el ordenamiento jurídico invoquen legítimamente algún inciso del art. 50 del Código Procesal Penal, referido a los motivos de su separación. Acaso se pongan a proferir disparates para alegar haber preopinado sobre la cuestión, demostrando así su absoluta mala fe. El último inciso de la norma citada contempla “cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad o independencia”. ¿Acaso dirán que no podrían ser imparciales o independientes porque la causa afecta a un ministro de la Corte Suprema de Justicia? El art. 248 de la Constitución, que garantiza la independencia del Poder Judicial, ampara a cada uno de los jueces, incluso con relación a los magistrados de mayor rango: someterse a las órdenes de estos, sin que lo obligue la ley, conlleva incurrir en mal desempeño de la función.
La amenaza de recurrir a medidas de fuerza con el fin de amparar al ministro Blanco revela hasta qué grado de podredumbre ha llegado el Poder Judicial. Por supuesto, sus autores también se están defendiendo en forma preventiva, ante la eventualidad de que a algún agente fiscal se le ocurra un buen día imputarlos por haber violado la ley deliberadamente, en favor o en perjuicio de un justiciable. La proyectada huelga de brazos caídos puede calificarse de canallesca porque afectará a los ciudadanos que reclaman justicia: los quieren utilizar como rehenes para impedir que un delito sea castigado conforme a la ley. De la escandalosa conducta referida se desprende que los prevaricadores pueden confiar en que sus colegas saldrán a defenderlos por las buenas y, sobre todo, por las malas. Así suelen actuar los mafiosos, férreos partidarios de la solidaridad en el delito.
La ciudadanía se halla estupefacta y repudia el comportamiento atroz de unos magistrados que enlodan su investidura y tienen la osadía de pretender situarse más allá de la ley, fuera del Estado de derecho. Ya están condenados por la opinión pública. Ahora hace falta que el Ministerio Público y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados vean si hay suficientes elementos de juicio para procesarlos.