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El conjunto de problemas que aquejan a los pueblos indígenas de nuestro país, lejos de ir resolviéndose, se va complicando, volviéndose más intrincado y, por supuesto, mucho más difícil de encarar.
Para empezar, hay que tener en cuenta que esos pueblos constituyen aproximadamente una veintena de etnias, que habitan en trece departamentos, además de los que ya se afincaron en Asunción y sus alrededores, así como en otras ciudades, y que ya fueron bautizados como “nativos urbanos”. Cada uno tiene un problema diferente, pero el común a todos es la tenencia de la tierra. La cantidad de inmuebles que ya fueron puestos en propiedad o posesión de algunos de estos pueblos, en los últimos cincuenta años, suman unas 960.000 hectáreas, que si se dividieran entre los 117.000 nativos censados en 2002, darían unas ocho hectáreas para cada individuo.
El caso es que esas concesiones de tierra no fueron distribuidas de este modo, no a personas físicas sino a comunidades, de lo cual se infiere que algunas de estas resolvieron su problema de tierra pero otras no. Y las que ya poseen tierra no se sabe si las van a poder conservar.
Periódicamente, algunos grupos de indígenas vienen a Asunción a protestar o a demandar servicios o concesiones que algún Gobierno les prometió, o que les otorgó a otros grupos similares. Se instalan en las plazas céntricas de Asunción y vegetan allí durante meses, viviendo en medio de promiscuidad y precariedad de servicios, destruyendo el espacio público, rodeados de la inmundicia que ellos mismos crean, exhibiendo situaciones humanamente inaceptables, como el alcoholismo, la prostitución, el raterismo y, últimamente, también la actitud agresiva, hostil, violentando normas elementales de convivencia ciudadana e, incluso, normas legales.
No menos preocupantes son los niños y adolescentes que los acompañan y que están aprendiendo todos los vicios y delitos que se cometen en el ámbito urbano y aficionándose, lamentablemente, al modo de vida de pordioseros, vagos, buscavidas y marginales de todo tipo.
Se cuentan ya unos 3.000 indígenas que se quedaron a residir en el área metropolitana de Asunción y un número indeterminado que lo hicieron en otras localidades como Ciudad del Este, Caaguazú, Villarrica, etc., y sus alrededores. Abandonaron sus lugares de origen y sus comunidades debido principalmente a la presión que ejercen sobre ellos los campesinos (que también quieren tierras y no dudan en ocupar la de los indígenas, si pueden). Y también les expulsa la agricultura mecanizada, la desaparición de bosques, el avance de la urbanización rural y, asimismo, las disputas entre los mismos nativos, como cuando un líder alquila la tierra que se le concedió a la comunidad y solamente su grupo de seguidores se beneficia con la renta, marginando a la mayoría.
Otro problema de los pueblos indígenas de ambas regiones del país es que desconocen las técnicas modernas de la explotación económica agropecuaria, por lo que sus tierras son improductivas y acaban por ser alquiladas o vendidas a colonos o hacendados que sí tienen capacidad de hacerlas producir, con lo cual los nativos quedan nuevamente convertidos en desarraigados o algunos se proletarizan como peones rurales. Hay comunidades indígenas que poseen más de mil hectáreas, estando compuestas por menos de veinte familias, las cuales vivirían holgadamente si pudiesen obtener provecho alimentario y de renta de esa superficie. Pero su carencia de recursos financieros, técnicos y de mano de obra convierte sus propiedades inmobiliarias en inútiles para generar beneficios perdurables.
Como en ocasiones anteriores, hace ya varios meses que vienen ocupando la plaza Uruguaya, esta vez un grupo de nativos que estaban precariamente asentados en la banquina de una ruta en el departamento de Caaguazú. Están solicitando que se les conceda un nuevo asentamiento de 1.400 hectáreas en la zona de San Joaquín. Por su parte, los que están apostados frente al Congreso vinieron de la zona de Corpus Christi, alegando que fueron expulsados por sojeros brasileños, que serían quienes poseen los títulos de las propiedades y con cuyos guardias llegaron a tener enfrentamientos violentos. Reclaman al Indi 1.500 hectáreas para reasentarse. Ambos grupos están de acuerdo en demandar la destitución de la presidenta del Indi, Ana María Allen, aduciendo que no les recibe. En el pasado, otros grupos similares también reclamaron, a veces con violencia, la destitución de anteriores directores del Indi, porque esta institución no encara, y menos resuelve, ninguno de sus problemas.
Considerando la inoperancia crónica del Indi, la pregunta obligada es: ¿para qué subsiste este organismo, que absorbe mucho dinero del presupuesto público sin brindar, a cambio, ningún servicio que justifique esa erogación? Porque la eterna excusa de esa entidad para explicar su inoperancia, así como de tantos otros organismos públicos inservibles, es la “falta de presupuesto”. Sin embargo, forma parte del Gobierno; el Indi constituye uno de los brazos creados para hacer posible el cumplimiento de las promesas electorales y el programa gubernamental de quienes ejercen el poder del Estado, de modo que si no pueden cumplir su cometido, deberían disolverse y sus obligaciones y funciones ser transferidas a otra institución que sí tenga las condiciones necesarias para ejecutarlas adecuadamente. Así, al menos, se ahorraría un montón de plata de los contribuyentes.
Entretanto, a lo que la mayoría de los indígenas apuntan es a la mendicidad, y al prolongarse tanto tiempo su abandono e indigencia, últimamente vienen recurriendo a actos violentos para apoyar sus demandas. En consecuencia, es absolutamente necesario que esta deplorable situación sea tomada en serio, antes de que degenere en algún hecho irreparable, en medio de una indiferencia gubernamental inaceptable.