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03 de Diciembre de 2017

 

Repudiable inmoralidad

En nuestro país ha causado revuelo el destape de una seguidilla de escándalos de abuso y agresiones sexuales en el ámbito de la administración paraguaya del ente binacional Itaipú, tanto por la naturaleza de los hechos denunciados como por el sistemático encubrimiento de los mismos por parte de la Dirección General paraguaya. Concretamente, el mismo tiene que ver con la denuncia de acoso sexual y extorsión a una funcionaria de Itaipú por parte del superintendente de Servicios Generales de la entidad, Arturo Giménez Gallardo, y de la aparente intención de las autoridades superiores de la institución de pasar por alto el bochornoso incidente, como en ocasiones anteriores. Además, la denuncia contra Giménez Gallardo no se limita al delito de acoso sexual, sino que, a estar por reproducciones de audios que trascendieron, el mismo solicitó a una secretaria que reclutara a un guardia de su confianza para que hurtara un teléfono celular a la funcionaria que lo había denunciado, para destruir pruebas. Por sus antecedentes de gestión en cuanto a ignorar denuncias de acoso sexual en la binacional, la gente no confía en que el director paraguayo, James Spalding, vaya a tomar las medidas que correspondan, por lo que es de esperar que el presidente Horacio Cartes tome cartas en el asunto ordenando al mismo que aplique las medidas administrativas que correspondan.

En nuestro país ha causado revuelo el destape de una seguidilla de escándalos de abuso y agresiones sexuales en el ámbito de la administración paraguaya del ente binacional Itaipú, tanto por la naturaleza de los hechos denunciados como por el sistemático encubrimiento de los mismos por parte de la Dirección General paraguaya.

Concretamente, el mismo tiene que ver con la denuncia de acoso sexual y extorsión a una funcionaria de Itaipú por parte del superintendente de Servicios Generales de esa entidad, Arturo Giménez Gallardo, y de la aparente intención de las autoridades superiores de la institución de pasar por alto el bochornoso incidente, como en ocasiones anteriores.

Las primeras denuncias surgieron en el año 2013, ya bajo la administración del director general paraguayo, James Spalding. Una de ellas fue realizada por Norma Cardozo, en el tiempo en que el señor Giménez se desempeñaba como asistente del director administrativo del ente, Carlos París. Según la presunta víctima, en esa ocasión fue acosada por su entonces jefe directo, el superintendente de Servicios Generales, Gustavo Ramírez Afara, sobrino del vicepresidente de la República, Juan Afara. Como no accedió a sus deseos, fue despedida ipso facto. Sin embargo, y para su sorpresa, tras ser despedida fue prestamente convocada por Arturo Giménez Gallardo, entonces asistente del director administrativo, quien le propuso que si borraba de su teléfono celular ciertos mensajes que comprometían a Ramírez Afara, sería readmitida de inmediato. Ella rechazó la impúdica propuesta transaccional, optando por presentar la demanda, aunque sin éxito hasta el día de hoy.

La actual denuncia contra el superintendente Arturo Giménez Gallardo no se limita al delito de acoso sexual. A estar por reproducciones de audios que trascendieron al público, buscando obstruir pruebas que pudieran incriminarlo en la denuncia formalmente presentada por la funcionaria Sandra Morales, el mismo solicitó a una secretaria de su confianza que reclutara a un guardia de seguridad fiable para que sigilosamente le hurtara su teléfono celular a la funcionaria que lo había denunciado, a fin de destruir las pruebas en su contra que el aparato pudiera contener.

Por alguna razón, el plan de hurto del teléfono celular de la víctima no prosperó, salvándose esta de caer en la celada. La criminal estratagema de la que quiso valerse el superintendente Giménez Gallardo para obstruir a la Justicia respondió, sin duda, a la certeza que tenía de que en esta oportunidad tampoco le iba a funcionar el ardid de la opción trágica del que se había valido en defensa de su congénere Ramírez Afara.

A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos con la reciente oleada de escándalos por denuncias de abusos y de acoso sexual contra poderosos personajes del cine, la TV y la política, como el productor de cine de Hollywood, Harvey Weinstein, Roy Price, de Amazon Studio, y Charlie Rose, de la cadena de TV CBS, quienes fueron despedidos por la comisión de tales delitos, aquí en Paraguay –y peor aún en Itaipú– el delito por partida doble atribuido al actual superintendente Arturo Giménez Gallardo en perjuicio de la indefensa y acosada funcionaria Sandra Morales va camino al “oparei”. Esto, pese al comunicado de la entidad binacional negando categóricamente que en su ámbito exista un “esquema para amedrentar o encubrir a denunciados”.

Por lo tanto, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos, aquí no pasará nada porque en nuestro país la vara de la justicia aún tiene que desenterrarse para que los jueces y las juezas actúen con integridad moral y coraje personal contra los delincuentes políticamente poderosos.

Asimismo, por sus antecedentes de gestión en cuanto a ignorar denuncias de acoso sexual en la binacional, la gente no confía en que el señor Spalding vaya a tomar espontáneamente las medidas que en justicia corresponden en este escandaloso nuevo caso. De hecho, durante el tiempo que lleva en el cargo jamás impulsó investigación alguna para esclarecer tales denuncias, menos aún para castigar a los culpables.

Es de esperar, entonces, que el presidente de la República, Horacio Cartes, tome cartas en el asunto, y ordene al director general paraguayo, James Spalding, que aplique las medidas administrativas que correspondan al político colorado Arturo Giménez Gallardo, ante las evidencias que lo comprometen en la perpetración del execrable delito por el que ha sido denunciado y que empaña a nivel nacional e internacional la transparencia de gestión pregonada por su Gobierno.

 
 

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  • ¿"Nuevo Rumbo"? ¿5 años más...?

    urundey 03 Diciembre 2017, 21:09:03 

 

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