El senador Óscar González Daher ha dado una muestra elocuente de matonismo político al amenazar a tres funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) con que serán destituidos si no apoyan al precandidato presidencial cartista Santiago Peña. He aquí sus afrentosas palabras, pronunciadas en un mitin realizado en Luque: “Hay tres jefes de Departamento que juegan a dos puntas y estuvieron con Marito (Abdo Benítez) la semana pasada. Tengo fotos, y no se tiene que jugar a dos puntas: tiene que ser blanco o negro, o se van afuera, mis queridos amigos”. El troglodita antediluviano, político escombro como los calificó nuestro eminente arzobispo Ismael Rolón, creyó oportuno agregar, por si no lo tomaran en serio, que él “no jode”, lo cual debe ser muy cierto: su estrecha afinidad con el jefe del Poder Ejecutivo, Horacio Cartes, hace presumir, en efecto, que su advertencia no es una fanfarronada. Por lo demás, se advierte que tiene una profunda vocación de “pyrague”, seguramente heredada de su fiel pasado stronista, igual que la alternativa de hierro que plantea: hay que ser “blanco o negro”, o sea, “café o leche”, como alguna vez planteó en un caso similar el último dictador.
Por increíble que parezca, este político chatarra, denunciado más de una vez por los delitos de tráfico de influencias y evasión impositiva, preside nada menos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano encargado de juzgar a los magistrados y a los jueces por la comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones. Un personaje de esta calaña que coacciona gravemente a otros compatriotas con el fin de forzarles su adhesión a cierta candidatura carece de toda autoridad moral para enjuiciar a nadie e incurre en el delito previsto en el art. 278 del Código Penal, que reza: “1°. El que mediante fuerza, amenaza de un mal considerable, presión económica o abuso de una relación de dependencia profesional o económica, coaccionara a otro o le impidiera elegir o ejercer su derecho electoral en un determinado sentido, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2°. En los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad será de uno a diez años. 3°. En estos casos, será castigada también la tentativa”.
Obviamente, entre las faltas graves que autorizan a destituir a un funcionario no figura el hecho de abstenerse de votar por el candidato favorito del senador de marras, pero eso es lo de menos para quien está habituado a mofarse de las leyes con toda impunidad. La “amenaza de un mal considerable”, como lo sería la pérdida injustificada de un empleo, fue proferida en un acto público, lo que revela que su autor no tiene conciencia del delito que cometió: le parece lo más natural del mundo que un indefenso funcionario subalterno sea forzado abiertamente a votar por cierto aspirante a la Presidencia de la República. Ningún escrúpulo le impide ejercer una “presión económica” contra miembros de una “asociación de hombres libres”, como la define el estatuto de la ANR.
Lamentablemente, González Daher no está solo en su aberrante concepción: el candidato presidencial cartista Santiago Peña, pese a su excelente formación académica y a las buenas maneras que viene exhibiendo hasta ahora, cree que las palabras de su prepotente promotor fueron “claras y muy razonables”. Fueron claras, desde luego, pero en absoluto razonables, sino escandalosas y repudiables para quienes respetan la libertad ajena y sostienen que un funcionario está al servicio de la nación y no de un partido o de una facción del mismo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Es evidente que el precandidato presidencial cartista se ha adaptado muy bien al arcaico estilo predominante de “hacer política” de sus nuevos correligionarios, y solo cabe preguntarse si realmente hace suyo un discurso tan bárbaro como el referido. Si así fuera y llegara al Palacio de López, habría mucho que temer por el Estado de derecho, pero antes habría que preocuparse por las elecciones generales del 22 de abril de 2018. Téngase en cuenta que el senador luqueño incurrió en su mayúsculo despropósito en el marco de una campaña electoral interna. Puede presumirse, en consecuencia, que si gracias a coacciones similares el ahijado político de Horacio Cartes resultara elegido como candidato de la ANR, ellas serán aun más descaradas en vísperas de los comicios nacionales. Por supuesto, esta intimidación masiva va a tener el consentimiento del exministro de Hacienda, quien estima “muy razonable” coaccionar a los ciudadanos para que le brinden su apoyo, ignorando que esa mentalidad es propia de un capo mafioso y no de un político moderno decente. Lo que ha cometido su “compañero de ideales”, por así llamarlo, es simplemente ultrajante, más allá de lo que digan las leyes.
Aparte de agraviar a los tres funcionarios de la Dinac, a quienes trató de “queridos amigos” en un alarde de cinismo, ofendió a todos los funcionarios públicos en general y a la ciudadanía toda que paga el sueldo de los servidores del Estado. Este senador maleducado y bravucón que se cree dueño de los cargos, no tiene nada que perder en lo que a reputación respecta, así que seguirá comportándose como hasta ahora, sin tener miramientos con nada ni con nadie. Continuará deshonrando su banca y el órgano que preside, porque no tiene la menor idea de la dignidad de esos cargos.
Hoy puede creerse a salvo de cualquier sanción penal, pero llegará el día en que sus atropellos a la ley y a la moral serán investigados por fiscales y castigados por jueces que no teman su investidura ni sus lazos con el Presidente de la República, de los que hoy se vale para profanar las instituciones.
Los ciudadanos y las ciudadanas no deben agachar la cabeza ante quienes abusan del poder. Deben escracharlos allí donde los encuentren, y repudiarlos mediante manifestaciones públicas en las calles. Y no olvidar sus nombres y sus fechorías, para ponerlos a disposición de la Justicia cuando las condiciones del país lo permitan.