El senador colorado Javier Zacarías Irún, presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito, también está siendo investigado por el de evasión impositiva. En efecto, ni siquiera se inscribió como contribuyente del Impuesto a la Renta Personal (IRP) cuando ejercía de abogado, pese a la opulencia que exhibía con su familia y a que a todas luces sus ingresos anuales le obligaban a hacerlo. Según sus propios dichos, el accionista de las firmas Itapema SA y Gestión del Este SA paga ese tributo recién desde que se convirtió en senador, ya que antes solo abonaba el Impuesto a la Renta Comercial, Industrial o de Servicios (Iracis). O sea que él decidió, por sí y ante sí, pagar este impuesto en vez del otro, como si hubiera podido elegir el que más le convenía. Si pudo hacerlo de hecho, aunque no de derecho, es porque la administración tributaria del anterior Gobierno se hizo la desentendida. No incurrió en una simple negligencia, extendida durante cinco años, sino en una complicidad manifiesta.
El ostentoso tren de vida del jefe del clan que controla Ciudad del Este era y es de pública notoriedad. Valga como ejemplo que es dueño de un avión bimotor, valuado en casi mil millones de guaraníes, compró dos departamentos en Itapema (Brasil) –uno en 2014 y otro en 2017– por un valor respectivo, al cambio actual, de 883.500.000 y 1.047.800.000 guaraníes. Estos datos fueron publicados en su momento, pero la exjefa de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) Marta González no se dio por enterada. Tampoco al expresidente Horacio Cartes ni al exministro de Hacienda Santiago Peña les llamó la atención que en la fiesta de cumpleaños de Zacarías Irún, a la que asistieron el año pasado, se sirvieran unos 1.300 kilos de carne asada. Sabían, quizás, que era inútil preguntarse cuánto habría estado abonando su anfitrión en concepto de IRP.
Como evidencia de que el clan esteño continúa teniendo influencias, el joven Javier Zacarías McLeod, que estudia en una universidad privada de Inglaterra, obtuvo ya bajo el actual Gobierno un pasaporte diplomático irregular.
Por cuanto antecede, y más, es bueno saber que el nuevo jefe de la SET, Fabián Domínguez, ha informado que ese organismo está investigando el indignante asunto y señalado que “si él (Zacarías Irún) tenía ingresos a nivel personal, tenía que haber tributado en renta personal desde finales de 2012”. De constatarse la evasión impositiva, según el viceministro, el mandamás esteño deberá abonar tres veces más lo evadido e incluso podrá ser sometido a un proceso penal. La ciudadanía debe tomarle la palabra, suponiendo que la constatación no será difícil, dada la confesión del propio sujeto obligado. En nuestro país es muy común que los descubrimientos de irregularidades y el anuncio de la aplicación de las sanciones correspondientes terminen en el “oparei”.
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Este caso es solo uno más de los tantos que involucran a los peces gordos de la política y de la economía informal, por así llamarla. Allí está el clan luqueño de los González Daher, que disfruta –o disfrutaba– de similar tolerancia o complicidad de las autoridades al momento de tributar lo que corresponde. Esa circunstancia hay que tenerla en cuenta cada vez que se habla de aumentar los impuestos, ya que la medida solo afectará a los contribuyentes honestos, es decir, a quienes cumplen con la ley, mientras las autoridades seguirán haciendo la vista gorda cuando se trata de los “manguruyuses” que financian campañas políticas o “aceitan” convenientemente el aparato tributario.
Según la abogada tributarista Nora Ruoti, la exviceministra Marta González “nunca hizo el control que tenía que hacer (...) lo único que hizo es perseguir a los inscritos y dejar a los no inscritos sin ningún tipo de control”. Nuestro diario ha advertido repetidas veces que uno de los lugares donde existe una gigantesca evasión impositiva es Ciudad del Este, lo que al parecer se confirma con lo que se viene ventilando con relación al clan Zacarías Irún-McLeod. Para tener idea del peso político de este grupo, se puede recordar que la campaña electoral del candidato cartista para las últimas elecciones internas coloradas, Santiago Peña, se lanzó en Ciudad del Este.
Para mayor burla a la gente, estos personajes se llenan la boca de supuesta sensibilidad popular cuando se las dan de “políticos”, pero les importan un bledo la falta de insumos en los hospitales, la situación ruinosa de las escuelas o el pésimo estado de las calles y rutas.
“La igualdad es la base del tributo”, dice el art. 181 de la Constitución, pero ocurre que ella es violada sistemáticamente por quienes deben hacerla respetar.
En vista de las escandalosas desigualdades que salen a la luz con los casos de los Zacarías Irún y de los González Daher en cuanto al tratamiento tributario de la gente, que el ministro de Hacienda, Benigno López, se abstenga tan siquiera de insinuar la conveniencia de que los ciudadanos probos paguen más al erario. Debe aprovechar también la ocasión para encargar al jefe de la SET que eche un vistazo a las declaraciones de renta de los legisladores, de los gobernadores, de los intendentes y de los concejales que disfrutan de plata dulce, para que cumplan estrictamente con sus obligaciones tributarias. Los ciudadanos y las ciudadanas, con sus tan fructíferos “escraches”, deben reclamarle también justicia e igualdad tributaria.