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De escalofriante es lo menos que se puede calificar el informe rendido por el nuevo ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, quien describió el estado catastrófico en que se halla ese sector, que, junto con educación y seguridad, constituyen el trípode sobre el que descansa la sociedad nacional y sobre el cual se tiene que erigir su bienestar y progreso.
Según el citado informe, existen más de un millón de medicamentos e insumos médicos de fecha vencida, es decir, inutilizados. Esto supone nada menos que diez toneladas y media de productos que hubiesen salvado vidas y curado dolencias y que, en vez de eso, son ahora un montón de basura que, para peor, costará mucho dinero desechar con inocuidad en un vertedero apropiado.
Como si fuese poco, también faltó el dinero en esa cartera. Mazzoleni afirma haber encontrado el equivalente a 900.000 dólares donde tenía que haber doce millones, para costear los requerimientos hasta fines del año en curso. Además, hay una deuda de 250 millones de dólares y otras más a saldar, por el doble de esa cifra, sin respaldo presupuestario, correspondientes al período 2015-2018. El resto del informe es tan estremecedor como lo relatado aquí.
En el pasado se denunció el negociado con medicamentos, equipos e insumos que son adquiridos por encima de su valor real (con la sucia complicidad de los proveedores particulares) y muchos de los cuales luego son vendidos en el mercado farmacéutico callejero. Tan desmesuradas pueden ser estas operaciones que los productos, al no poder ser distribuidos o consumidos en su totalidad en el tiempo establecido, van venciendo inevitablemente.
Que ocurra en un país socialmente tan necesitado en materia de salud pública como el nuestro convierte este fenómeno en uno de los hechos más repugnantes de cuantos nuestros malos políticos son capaces de perpetrar. El Paraguay tendría que disponer de 1.600 unidades de Salud Familiar, pero solo tiene 803 –la mitad–, cuyo 80% adolece de mala infraestructura. No ha de haber mejor ejemplo que este para entender cómo la corrupción política repercute directamente en el atraso del país y en la inequidad social.
Otra técnica de latrocinio vastamente empleada en los organismos estatales que administran fondos públicos es la falsificación de órdenes de compra. Precisamente, al mismo tiempo que el nuevo ministro formulaba las denuncias aludidas, la fiscala de delitos económicos, Victoria Acuña, secuestra documentos de la Dirección de Insumos Estratégicos del citado ministerio, investigando la denuncia de que serían 174 las órdenes de pago apócrifas empleadas para cometer esta clase de delito.
Lamentablemente, como siempre ocurre en nuestro país, tiene que venir un nuevo Gobierno para que se destapen las ollas podridas de las ineficiencias, los robos y las malversaciones perpetradas en el período anterior. Pero, como siempre ocurre también, generalmente a las nuevas autoridades pronto les pasa el entusiasmo y caen en la misma rutina –si no en la misma corrupción– de sus antecesores.
Recuérdese al respecto que cuando asumió el anterior ministro, Antonio Barrios, en 2013, realizó idénticas denuncias de malos manejos en materia de salud pública. Ordenó la intervención del Hospital de Ñemby, del Hospital Nacional de Itauguá y del Hospital de Luque, de lo cual no salió nada concreto. Asimismo, y solo en el Hospital del Cáncer, verificó la existencia de medicamentos vencidos por valor de más de 3.000 millones de guaraníes.
De este modo, defraudaciones y chambonerías, avivadas y negociados, se suceden y pasan desapercibidos durante cinco años para, de pronto, salir a la luz pública cuando llegan las nuevas autoridades que desean poner en claro qué y cuánto reciben, para no tener que pagar las facturas de los antecesores sinvergüenzas. Al final, las historias como estas suelen acabar en un gran “oparei”, pues no se conoce de nadie que haya ido a parar a la cárcel. Nadie es condenado, nadie es sancionado, nadie devuelve lo robado. Las personas sospechadas guardan perfil bajo un tiempo y después salen nuevamente a la luz, compitiendo por un cargo electivo o por otra fuente de enriquecimiento ilícito.
Para que todo esto funcione tan regularmente bien, se requiere una gran trenza de confabulaciones y connivencias ilícitas, porque de otro modo no se entendería por qué los auditores internos y externos se mantienen tan quietos y silenciosos al lado de los funcionarios que, por su tarea y posición, es inevitable que estén enterados de lo que ocurre a su alrededor. Y hasta los profesionales médicos y paramédicos, que solamente se hacen sentir cuando el Gobierno se atrasa en el pago en sus salarios y bonificaciones, deberían hacer un gran lío, como recomendó el papa Francisco.
Esas “Auditorías Financiera y Presupuestal” que se suelen realizar ocasionalmente en los organismos administrativos públicos nunca van más allá de constituir meras formalidades, de las que nunca surgen denuncias serias, a menos que, de por medio, haya un marcado interés político en sacar de carrera a un competidor determinado.
Sin duda alguna, uno de los crímenes más infames e inhumanos que pueden cometerse es despojar a los sectores más necesitados de la población de los recursos básicos destinados a su salud. Es difícil imaginar un hecho más repugnante. Por eso, es saludable que el ministro Mazzoleni haga públicas las denuncias, pero más importante será que prosiga su tarea para que los responsables vayan a parar a la cárcel y devuelvan lo robado. De lo contrario, los robos continuarán y el próximo ministro hará similares denuncias sobre su gestión.