El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), heredero de la Seam, habilitó recientemente solo 31 balnearios para uso recreativo, en todo el país. Para obtener esa habilitación, se debe solicitar y obtener la licencia de impacto ambiental, como está establecido en la Resolución N° 159/05 de la Seam, la cual se otorga recién con posterioridad a una auditoría y la correspondiente verificación oficial.
El problema de la contaminación de cursos de agua, lagos y lagunas que son empleados por la gente para recreación en estos días de calor veraniego, es que genera graves riesgos para la salud de las personas, particularmente la de quienes no toman precauciones, como los niños. Sin embargo, pese a las advertencias de las autoridades ambientales y sanitarias, que se publican en los medios de prensa constantemente, todavía hay muchos insensatos que se arriesgan y arriesgan a otros sumergiéndose en líquidos poluidos, mientras que las autoridades encargadas de velar por la seguridad pública y de hacer respetar las prohibiciones no mueven un dedo para cumplir con su tarea, alegando los consabidos pretextos de sus reales o supuestas carencias de personal, de vehículos, de combustible y hasta de “órdenes superiores”.
Como la contaminación de esos cursos de agua está producida principalmente por las sustancias químicas sintéticas y los desechos orgánicos que se arrojan a arroyos tributarios, está muy claro que si no se ejecutan rigurosamente las restricciones a las actividades económicas y urbanísticas en las cercanías de esos cursos hídricos y lagunas, establecidas en las leyes, la contaminación irá creciendo, como de hecho lo viene haciendo desde hace décadas.
En estos días se vienen publicando nuevamente testimonios gráficos de la gran cantidad de gente que se baña en la Bahía de Asunción y en el lago Ypacaraí, precisamente dos de los lugares que son señalados, desde hace ya varios años, como de gran contaminación. Es inevitable preguntar: ¿dónde están las autoridades? ¿Para qué se dictaron las leyes?
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El caso del lago Ypacaraí es bien conocido, por haber merecido más estudios, seminarios, congresos de especialistas y proyectos, a lo largo de estas más de tres décadas. Pero los sucesivos Gobiernos nacionales, departamentales y municipales directamente afectados, no pudieron ni siquiera hacer respetar sus normas restrictivas y protectoras para salvar de la contaminación a los pequeños arroyos y escorrentías que llevan aguas al lago desde muchos puntos –no se hable ya de limpiar los arroyos más grandes, como el Yukyry y el Pirayú–, debido a una mezcla de desinterés, irresponsabilidad, desidia y, posiblemente, corrupción.
Entretanto, se multiplican los organismos públicos a los que se les otorgan atribuciones sobre los diversos aspectos que componen la problemática ambiental y social derivada del empleo indebido, abusivo o peligroso de los recursos naturales, lo que conlleva hacer mucho más difícil la labor de prevención y corrección de situaciones. A más del ya citado Mades, allí están también el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), y hasta el MOPC, a través de su Dirección de Agua Potable y Saneamiento (Dapsan). Agréguenseles a estos las Municipalidades, las Gobernaciones, las Juntas de Saneamiento, etc., etc., ante las cuales deben peregrinar, sin nunca saber a cuál reclamar o informar, ni de cuál de ellas esperar alguna respuesta, las organizaciones vecinales y las personas individualmente perjudicadas por las actividades económicas o sociales que son riesgosas e ilegales. Debe recordarse que hasta el propio Ministerio Público tiene competencia en los casos en que se infringen las leyes, que es lo que ocurre a menudo en nuestros balnearios.
Como se ve, hay un enorme entramado de instituciones públicas que deben intervenir en la materia, pero es como si no existieran pues las leyes ambientales se violan públicamente, se grafican y se publican, pero sus autoridades no se dan por enteradas. En el caso de la Bahía de Asunción, por ejemplo, un simple recorrido por la flamante costanera de Asunción basta para percibir visualmente cómo se arrojan desechos en cualquier parte, de tal suerte que las pequeñas lagunas que lindan con los barrios marginales ya están convertidas en vertederos clandestinos de pésimo aspecto y fétido olor.
Puede predecirse fácilmente que, hasta tanto las autoridades no clausuren playas y balnearios peligrosos y no pongan coto a la suciedad, a la polución sonora y a las malas costumbres en general, la mayoría de las personas continuará actuando como ahora. Sin reglas ni sanción, no habrá corrección. Para peor, todo incremento de enfermedades será un fenómeno cuyo alto costo volverá a caer sobre las espaldas del Estado.
Vigente esta situación, deja de tener sentido que el Ministerio de Turismo, por ejemplo, siga invirtiendo dinero en publicidad atractiva para nuestro país, cuando no podemos ofrecer a los visitantes ni siquiera la certeza de velar por su salud. De los gobernadores, intendentes y concejales cuyas responsabilidades están comprometidas por esta vasta problemática nacional ya no cabe esperar más de lo mezquino y abúlico que han dado hasta ahora de sí. En consecuencia, solo resta confiar en que las soluciones provendrán de la presión y los reclamos de las agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas comprometidos y sensatos, para iniciar la titánica tarea de rescatar nuestro país de la inmundicia y la contaminación.