A medida que se agrava la sequía a lo largo de la margen paraguaya del río Pilcomayo y los medios de comunicación captan y difunden escenas dramáticas del daño ambiental causado por la falta de agua en la árida región donde la vida humana y la animal dependen vitalmente del líquido elemento, el ministro de Obras Públicas y sus voceros se han enfrascado en una extraña guerra semántica con los periodistas que cubren los pormenores del terrible drama de desolación y muerte que afecta a la biodiversidad asentada en la zona y concomitantemente a la gente que allí vive, mayormente pueblos originarios y pequeños ganaderos.
No es difícil entender por qué el ministro Ramón Jiménez Gaona se resiste a admitir la trágica realidad de lo que sucede actualmente en la cuenca del río Pilcomayo. Lo que a toda costa el Gobierno del presidente Horacio Cartes se niega a reconocer es que su administración tenga que ser culpable de las chambonadas y desmanes cometidos por su “selección nacional” de ministros y jefes de instituciones públicas en perjuicio de la ciudadanía, tales como la inseguridad, la corrupción pública, la desatención de la salud, de la educación, entre otros déficits de gestión pública que se han agudizado bajo su mandato.
Pero, aunque la manipulación semántica a la que ha apelado el ministro Jiménez Gaona pueda resultarle políticamente eficaz para encubrir su inoperancia de gestión institucional, resulta menos obvio que pueda convencer a la gente de que la sequía del Pilcomayo es obra del capricho de la naturaleza y no de una chapucería de la Comisión del Pilcomayo, repartición estatal bajo su directa autoridad. Menos aún de que la catástrofe allí desatada sea una mera cuestión de percepción, o un “circo político”, y no una realidad visible y tangible para quien lo quiera comprobar.
El hecho concreto es que el cauce del río está seco porque no se hicieron bien ni en tiempo oportuno los trabajos para captar la poca o mucha agua que podría haber entrado en la estación de lluvias en su cuenca del Altiplano. Desde los tiempos de la dictadura stronista nuestro diario se ha hecho eco de la preocupación de la gente afectada, y de la ciudadanía en general, por la suerte del errático curso del río limítrofe con Argentina en el sentido de que el Gobierno nacional cuidara que la cuenca de nuestra margen recibiera igual caudal de agua que la argentina, por el desastre ambiental que con frecuencia ocurría y ocurre por descuido o negligencia de las autoridades nacionales responsables de velar por el equitativo aprovechamiento binacional de las aguas que bajan turbias desde Bolivia, pero que no por eso dejan de ser esenciales para la vida animal, vegetal y humana de la región.
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Contrariamente a lo sostenido por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones con anterioridad y en esta ocasión, el ingeniero Fernando Talavera, del consorcio Talavera-Ortellado, contratista responsable de los trabajos de limpieza del canal de embocadura del río Pilcomayo, afirmó que ellos se limitaron a cumplir las instrucciones técnicas recibidas de las autoridades de la Comisión Nacional del Río Pilcomayo, dirigida por su defenestrado titular, ingeniero Daniel Garay. Dijo que recibieron un simple croquis de situación general y no los planos detallados de ejecución, como correspondía. El técnico responsable de los trabajos de campo encomendados al consorcio tras ganar la correspondiente licitación el año pasado comentó en conversación con ABC Cardinal que la limpieza del cauce no se inició en la ribera más próxima por donde corre actualmente el río, sino a 1,58 kilómetros de ese punto, por lo que en la práctica desde el primer momento no existía ninguna posibilidad de captar agua para conducirla a territorio paraguayo.
Agregó que advirtieron de esta incongruencia técnica a las autoridades de la Comisión, pero que estas se reafirmaron en que la boca del canal a excavar se mantuviera en el sitio indicado en el croquis de referencia. Aparentemente, el director de la Comisión tenía el convencimiento de que la margen más cercana para abrir una embocadura se encontraba en territorio argentino, por lo que campantemente ordenó la apertura de un canal que no serviría absolutamente para la finalidad propuesta, aunque costó la friolera de unos US$ 5 millones, según informe del propio Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Siempre a estar por el testimonio verbal del ingeniero Talavera, la licitación para encarar el trabajo de limpieza del cauce colmatado se procesó tarde, recién en el mes de octubre del año pasado, con una costosa movilización de excavadoras mecánicas, sin que ningún técnico de la Comisión hiciera un reconocimiento previo del sitio de obra. Tampoco las autoridades responsables del Ministerio de Obras Públicas revisaron los planos elaborados por la Comisión para cerciorarse de su correspondencia con la finalidad propuesta.
Por oportuno, recordamos a nuestros lectores que en su réplica a una advertencia de nuestro diario acerca de la mala calidad de los trabajos de limpieza que se estaban realizando en el sitio, en carta al director el ministro Jiménez Gaona rechazó con altanería nuestra bien intencionada y premonitoria advertencia, calificándola de antojadiza y disparatada. Ahora, en vez de asumir la responsabilidad invocada en oportunidad de satanizar nuestra opinión editorial, ante la consumación del hecho denunciado debiera tener la hombría de bien de reconocer su responsabilidad en la crisis que afecta al Pilcomayo.