El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, dijo que del desastroso proyecto del metrobús no quedará “ni el nombre”. Está muy equivocado. Por de pronto, queda un daño causado al patrimonio estatal por valor de 21 millones de dólares, que podría ascender a 39 millones si la empresa portuguesa Mota Engil se saliera con la suya, ya que reclama un pago más, pese al fiasco del proyecto. También persiste el perjuicio –aún no cuantificado– sufrido por los comerciantes que cerraron sus locales y por los empleados que perdieron sus puestos de trabajo mientras se ejecutaba el chapucero proyecto inconcluso. Y están a la vista, entre otras cosas, las estructuras de hormigón armado erigidas para las paradas del metrobús frustrado. Demandará su tiempo restañar las heridas causadas por quienes se lanzaron a un emprendimiento que, como se advirtió desde un principio, estaba diseñado para hacer mucho dinero sucio antes que para satisfacer una necesidad pública.
Con la complicidad, por cierto, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo presidente Luis Moreno tuvo el descaro de afirmar en nuestro país, en agosto de 2016, que el metrobús beneficiaría a 300.000 personas, que se sentía “tranquilo por cómo se pensó la obra” y que “siempre habrá debate” en torno a algo así. A esta altura, el debate ya ha concluido, incluso para el propio banco, cuyo Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) informó a fines del año pasado que sus normas internas fueron violadas en la administración del contrato. Habrá que ver si toma alguna medida con respecto a su exrepresentante en Asunción, el brasileño Eduardo Almeida (de sospechosa actuación anterior en Haití), quien no se habría asegurado de que el proyecto tuviera un estudio de factibilidad y de impacto ambiental, así como uno sobre los daños colaterales a las personas asentadas a la vera del itinerario planeado, con previsiones para mitigarlos. Cabe recordar que el Ing. Augusto Ríos Tonina –uno de los afectados por las disparatadas obras– denunció ante el Ministerio Público, ya en enero del año pasado, al propio jerarca del BID, por el desembolso de cinco millones de dólares antes de que el Congreso aprobara el préstamo para el colosal negociado.
Por supuesto, los responsables paraguayos deben ser investigados, juzgados y condenados, atendiendo el art. 192 del Código Penal, que tipifica el hecho punible de lesión de confianza de la siguiente manera: “El que en base a una ley, a una resolución administrativa o a un contrato, haya asumido la responsabilidad de proteger un interés patrimonial relevante para un tercero y causara o no evitara, dentro del ámbito de protección que le fue confiado, un perjuicio patrimonial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”. Pero aparte de la pena de prisión, que “podrá ser aumentada hasta diez años” en los casos “especialmente graves”, como este, los involucrados deberán asumir la responsabilidad civil emergente y reparar el tremendo daño causado por sus fechorías.
El exministro Ramón Jiménez Gaona, el exviceministro de Obras Juan Manuel Cano Fleitas, el excoordinador José Tomás Rivarola y el exgerente Guillermo Alcaraz, entre otros, deben rendir cuentas ante la Justicia. De hecho, en mayo de 2018, el primero y el último fueron denunciados ante el Ministerio Público por el Ing. Hermann Pankow, por delitos relacionados con diversas fases del inviable proyecto. El mismo mes, los frentistas perjudicados denunciaron penalmente al exrepresentante del BID, Almeida, y al exministro Jiménez Gaona, entre otros, por los hechos punibles de lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. En enero último, el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) hizo lo mismo contra el extitular del MOPC por el delito de estafa. Hasta la fecha, la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción no ha movido un dedo para investigar los graves hechos punibles denunciados, como si fueran delitos bagatelarios y no hubiera el menor indicio de que hayan sido cometidos. Tendría que haber actuado incluso de oficio ante las reiteradas publicaciones de prensa y las protestas de las víctimas del engendro vial que concluyó en un gran fiasco, tras causar un enorme daño patrimonial, tanto al Estado como a los particulares. Se espera que el ministro Wiens se sume cuanto antes a las denuncias presentadas, porque resulta intolerable que se haya arrojado al basurero tanto dinero tomado en préstamo, que deberá ser reembolsado incluso por las propias víctimas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Alguien debe pagar los platos rotos. El manto de la impunidad no debe cubrir una vez más un negocio que involucra a personajes poderosos. Por supuesto que no son los contribuyentes quienes deben cargar con las consecuencias, sino quienes intervinieron en un proyecto que no solo fue chapucero, sino también ilícito, según todos los indicios. ¿Acaso el actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones se limitará a lanzar un nuevo proyecto que, aunque sea razonable y ejecutado con probidad, implicará nuevos altos costos?
No es cuestión de hacer borrón y cuenta nueva, como si aquí no hubiera pasado nada. Se impone sancionar penalmente a los culpables y exigirles un resarcimiento de las ingentes pérdidas causadas por su ineptitud y su deshonestidad. Es inadmisible que les salga gratis lo actuado, a sabiendas de que no se habían tomado todas las previsiones para que el proyecto sea bien ejecutado, más allá de la antipatriótica decisión de renunciar al uso de la energía eléctrica para mover el metrobús y, en cambio, decidirse por el diésel contaminante. También se renunció al sentido común y a la honestidad, pues se llevó adelante a tambor batiente algo sobre cuya inviabilidad fue advertida en innumerables ocasiones por la prensa y respetables técnicos.
Se trata de uno de los mayores escándalos de las últimas décadas en materia de obras públicas.
Los promotores del engendro no deben quedar impunes sino sentir el rigor del Código Penal y reparar el daño ocasionado, si queremos que la corrupción y la impunidad vayan cediendo terreno en este castigado país.