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Tal como lo venía sosteniendo desde un principio nuestro diario, inevitablemente el proyecto metrobús tenía que desembocar en un callejón sin salida, desde el momento que fue programado más para estafar al Estado que para atenuar la aguda crisis del transporte público de pasajeros que afecta a la Capital y al Área Metropolitana. Las advertencias de muchos técnicos y de la prensa no fueron tenidas en cuenta. Sin estudio previo de factibilidad y, por consiguiente, sin el indispensable proyecto ejecutivo abarcando todo el tramo de la vía, con la compleja mezcla de detalles técnicos, económicos, sociales y ambientales propios de una obra vial a cielo abierto que tiene que ejecutarse en áreas urbanas densamente pobladas, tanto por residencias particulares como por locales comerciales, el desenlace actual es el que era de esperar.
El maquiavélico plan de estafa al fisco es facilitado porque el crédito de US$ 125 millones concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del fraudulento proyecto es administrado según la normativa de esta institución financiera, que no pone tope a sobrecostos emergentes de las obras a construirse, como es el caso de la ley nacional de contrataciones públicas que limita al 20 por ciento el máximo plus admisible en las obras de infraestructura y de servicios públicos.
Al amparo de estos fraudulentos parámetros de gerenciamiento urdidos por los negociadores gubernamentales paraguayos junto con los concusionarios del BID, sus impulsores, entre quienes se encontraban los intendentes municipales de San Lorenzo, Fernando de la Mora y de Asunción, mediante fuerte lobby lograron que el Congreso aprobara la correspondiente ley del préstamo. Tras la asunción al mando de Horacio Cartes, algunos sectores sociales y medios de comunicación, entre ellos nuestro diario, abogaron para que el Gobierno entrante reviera la conveniencia y viabilidad del proyecto, que en el comienzo contemplaba equipos de rodamiento eléctrico y que después fue cambiado a diésel, ya bajo el Gobierno de Horacio Cartes y como ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona, quien, tras simular alguna renuencia, llamativamente se convirtió en el más fanático impulsor del amañado proyecto por intermedio de su viceministro de Obras –hasta ahora en el cargo–, ingeniero Juan Manuel Cano Fleitas.
Otro personaje clave de máximo nivel con vela en el entierro fue el corrupto representante del BID residente en nuestro país, el brasileño Eduardo Almeida, salpicado por hechos de corrupción cuando fungía en igual cargo en Haití, a comienzos de la década del 2000.
Con este amañado esquema de gerenciamiento, el MOPC contrató para la construcción de los tramos 2 y 3 del proyecto a la empresa portuguesa Mota Engil, por un monto de G. 404.000 millones. Los trabajos se iniciaron en noviembre de 2016 y hasta la fecha no han podido ser terminados, con un cúmulo de contratiempos y de perjuicios económicos para los frentistas afectados, quienes, ante la indiferencia de las autoridades del MOPC a sus reclamos, optaron por formar piquetes de resistencia para impedir que avanzara la construcción de la vía sobre la Ruta Mariscal Estigarribia, detenida actualmente a la altura de la Calle Última o Defensores del Chaco. Pese al considerable atraso en la obra, inopinadamente y sin mediar razón valedera, las autoridades del MOPC procedieron a otorgarle al consorcio constructor un aumento del 30 por ciento sobre el monto contractual original.
Este crítico escenario del proyecto metrobús es el que recibe como la peor herencia en obras de infraestructura el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez y su ministro Arnoldo Wiens. Pero recién en la víspera el flamante titular de la cartera de Estado dio a conocer al público una desconcertante noticia: que el día que asumió el cargo encontró en su despacho una nota de preaviso de suspensión de los trabajos del metrobús por parte del líder del consorcio constructor, Mota Engil, arguyendo la imposibilidad de continuarlos por causa de que el MOPC no le libera la franja de dominio por donde avanzar con los trabajos de construcción. Taimadamente, entonces, su antecesor en el cargo, Ramón Jiménez Gaona, había recibido dicha notificación dos días antes de la asunción presidencial, tirándole así la “pelota tata” a su reemplazante. Mientras tanto, extrañamente, el ministro Wiens retiene en su cargo al funcionario clave directamente responsable del desprolijo proyecto del metrobús, desde que asumió el cargo. Por su parte, el corrupto representante del BID y cómplice del feroz entuerto, Eduardo Almeida, se agenció para huir precipitadamente como rata por tirante, por término de misión, dejando aquí el olor a azufre de su diabólica complicidad con las autoridades paraguayas del Gobierno de Horacio Cartes.
¿Qué hará el Gobierno de “Marito” con esta herencia envenenada que le deja su antecesor en el cargo? Bueno, a estar por las declaraciones del ministro Wiens, el Presidente de la República ha dispuesto instalar una mesa de crisis para buscar una salida al complicado asunto en las próximas dos semanas. En contrapartida a la preocupación del Gobierno, los frentistas perjudicados realizaron en la víspera una movilización de protesta contra el metrobús, como un subliminal mensaje a las nuevas autoridades para que adopten alguna medida de fondo sobre el malhadado proyecto que, si ni siquiera puede llegar a los límites del municipio de Asunción, menos lo hará a través de su microcentro.
Ya se gastaron 20 millones de dólares en el proyecto. ¿Concluiría alguna vez y, en tal caso, a qué costo? Definitivamente, y aunque ya no esté Eduardo Almeida, este engendro de corrupción es un barril sin fondo para gobernantes y políticos, como lo ponderó el intendente de Asunción, Mario Ferreiro.
Pero estas cuestiones son una “zoncera” –como dijo el expresidente Luis González Macchi cuando se encontró en su poder un automóvil robado– para las autoridades del Gobierno saliente, principales responsables de este escandaloso proyecto, pues ellas ya estarán en otros lugares disfrutando de los bienes acumulados durante su administración. Ahora, que se vea “Marito” con el regalo envenenado, quien probablemente descargará el costo en las espaldas de Juan Pueblo, en vez de reclamarles resarcimiento a los verdaderos responsables.