En el marco de la Ley 5102/13 de Alianza Público-Privada (APP), y a un costo estimado de US$ 527 millones, el 14 de marzo del corriente año el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmó contrato con el consorcio “Rutas del Este”, liderado por la empresa española Sacyr e integrado por la portuguesa Mota-Engil y la paraguaya Ocho A, con el objeto de duplicar los carriles de circulación vehicular de tramos de las Rutas 2 y 7, con variantes de circunvalación en las ciudades de Ypacaraí, Caacupé y Coronel Oviedo, con la finalidad de agilizar el tráfico, eliminando los cuellos de botella que representan los cruces urbanos.
El contrato de referencia fue firmado por el ministro Ramón Jiménez Gaona en representación del Estado paraguayo, y por los señores Fernando Antonio del Campo García, por Sacyr SA; Luis Alberto Pettengill, por Ocho A, y Vitor Manuel Gomes, por Mota-Engil, en representación del consorcio adjudicatario. El acuerdo es por 30 años y, por el mismo, el consorcio asume la responsabilidad del diseño, la financiación, la construcción, el mantenimiento y la operación de las obras e instalaciones que integran los tramos de rutas concesionados, con la excepción del tramo San Lorenzo-Ypacaraí. El contrato de financiación debe ser firmado a más tardar en abril de 2018, en tanto que el inicio de las obras está marcado para junio de ese mismo año. Las mismas deben completarse en octubre de 2021.
A primera vista, el contrato de Participación Público-Privado (PPP) –como se denomina contractualmente el acuerdo– es relevante, pues mediante el mismo se va a duplicar la capacidad de tráfico de las Rutas 2 y 7 que unen la capital con Ciudad del Este, ya insuficiente en la actualidad. Junto con la ampliación, las variantes de circunvalación de ciudades, instalaciones de peaje y básculas de control de peso de vehículos, sumadas a una buena señalización horizontal y vertical, aumentarán la seguridad del tránsito y la velocidad de la circulación.
Sin embargo, la experiencia de este tipo de asociación público-privada enderezada a la construcción de infraestructuras que necesitan los países en desarrollo para impulsar su crecimiento económico tiene riesgos que deben ser prevenidos. En particular, lo concerniente a costos, habida cuenta de que empresa privada y Gobierno son necesaria y propiamente diferentes. Los negocios funcionan alrededor de un principio organizador predominante: el lucro. En cambio, en un país serio, el Gobierno tiene que lidiar con un vasto número de objetivos igualmente legítimos y a menudo potencialmente competitivos. Con gobernantes inescrupulosos –como es el caso de Paraguay– la cosa empeora, pues menudean los funcionarios corruptos, concusionarios siempre dispuestos a rifar los intereses públicos confiados a su cargo a cambio de coimas proporcionadas por empresarios privados corruptores.
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Por tal razón, mucha gente ha visto con inquietud la decisión del ministro Jiménez Gaona –empresario privado devenido ministro del Poder Ejecutivo– de adjudicar contra viento y marea el primer contrato de APP al consorcio “Rutas del Este”, liderado por Sacyr, empresa con antecedentes de incumplimiento de contratos de construcción y de gestión de infraestructuras en diferentes países. Catalogada como proclive a valerse de concusionarios para maximizar indebidamente sus lucros mediante reclamos de sobrecostos indebidos al Estado, ha sido recientemente descalificada para nuevos contratos en Argentina, en tanto que en Chile reclama actualmente al fisco una compensación de US$ 140 millones por sobrecostos en un contrato APP para la construcción y operación de la autopista Concepción-Cabrero, de 103 kilómetros de extensión, acusando al Gobierno de ese país de ser el culpable del retraso de 578 días en la terminación de la obra vial. Por otra parte, en julio del año pasado, Sacyr, como integrante del consorcio que se encargó de los trabajos de ampliación del canal de Panamá, perdió un pleito de US$ 165 millones dudosamente reclamados, arguyendo calidad de roca excavada y otras causas.
El reclamo de referencia al Gobierno chileno debe constituir un campanazo de alerta, no digamos para la administración de Horacio Cartes, a punto de irse, sino para la ciudadanía que, por generaciones, deberá cargar con el pesado fardo de eventuales demandas que el consorcio liderado por Sacyr podría hacer al Estado paraguayo en el lapso de vigencia de su contrato, taimada como se la conoce internacionalmente.
En ese sentido, el primer talón de Aquiles al que podría apuntar Sacyr va camino a ser la demora del MOPC en liberar las franjas de dominio adicionales requeridas para la duplicación de calzadas de las Rutas 2 y 7. Vale decir, el reclamo por cientos de millones de dólares por cientos de días de atraso en el cumplimiento del plazo de terminación de las obras previstas en el contrato; calcado de lo ocurrido en Chile.
Irónicamente, mientras el ministro Jiménez Gaona no mueve un dedo para impulsar la liberación de las franjas de dominio requeridas para iniciar los trabajos de construcción –riesgo asumido por la Administración Contratante según el numeral 1.5 de la Cláusula X del contrato–, son los ciudadanos afectados por la expropiaciones quienes reclaman a las autoridades del MOPC información al respecto, sin que hasta ahora hayan tenido respuesta.
Si las obras previstas en el Contrato no se inician el 14 de junio de 2018, como está previsto en la Cláusula II, numeral F, la ciudadanía debe registrar desde esa fecha la cuenta progresiva de días de atraso que en su momento cuantificará el consorcio “Rutas del Este” liderado por Sacyr para reclamar una abusiva compensación al Estado; cuenta que en última instancia recaerá sobre los contribuyentes.
Los ciudadanos y las ciudadanas deben tener bien abiertos los ojos y hacer oír su voz a tiempo para no verse sorprendidos, una vez más, por la angurria de funcionarios y empresarios cortesanos, corruptos y corruptores.