Robo a la patria en la ANNP

El despojo del predio de la ANNP que, en connivencia con empresarios extranjeros, una banda de políticos locales pretende consumar no es simplemente un acuerdo consistente en ceder el uso de un inmueble público a una actividad privada por 30 años, sino que representa la pérdida de un espacio de casi 12 hectáreas, abierto, libre, verde, que envuelve la barranca paraguaya del río Paraná, dándole un valor ambiental incalculable a una ciudad que inicialmente se llamó “jardín” y que hoy es un montón de edificaciones abigarradas, desprovista de estética, sucia y desordenada, debido, principalmente, a sus sucesivas pésimas y corruptas administraciones municipales. El terreno del que se pretende despojar a la ANNP tiene un valor estimado en nada menos que unos 185 millones de dólares. Es un invalorable espacio público que, lamentablemente, cayó en la mira de una verdadera gavilla que arrastró al propio presidente Horacio Cartes, a quien un grupo de oportunistas convenció de impulsar una gran operación comercial. Mientras los miembros de la gavilla tengan la manija del poder político, irán adelante con su negociado. Solo la movilización firme y sostenida de los esteños en las calles evitará que se consume este vil despojo de un bien de incalculable valor para su ciudad.

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El despojo del predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) que, en connivencia con empresarios extranjeros, una banda de políticos locales pretende consumar, no es simplemente un acuerdo consistente en ceder el uso de un inmueble público a una actividad privada por 30 años, sino que representa la pérdida de un espacio de casi 12 hectáreas, abierto, libre, verde, que envuelve la barranca paraguaya sobre el río Paraná, dándole un valor ambiental incalculable a una ciudad que inicialmente se llamó “jardín” y que hoy es un montón de edificaciones abigarradas, desprovista de estética, sucia y desordenada, debido, principalmente, a sus sucesivas pésimas y corruptas administraciones municipales.

El terreno del que se pretende despojar a la ANNP tiene un valor estimado en nada menos que unos 185 millones de dólares. Es un invalorable espacio público que, lamentablemente, cayó en la mira de una verdadera gavilla que arrastró al propio presidente Horacio Cartes, a quien un grupo de oportunistas convenció de impulsar una gran operación comercial.

Las objeciones surgieron y se expresan diariamente. Respecto a las mismas, al ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, no se le ocurrió nada más inteligente que proferir el siguiente comentario: “Si no se hace algo, en la cabecera del puente van a crecer yuyos dentro de tres o cuatro años”. Así justifica un verdadero atraco a la legalidad. Parece mentira escuchar este tipo de estupideces de parte de una persona que recibió educación superior; sin embargo, algún interés particular ha de tener, además de ser el iniciador de esta aventura.

En efecto, fue precisamente él, junto con el gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías Irún, quienes realizaron en Israel el contacto clave con el empresario Simón Falic, facilitado por un empresario brasileño de nombre Darío Messer (declarado su “hermano espiritual” por Horacio Cartes). Tenían puesta la mirada sobre ese privilegiado lugar de Ciudad del Este, donde el futuro concesionario proyecta la construcción y funcionamiento de un hotel casino con la franquicia de la conocida marca internacional “Hard Rock”.

La hambrienta gavilla conocida por “Clan ZI”, que está conformada primariamente por el exintendente de Ciudad del Este y exdiputado colorado Javier Zacarías Irún; por su hermano, el actual gobernador del Alto Paraná, Justo Zacarías Irún, y por la consorte del primero, Sandra McLeod de Zacarías, actual intendenta de la ciudad citada, quedó inmediatamente prendida al proyecto, comenzando a allanar contra viento y marea el camino burocrático.

Inmediatamente, la banda conformada para concretar este negociado consiguió la dócil cooperación de altos funcionarios del Gobierno. Además de los ya nombrados, se confabularon el presidente de la ANNP, Héctor Duarte; el presidente de Aduanas, Nelson Valiente; el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Javier Balbuena; y el titular de la Secretaría Nacional de Cultura, Fernando Griffith. Y, por supuesto, los concejales colorados de Ciudad del Este, del periodo anterior, Nery Jara, Gustavo Ruiz Díaz, Celso Morel, Isaías Álvarez, Aída Molinas, Alberto Núñez y Juan Ángel Núñez, que aprobaron una ordenanza nula para, supuestamente, “habilitar” el predio destinado a la finalidad deseada. Todos estos dieron su bendición, como si el proyecto fuese legítimo y patriótico, cuando es precisamente lo opuesto. Ninguno de estos funcionarios tuvo las agallas necesarias para denunciar un negociado en el que puso sus fichas el mismo Presidente de la República.

Conviene que la historia recoja y anote a los que se involucraron en esta inmunda operación en marcha. Si es que el despojo a la ANNP –o sea, al Estado paraguayo– culmina exitosamente, los paraguayos del futuro querrán conocer los nombres de quienes vendieron bienes de la patria y, tal vez, si nuestra suerte cambia y la Justicia despierta o retorna, ella logre demandar y darles su merecido a los culpables por latrocinio y traición.

Pero veamos quiénes tendrán que responder por ello. A la cabeza del desfile van los personajes ya nombrados, impulsores directos y principales socios en la operación, a más de los concejales mencionados. La intendenta esteña, Sandra McLeod de Zacarías, está metida en el asunto hasta el cuello, por motivos obvios.

Al principio acérrimos adversarios de Horacio Cartes, prontamente los integrantes del “Clan ZI” se le asociaron para concretar los grandes negocios que olfatearon juntos. Desde luego, es tonto que, ambicionando ambas partes los mismos tesoros, se anulen recíprocamente en vez de juntarse para aprovecharlos en sociedad, que es lo que están haciendo precisamente ahora.

Culpables por complicidad u omisión (ñembotavy) son los miembros del Directorio de la ANNP: Julio Taboada Godoy, Marcos Barrios Monges, Antonio Quiñónez Franco, Rogelio Negri, Aldo Olmedo Almada, Cinthia Martínez Correa y Carlos Irala Fernández. Además, Alexis González Sandoval, Rodolfo Gómez Villalba, María Ortiz Ayala, Carlos Fariña Cabrera, Carlos Saldívar Elías y Timoteo Pérez Griffith. Asimismo, Sindulfo González Guerrero, María Galeano Noguera, Manuel Alarcón Battaglia y Orlando Gaona Ávalos.

Otros oportunos “ñembotavy”, hasta el momento, son el contralor general de la República, Enrique García; el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón; el procurador general de la República, Roberto Moreno (quien reconoció la ilegalidad del proyecto en otro caso totalmente similar sobre el mismo predio), y el defensor del Pueblo, Miguel Godoy. Su silencio y su inacción los hacen sospechosos de colusión o, por lo menos, de cobardía personal.

Mientras los miembros de la gavilla tengan la manija del poder político, irán adelante con su negociado. Solo la movilización firme y sostenida de los esteños en las calles evitará que se consume este vil despojo de un bien de incalculable valor para su ciudad.

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