Ruta de la Espiritualidad, un proyecto con tufo político

El director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, anunció en el Obispado de Caacupé que el Presidente de la República le autorizó a financiar la construcción de “La Ruta de la Espiritualidad”, un corredor de siete kilómetros para que los peregrinos puedan transitar hasta la Basílica de la Virgen. Costará más de 12 mil millones de guaraníes –incluyendo tres esculturas– que no estarán incluidos en el Presupuesto nacional. El obispo diocesano, Mons. Ricardo Valenzuela, calificó de “muy importante” el emprendimiento. No dudamos en absoluto de la buena fe del prelado, quien el pasado 8 de diciembre pronunció una formidable homilía contra la corrupción. Pero resulta que los “gastos sociales y ambientales” de la entidad binacional vienen siendo cuestionados desde hace muchos años, por tratarse de unos fondos que se manejan a la entera voluntad del Presidente de la República y, por supuesto, de las autoridades de la EBY. No están aprobados por el Congreso ni auditados por la Contraloría General, con la excusa de la binacionalidad. Pero el dinero pertenece al Paraguay y debe formar parte del Presupuesto nacional. La EBY es un barril sin fondo, sin control alguno.

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El director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos, anunció en la sede del Obispado de Caacupé que el Presidente de la República le autorizó a financiar la construcción de “La Ruta de la Espiritualidad”. Se trata de un corredor, de unos siete kilómetros de largo, por el que podrán transitar los peregrinos que se dirigen a la Basílica de la Virgen de Caacupé. Costará más de 12 mil millones de guaraníes –incluyendo tres esculturas–, que no estarán incluidos en el Presupuesto nacional. La inversión, por tanto, fue aprobada solo por el Jefe de Estado, con el beneplácito de Mons. Ricardo Valenzuela: “Esto es muy importante para el país y para el exterior. Ya recibimos dos papas, cardenales, obispos. Todo esto que se está haciendo va a ser una belleza, nos pone muy contentos”, afirmó en el acto de presentación del proyecto, agradeciendo a la vez la asistencia del director de la EBY: “Vino. Eso muestra su compromiso y seguridad de que esto sí o sí se va a realizar”.

No dudamos en absoluto de la buena fe del prelado, quien precisamente, en la última festividad de Caacupé pronunció una formidable homilía en presencia de las más altas autoridades de la Nación. En una de sus partes más festejadas por los presentes y por la ciudadanía en las redes sociales, exclamó: “¡Basta ya! ¡Basta de la desvergonzada corrupción e impunidad a la que se ha llegado”! Cuesta creer que la EBY haya estado entonces libre de esa lacra y que, en todo caso, lo vaya a estar el 8 de diciembre venidero.

Resulta que los “gastos sociales y ambientales” de esa entidad binacional vienen siendo cuestionados desde hace muchos años, por tratarse de unos fondos que se manejan a la entera voluntad del Presidente de la República y, por supuesto, de las autoridades de la entidad binacional. No están aprobados por el Congreso ni auditados por la Contraloría General de la República, con la excusa de la binacionalidad de la hidroeléctrica. Puro cuento. El dinero pertenece al Paraguay y debe formar parte del Presupuesto nacional, que si bien no realiza la mejor asignación de los recursos, al menos permite saber adónde van y cómo son administrados. La EBY es un barril sin fondo, sin control alguno. Será por algo que sus directivos se oponen a la auditoría y solo cabe pensar en corruptelas sistemáticas.

Por otra parte, es llamativo que, de pronto, el director de la EBY irradie “espiritualidad” y quiera aparecer como un gran benefactor del catolicismo y de su Iglesia. Sobre él pesan serios indicios de haberse enriquecido ilícitamente. Su majestuosa residencia en el barrio Herrera de Asunción, con salidas sobre las cuatro calles de la manzana, construida poco después de ingresar a la función pública y tras ser un modesto periodista, hace difícil creer que se hizo de una fortuna solo porque no gasta en bebidas ni cigarrillos. Se cuenta que no fuma y que es abstemio.

Su ingreso actual de 98.251.153 guaraníes mensuales lo consiguió indignamente, como una suerte de indemnización por haber desistido de su inconstitucional pretensión de fungir como senador electo. Está muy lejos de tener la autoridad moral de los pontífices Juan Pablo II y Francisco, que visitaron la Basílica Santuario de Caacupé. Conociendo su insaciable ambición política, al congraciarse con los creyentes católicos –la enorme mayoría en el país– y sus pastores, con un dinero que no saldrá de sus bolsillos, solo busca ganar adhesiones que podrían traducirse en votos. Dada su trayectoria, es difícil pensar que sus pasos sean guiados por la filantropía o el “deseo de contribución con todo lo que representa el desarrollo de los valores cristianos”, como tuvo a bien expresar en la ocasión referida.

Aparte de señalar que la obra será muy importante para el pueblo católico y para la sociedad toda, “más allá de las religiones”, aprovechó la oportunidad para informar que la EBY “está atenta para colaborar en el fortalecimiento de la educación pública, el mejoramiento de aulas, de puestos de salud, que son áreas vitales para la Nación y que representan, de alguna manera, la centralidad de la política de nuestro Gobierno”. En síntesis, Duarte Frutos maneja un poderoso superministerio sobre el que, repetimos, no existe control alguno.

En Caacupé, Nicanor Duarte Frutos habló no solo como un vocero, sino también como un ejecutor de la política gubernativa, incursionando en áreas propias de los ministerios de Educación y Ciencias y de Salud Pública y Bienestar Social. En cuanto a la obra en ciernes, también manifestó su comprensible propósito de que esté concluida para el próximo 8 de diciembre. Los peregrinos se enterarán entonces de que este político tuvo la generosidad de facilitarles el camino a la Basílica Santuario para honrar a la Virgen. ¡Qué mejor publicidad para fortalecer su ambición de poder! Es de suponer que en los días previos y durante la celebración principal, como todos los años, los obispos denunciarán con vigor la corrupción reinante y que lo mismo hará Mons. Valenzuela, en presencia de altas autoridades, entre las cuales estará, seguramente, el gran benefactor de marras, quien, por cierto, no profesa la religión católica.

Esta razonable sospecha induce a preguntarse si la jerarquía eclesiástica está dispuesta a recibir todo dinero público, aunque sea malversado. Valga como pequeño ejemplo que el 12 de marzo de 2015, el aún intendente de Concepción, Alejandro Urbieta, hoy investigado por el Ministerio Público y resistido fuertemente por sus compueblanos, entregó a la “Comisión pro Iglesia San Pablo”, de Hugua Rivas, cinco millones de guaraníes provenientes del Fonacide. ¿Supo la Conferencia Episcopal Paraguaya del origen de la “donación”?

Es justo y necesario que al criticar la corrupción se ponga mucho cuidado en ciertos gestos de amor a la Iglesia. Quizá haya quienes crean que así salvarán sus almas podridas, pero serán más numerosos los que busquen votos terrenales para ser reelectos y seguir robando. Por tanto, y repitiendo que no dudamos en absoluto de la buena fe de los prelados, una actitud prudente daría mayor credibilidad a sus prédicas. Recuérdese también que la EBY entregó a la diócesis de Encarnación 51 millones de guaraníes entre enero de 2016 y junio de 2018, 20 millones a la de San Juan Bautista en enero de 2017 y 33 millones al Movimiento de Cursillos de Cristiandad en junio de 2018. Estos aportes no le hacen nada bien a la Iglesia Católica, a sabiendas de la discrecionalidad con que se manejan tales fondos.

Por el momento, Duarte Frutos no puede volver a encargarse de la administración general del país, pero bien podría aspirar a la presidencia de la ANR mediante el manejo arbitrario del dinero de la EBY. En el caso comentado, tuvo a bien solicitar la aprobación del Jefe del Poder Ejecutivo, concedida en mala hora, pero su margen de maniobra, en lo que hace a los recursos humanos y materiales de la EBY, es considerable. En los últimos días se informó que está incorporando una numerosa clientela a la ya abarrotada burocracia de esa entidad binacional. Como si el manejo del país necesitara más funcionarios pagados con el dinero del pueblo.

No resulta ocioso apuntar que en el Paraguay no existe una religión oficial desde 1992, aunque la Constitución “reconoce el protagonismo de la Iglesia Católica en la formación histórica y cultural de la Nación”. También dice que sus relaciones con el Estado “se basan en la independencia, cooperación y autonomía”. Por el bien de la propia Iglesia, cuya lucha contra la corrupción imperante es encomiable, dicha cooperación no debe implicar que se le entreguen fondos públicos sin control parlamentario ni de la Contraloría, o que sean lisa y llanamente malversados.

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