En la inauguración de una nueva planta procesadora de alimentos balanceados, el presidente de la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), Edwin Reimer, realizó una atinada apreciación sobre una preocupante realidad: las autoridades políticas están priorizando la reelección presidencial, mientras el Paraguay afronta problemas gravísimos, como la inseguridad, los asesinatos, los secuestros y las invasiones de tierras.
La circunstancia señalada por el dirigente de las entidades cooperativas, expresada también más de una vez por otros exponentes del llamado sector productivo, evidencia que el interés personal del presidente Cartes y el del senador Fernando Lugo están muy por encima del interés general de la nación, pese a que el primero, en su mensaje del 31 de octubre, enfatizó: “Como presidente de la República, me comprometo y pido a los miembros del Congreso que nos enfoquemos a seguir trabajando por atender los problemas que afectan a nuestro país, para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos”. Pero ahora resulta que quien tiene a su cargo la administración general del país está dejando de lado sus funciones para consagrarse de hecho a la tarea de “convencer” a uno que otro senador renuente a satisfacer su ambición ilegítima, para aprobar una enmienda de la Constitución a todas luces irregular. En vez de dedicarse exclusivamente a los asuntos de Estado, como los referidos por el empresario menonita en nombre de sus colegas, y aludidos por el propio Primer Mandatario en la memorable ocasión mencionada, se halla abocado a desperdiciar el tiempo de la peor manera.
Claro que no solo el Poder Ejecutivo está concentrado en una desdichada aventura que desvía su atención de los problemas del país. Huelga apuntar que también los senadores y diputados están absorbidos por el tema de la enmienda, ya sea para operar a favor o en contra de la iniciativa o, sencillamente, muchos de ellos para especular acerca de los ofrecimientos monetarios que provengan del Poder Ejecutivo. Sus argumentos son lo de menos.
En cuanto a los gobernadores departamentales, de los once colorados existentes, solo uno se opone a la ilegal intención de la enmienda, pero todos por igual están ocupados en operar en esta cuestión política, mientras las necesidades de los pobladores de sus respectivos departamentos pasan a segundo término. No sería raro, por cierto, que también los jefes comunales estén ahora mucho más interesados en el desenlace de lo que se viene tramando, por obra y gracia del desmemoriado Presidente de la República y de sus nuevos aliados.
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El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, afirmó que “nuestro Presidente está tomando velocidad recién ahora” y reconoció que también “se está trabajando para modificar la Constitución”. Por lo visto, el titular del Poder Ejecutivo necesitó más de tres años para cobrar impulso, pero solo para ocuparse de una cuestión ajena al bien común, pese a lo que el mismo Jefe de Estado afirmó en su reciente mensaje, algo que habrá que recordársele una y otra vez: “Esta administración se ha caracterizado por priorizar la transparencia y el bien común por encima de los intereses sectarios. Nos mantendremos en esta senda a cualquier costo”. No cumplió con su palabra, como es de pública notoriedad. Lo más probable es que esté “tomando velocidad” simplemente porque el tiempo apremia para violentar la Constitución y satisfacer su deseo irrefrenable de seguir ocupando el Palacio de López.
Queremos “hacer mucho más”, dijo también el ministro Jiménez Gaona, lo cual puede resultar muy cierto. Pero si el presidente Cartes continúa en su descabellada pretensión, gastará también mucho más para comprar votos, más aún si su proyecto de hacer el “rekutu” se le va escapando de las manos, el tiempo apremia y el precio en la subasta de conciencias va subiendo por las nubes. Y en caso de que consiga los votos necesarios, la nueva apuesta estará centrada en el referéndum, donde puede darse por descontado que todos los recursos humanos y materiales del Estado serán manipulados para influir decisivamente en el resultado de la consulta. Y, ¡Dios salve a este país!, no hablemos ya de unas elecciones generales, pues si han pisoteado la Constitución para llegar a esa instancia, no podrán permitirse jamás el lujo de perder en la recta final.
El irritante clima generado por el titular del Poder Ejecutivo al faltar groseramente a su palabra empeñada ante toda la ciudadanía conspira, así, contra el desarrollo, como bien lo advierten los actores económicos del país. Si hoy mismo este proyecto inmoral y antijurídico ya está creando zozobra, es fácil vislumbrar el panorama del próximo año si el país tuviera la desdicha de que llegue a aprobarse: se seguirá secuestrando a productores y atentando contra la propiedad privada; los motochorros continuarán asaltando y matando gente; los hospitales seguirán careciendo de medicamentos, las escuelas de pupitres y materiales, los caminos de puentes y el narcotráfico bien protegido por políticos bandidos.
Pero nada de esto les importa a quienes están decididos a continuar a toda costa mamando de las tetas del Estado. Solo los ciudadanos y las ciudadanas movilizados en las calles podrán impedir que esos saboteadores del progreso se salgan con la suya.