Hace algunas semanas, pobladores del municipio de Villa Hayes, en el Bajo Chaco, alertaron a las autoridades sobre la descomunal cantidad de peces muertos que aparecieron en las aguas del río Confuso, que nace en el estero Patiño y desemboca en el río Paraguay. Las fotografías difundidas por la prensa causaron realmente estupor y pena, por la magnitud del desastre.
No es la primera vez que esto ocurre en ese río, pues en 2009 el entonces fiscal del ambiente José Luis Casaccia ya intervino en un caso similar ante la denuncia de los lugareños, constatando una impresionante cantidad de peces muertos. En ese entonces, todas las evidencias, más los testimonios recogidos en el distrito de Villa Hayes, daban cuenta de que el hecho se debía a los efluentes vertidos sin ningún tipo de tratamiento por la curtiembre “San Francisco”, ubicada a unos kilómetros río arriba de donde se produjo la mortandad.
En el caso más reciente, y de acuerdo a los informes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Gobernación de Presidente Hayes, respaldados en el análisis hídrico realizado por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), las aguas del río Confuso contenían exceso de nitrógeno, fósforo, grasas y aceites, y baja cantidad de oxígeno, suma de factores que fue el detonante de este nuevo desastre ecológico. Estos componentes son residuos o consecuencias de la actividad de las curtiembres.
Este nuevo caso constituye un grave delito ambiental que exige una firme intervención de las autoridades competentes para aplicar una sanción penal a los responsables, pero todo indica que nuevamente va rumbo al “oparei”, como ocurrió en el suceso anterior mencionado, en que no se conoció ninguna medida punitiva contra los contaminadores. Y como la impunidad es una invitación para seguir delinquiendo, los empresarios malhechores –coimas de por medio– continuarán contaminando los ríos y los peces seguirán muriendo en grandes cantidades, en una sucesión de crímenes medioambientales sin castigo.
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En estos repetidos desastres en el mismo río tiene mucho que ver la desidia de una serie de autoridades, comenzando por la Seam y siguiendo con la Gobernación departamental y la Municipalidad de Villa Hayes. La indolencia subió de punto cuando, más de una semana después de haberse realizado la denuncia, los peces muertos continuaban pudriéndose en el lugar, contaminando aun más las aguas y emitiendo un hedor insoportable. ¿No les conmueven estos casos a los funcionarios que ganan su salario pagado con dinero de los contribuyentes, justamente para atender esta clase de problemas?
Como siempre ocurre, los burócratas de la Seam, para sacarse de encima el problema, lo primero que afirmaron es que la mortandad pudo haber sido causada por un “encajonamiento de peces” y “por la bajante del cauce hídrico”. Estas teorías quedaron desechadas con los resultados de las pruebas de laboratorio, que revelaron que los peces murieron a consecuencia de agentes químicos utilizados en la curtiembre.
La ciudadanía sabe que la Seam es el organismo del Estado que debe atender estos asuntos. Su función radica en controlar y fiscalizar, entre otras cosas, actividades relacionadas con los recursos hídricos del país. Lamentablemente, esta institución sigue en el letargo que le imposibilita responder con presteza a los graves problemas ambientales que afectan a los paraguayos.
La Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, de la Seam, es la instancia que debe realizar, junto con los Gobiernos departamentales y municipales, las acciones más oportunas para preservar la calidad ambiental de los recursos naturales, pero, como se puede observar, la situación ambiental de nuestro país va de mal en peor.
Mientras el deterioro ambiental va en aumento, el ingeniero Rolando de Barros Barreto, titular de la Seam, más ocupado en buscar las justificaciones que han llevado al presidente Horacio Cartes a promulgar un decreto para arrasar con los bosques nativos, no se percata –o no quiere hacerlo– de que los recursos hídricos del país de los que dependen muchas comunidades para su supervivencia, como también los trabajadores que viven de la pesca comercial, están a merced de las industrias inescrupulosas que a diestra y siniestra los vienen destruyendo.
La contaminación del río Confuso implica una flagrante violación de la Ley 716/96, que sanciona los delitos contra el ambiente. A este respecto, el art. 8 de la mencionada ley dispone que “los responsables de fábricas o industrias que viertan efluentes o desechos industriales no tratados de conformidad a las normas que rigen la materia en lagos o cursos de agua subterráneos o superficiales o en sus riberas, serán sancionados con uno a cinco años de penitenciaría y multa de 500 (quinientos) a 2.000 (dos mil) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas” (las negritas son nuestras).
Como se podrá observar, estas y otras normativas ambientales son letra muerta.
Las ciudadanas y los ciudadanos de las comunidades afectadas por estas catástrofes ya no deben quedarse callados, sino exigir a las autoridades, con manifestaciones públicas en las calles, que cumplan con su labor de preservar el entorno.
Este acto de salvajismo perpetrado en el río Confuso, que ha ocasionado una verdadera masacre ambiental, al afectar no solo a los peces sino también al ecosistema de la zona, no debe quedar impune.