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11 de Setiembre de 2018

 

Sanear el Congreso de la narcopolítica

El diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete) usaba una lujosa camioneta que pertenece al presunto delincuente Reinaldo Javier Cabaña (“Cucho”). Ahora está imputado como autor o cómplice de los delitos de tráfico de drogas y de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, con lo cual se evidencia de nuevo que el crimen organizado ha corrompido la política y, en especial, el Poder Legislativo. Además de su vínculo con “Cucho”, Quintana fue defensor de Tomás Rojas Cañete, alias “Toma’i”, jefe narco del Alto Paraná, detenido en 2011. En 2014, varios legisladores fueron denunciados también por supuestos vínculos con el narcotráfico, pero el Ministerio Público no tomó en serio la denuncia y el asunto terminó en la nada. El caso de “Cucho” Cabaña, quien aportó dinero para la campaña del diputado Quintana, según lo reconoció este, vino a confirmar un secreto a voces: el financiamiento de la política por parte del narcotráfico. Es saludable que Patria Querida se proponga ahora promover cambios en las normas que regulan la actividad política. Se debe sanear el país de la influencia de la narcopolítica, comenzando por el Congreso. Quienes tengan vínculos con el narcotráfico deben ser sometidos a la Justicia, para que no sigan ensuciando sus bancas.

El diputado Ulises Quintana (ANR, Añetete) –hijo del juez Cleto Quintana, destituido en 2013 por haber liberado a diez narcotraficantes durante una feria judicial– usaba una lujosa camioneta que pertenece al presunto delincuente Reinaldo Javier Cabaña (“Cucho”). Ahora está imputado como autor o cómplice de los delitos de tráfico de drogas y de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, con lo cual se evidencia de nuevo que el crimen organizado ha corrompido la política y, en especial, el Poder Legislativo. Además de su estrecho vínculo con “Cucho”, Quintana fue el defensor de Tomás Rojas Cañete, alias “Toma’i”, considerado un verdadero jefe narco del Alto Paraná, detenido en 2011 junto con varios miembros de su banda, en posesión de 101 kilos de cocaína.

Valgan estos datos para sospechar del estrecho vínculo que existe entre los narcotraficantes y los políticos. Al respecto, se recordará que el 20 de noviembre de 2014, fundados en datos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), los senadores de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico denunciaron por sus lazos con ese sucio delito a los entonces diputados titulares Bernardo Villalba, Marcial Lezcano y Freddy D’Ecclesiis, así como al suplente Carlos Rubén Sánchez (“Chicharõ” ), a la “parlasuriana” Concepción de Villaalta y al diputado Magdaleno Silva, asesinado pocos meses después, todos ellos pertenecientes al Partido Colorado. En el debate posterior a la exposición de los hechos, que estuvo a cargo del actual titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, el hoy presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo que esperaba que el Ministerio Público tome en serio la denuncia y que era de conocimiento público que la narcopolítica había permeado todas las instituciones, incluida la Senad. En la misma ocasión, el actual canciller Luis Castiglioni exigió al Ministerio Público y a los poderes Ejecutivo y Judicial que se llegue al fondo de la cuestión.

En realidad, el organismo que dirigía el entonces fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, no tomó en serio las revelaciones y el caso terminó en la nada. Los legisladores involucrados no fueron molestados siquiera para una consulta y siguieron firmes en sus bancas, tanto que Villalba se mantuvo al frente de la Comisión de Legislación de la Cámara Baja y, pese a tener sobre sí la tremenda denuncia, fue designado para integrar nada menos que la Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia. Hoy es senador suplente, mientras que D’Ecclesiis –cuyo tío y un primo fueron arrestados en Estados Unidos, siendo el segundo condenado por tráfico de cocaína– logró ser reelecto como diputado titular. Según la denuncia de la referida Comisión, existiría un “clan” del que también forma parte su hermano Víctor, quien en 2006 se responsabilizó de una carga de 195 kilos de cocaína, hallada en Pedro Juan Caballero, en un inmueble del diputado. El citado estuvo recluido en Uruguay, y sobre el propio legislador pesó en un momento orden de captura.

Quienes conquistaron una banca gracias a sus nexos con la mafia deben mostrarse bien agradecidos, promoviendo iniciativas que la favorezcan o frustrando otras que la perjudiquen. El abogado Bernardo Villalba tenía, a su vez, estrechos vínculos con narcotraficantes, a juzgar por la ayuda que pidió en 2011 para su próxima campaña electoral al conocido Carlos Antonio Caballero (“Capilo”), condenado por narcotráfico. Es lo que se desprende, al menos, de su famoso pedido telefónico: “¡Apoyame a mí para diputado, y vas a ver actuar a un diputado valé!”. Para demostrarlo, impulsó un proyecto de ley –felizmente rechazado– que prohibía la extradición de paraguayos requeridos por la Justicia brasileña, incluso de narcotraficantes. Tampoco prosperó su iniciativa de elevar el tope de los donativos para los comicios generales y municipales, así como de excluir a la Contraloría General de la República del examen de las cuentas. El aberrante proyecto fue aprobado por la Cámara Baja, pero la decisión fue revocada días después debido a la indignación ciudadana ante la palmaria intención de que las campañas electorales sean solventadas con más dinero sucio que escape a una auditoría. Se salió con la suya, sin embargo, al lograr que las listas de candidatos, tanto en los comicios internos como en los generales y municipales, siguieran estando bloqueadas, de modo que los actuales legisladores fueron elegidos mediante las fatídicas “listas sábana” de siempre.

El caso de “Cucho” Cabaña, quien aportó dinero para la campaña del diputado colorado Ulises Quintana, según lo reconoció este, vino a confirmar un secreto a voces: el financiamiento de la política por parte del narcotráfico que, pese a la seriedad de la denuncia presentada anteriormente nada menos que en el propio Congreso, no fue investigado por el Ministerio Público, antes a cargo de Javier Díaz Verón y desde hace algún tiempo de Sandra Quiñónez.

Esta cuestión está ligada a que el nada desinteresado patrocinio mafioso puede intervenir, sobre todo, en las elecciones internas de los partidos tradicionales, donde resulta bastante caro comprar un lugar promisorio en la lista de candidatos y movilizar a los afiliados. Son demasiados los inescrupulosos que no vacilan en recurrir a esas fuentes de financiamiento, cuyo control es prácticamente nulo. Ahora sabemos que “Cucho” le dio una manito al diputado Quintana, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de su Cámara.

En este lóbrego escenario, es saludable que la bancada de Patria Querida se proponga ahora promover cambios en las normas que regulan la actividad financiera de los partidos, movimientos políticos y alianzas electorales. La diputada Rocío Vallejo dijo muy bien que será una oportunidad para ver quiénes desean la transparencia y quiénes no. Es motivo suficiente para que los ciudadanos y las ciudadanas estén alertas y dispuestos a repudiar a quienes pretenden que la mano negra del narcotráfico continúe dirigiendo los destinos del Paraguay. Se debe sanear el país de la influencia de la narcopolítica, comenzando por el Congreso. Quienes tengan vínculos con el narcotráfico deben ser sometidos cuanto antes a la Justicia, para que no sigan ensuciando sus bancas.

 
 

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  • TODOS LOS POLITICOS Y QUIEN SEA , Y MAS TODAVIA QUIEN OCUPA CARGO PUBLICO COMO CONGRESISTA DEBE SER DESAFORADO Y SOMETERSE A LA JUSTICIA ORDINARIA , Y SI NO FUERE ASI VAMOS A RODEAR ESE CONGRESO DE CORRUPTOS PARA ENVIARLES EL MENSAJE QUE YA NO TOLERAREMOS QUE UTILICEN SUS CARGOS PARA TRAFICAR INFLUENCIAS ...........O AHORA O NUNCA......

    juanireneosaldivar 11 Setiembre 2018, 23:56:42 

 

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