Con el desbloqueo de las listas de candidatos en las elecciones internas, generales y municipales, mediante la introducción del llamado voto preferencial, ambas Cámaras del Congreso han respondido a la demanda ciudadana de liberar al elector de la necesidad de aceptar a ciegas un orden impuesto por los “líderes” de partidos o movimientos. Que pueda votar por uno de los miembros de su lista favorita para que él o ella la encabece, implica un plausible avance hacia su libertad, en detrimento del poder de las cúpulas. El ejercicio masivo de ese derecho será una condición necesaria, pero no suficiente, para impedir que se instalen en el Congreso, así como en las Juntas Municipales y Departamentales, personajes impresentables que se cuelan en una lista a platazo limpio. En otras palabras, el dinero sucio seguirá jugando, como hasta ahora, un gran papel en las contiendas electorales, mientras continúen vigentes ciertas normas del Código Electoral, modificadas y ampliadas por la Ley N° 4743/12, que regula el financiamiento político. También seguirá influyendo mientras Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka permanezcan al frente de la Justicia Electoral.
En cuanto a la primera cuestión, como el voto preferencial conllevará que cada uno de los integrantes de una lista realice su propia campaña electoral en los diversos comicios, la atención que deberá prestarse al factor monetario tendrá que ser aún mayor. Resulta que, hasta hoy, quien compraba un buen lugar en una de las principales listas presentadas en las elecciones internas de los partidos tradicionales, por ejemplo, bien podía abstenerse de invertir más dinero para movilizar a sus correligionarios y convencerles de sus virtudes, pues su aporte también servía para el efecto. Si ocupaba uno de los primeros puestos en la lista partidaria resultante, ya no tenía de qué preocuparse. En adelante, deberá invertir también para retener o mejorar el lugar comprado para competir en las elecciones internas y hacer lo mismo más tarde en las “externas”, dado que también estará lidiando con sus propios compañeros, por así decirlo. O sea que gastaría más, de modo que habrá que reforzar notablemente las normas del Código Electoral, ya de por sí muy endebles para impedir el influjo del dinero mal habido.
Para empezar, el art. 64 dice que “no será necesaria la contabilización de los gastos en que incurrieron los candidatos en elecciones internas. Solo se registrarán los gastos de funcionamiento, organización, formación, investigación y publicidad, realizados por el partido político”. Es decir, la contabilización será innecesaria justamente en la etapa en que más corre la plata generada por delitos tales como el narcotráfico, el contrabando, la evasión impositiva o el tráfico de influencias.
En la “clase política” se ha llegado a hablar de que, en todo caso, las cuentas sean rendidas por los movimientos internos, cuando que lo que se impone, ahora más que nunca, es fiscalizar a los candidatos, individualmente. Si cada uno de ellos habrá de competir incluso con los integrantes de su propia lista, es lógico que su patrimonio, sus ingresos, sus egresos y sus vínculos personales sean objeto de un minucioso escrutinio interinstitucional, en el que intervengan la Contraloría General de la República, la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Secretaría Nacional para la Prevención de Lavado de Dinero, el Banco Central y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
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La ciudadanía tiene derecho a saber qué intereses mueven a quienes aspiran a ejercer una función pública como legislador o concejal, de modo que es necesario que sean puestos bajo la lupa para evitar que las bancas sean ocupadas gracias al dinero negro para un enriquecimiento ilícito aún mayor. Las campañas electorales tampoco deben servir para blanquear ingresos mafiosos ni comprar votos a futuro en perjuicio del bien común. Siendo indispensable la transparencia personal, incluso la de los candidatos a ocupar cargos plurinominales, tanto en los comicios internos como en los municipales y generales, es indispensable que también valgan para ellos las prohibiciones impuestas por el art. 282 del Código Electoral a los partidos, movimientos políticos y alianzas, en cuanto a la recaudación de fondos destinados a la campaña electoral. También es preciso que los organismos que deben velar por el correcto financiamiento político sean del todo confiables.
El desbloqueo de las listas y el mayor control legal del financiamiento político no bastarán para impedir que los candidatos de los delincuentes o estos mismos se salgan con la suya, mientras no se cuente con un TSJE del todo confiable. Aparte de ampliar el Código Electoral para incluir el control de los gastos efectuados individualmente por los integrantes de una lista de candidatos, será ineludible que la Justicia Electoral esté encabezada por unos magistrados intachables, que nunca hayan cobrado viáticos indebidos, ni prevaricado para permitir candidaturas inconstitucionales ni mutilado un artículo de la Ley Orgánica Municipal para favorecer a un intendente. Es decir, aparte de que cada uno de los candidatos eleve al Tribunal Electoral de la circunscripción respectiva una cuenta documentada de todos los gastos e ingresos causados por su campaña y un informe anexo acerca de los aportes recibidos, con indicación de su origen y monto, será también necesario que el TSJE ejerza la superintendencia con potestad disciplinaria sobre toda la Justicia Electoral, para que los Tribunales Electorales cumplan con su deber legal de exigir toda la documentación correspondiente.
El grave problema que tienen los actuales miembros del TSJE es que carecen de autoridad moral para ejercer dicha superintendencia, así como para fiscalizar el patrimonio de las organizaciones políticas, examinando la documentación, los libros y los estados contables. No se trata solo de la falta de equipamiento adecuado o de la existencia de funcionarios que venden votos a posteriori, sino de que los referidos magistrados no garantizan que el dinero sucio deje de incidir en los comicios, aunque se dispongan las reformas legales pertinentes. Hasta cabría preguntarse si tendrían ganas de hacerlo, dado que muchos de aquellos legisladores a quienes deben su permanencia en el cargo son unos impresentables que ocupan un escaño gracias al dinero mal habido.
No es cuestión de cambiar algo, para que todo siga igual. Por eso, ahora urge que al frente de la Justicia Electoral se hallen personas que estén más allá de toda sospecha.