14 de Enero de 2017

 

Se agrava el problema de la drogadicción

A pocos días de haber sido seleccionada por la Senavitat para ocupar una vivienda social en el barrio San Francisco de la capital, la joven Talía Torres, de diecinueve años, falleció en compañía de su niña de tres años al quemarse la choza de madera y cartón que ocupaban en el barrio Ricardo Brugada. Se presume que en el momento del incendio estaba bajo los efectos del crack, ya que no intentó abandonar la precaria construcción, que ni siquiera tenía una puerta. Su triste vida, con un desenlace tan trágico, resume un grave problema social que hasta hoy no ha merecido la más mínima atención, ni del Estado ni de la gente.

A pocos días de haber sido seleccionada por la Senavitat para ocupar una vivienda social en el barrio San Francisco de la capital, la joven Talía Torres, de diecinueve años, falleció en compañía de su niña de tres años al quemarse la choza de madera y cartón que ocupaban en el barrio Ricardo Brugada. Se ganaba el pan limpiando vidrios en la avenida Costanera, y se presume que en el momento del incendio estaba bajo los efectos del crack, ya que no intentó abandonar la precaria construcción, que ni siquiera tenía una puerta.

Ella fue una de las tantas madres solteras, jóvenes y drogadictas, que viven solas con sus hijos, y logran un poco de dinero mediante una actividad riesgosa. En la madrugada fatal, solo estuvo acompañada por un toxicómano, que dejó el lugar antes del incendio. Su triste vida, con un desenlace tan trágico, resume un grave problema social que hasta hoy no ha merecido la más mínima atención, ni del Estado ni de la gente.

Es probable que Talía haya crecido en un hogar sin padre y que apenas haya visitado la escuela primaria, sin haber aprendido un oficio ni oído hablar de los embarazos no deseados. Lo cierto es que dio a luz a los dieciséis años y que, acaso para olvidar sus penas y por influjo de malas compañías, destinaba una parte de sus magros ingresos al consumo de la droga más nociva del mercado. Su pequeña hija estaba sumida en un cruel desamparo, sin que ni la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), ni la Defensoría de la Niñez, ni la Fiscalía de la Niñez, ni el Juzgado de la Niñez se hayan ocupado alguna vez de ella, pese a que sus oficinas están ubicadas no muy lejos del lugar del siniestro, que fue el tercero que afectó a la choza. En cuanto a los vecinos, tenían que haber sabido que la niña no podía seguir viviendo con su madre en esas miserables condiciones, y que su deber era formular la denuncia correspondiente.

Nadie ignora que el tráfico de drogas se realiza prácticamente a la vista de todos y que entre sus principales víctimas figuran los menores de edad. Pero resulta que la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia no realiza, aunque sea de vez en cuando, una masiva campaña de prevención, y que los pobladores de Gran Asunción hacen la vista gorda al problema, si es que no rechazan la intervención policial, tal como ocurrió hace poco, justamente en el barrio Ricardo Brugada.

No faltan organismos encargados de atender casos como el referido ni resulta imposible identificar a los niños en situación de riesgo, siempre que los vecinos se interesen por lo que pasa a su alrededor. También es necesario que las organizaciones barriales y los dirigentes políticos se ocupen de este drama que nos concierne a todos. ¿Dónde están las juntas comunales de vecinos? ¿Qué hacen las seccionales coloradas y los comités liberales, lo mismo que los concejales municipales, los diputados y los senadores, que mendigan votos en vísperas de unas elecciones? Se hacen los desentendidos.

Brilla por su ausencia la voluntad de enfrentar la dolorosa circunstancia de que el crack está causando estragos, y de que abundan los niños desvalidos que vinieron al mundo sin que sus jóvenes padres lo hayan querido ni estén en condiciones de darles los cuidados que requieren. Ocurre que, entre otras cosas, ellos no tienen una profesión que les permita obtener un empleo digno y que se sienten abandonados a su suerte. Se hunden así en el mundo de las drogas.

Urge, pues, que tanto el Estado como la sociedad civil tomen en serio esta penosa cuestión para que el irreparable destino de Talía y de su niña haya servido al menos para que una desgracia similar no se repita.

 
 

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