El Congreso Nacional sancionó el 29 de marzo un proyecto de ley, presentado por el Poder Ejecutivo el 1 de diciembre de 2015, que crea la nueva Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento (BNF). Por el mismo, se excluye del Directorio a los dos representantes que tiene actualmente el sector privado, uno por el ganadero y otro por el agrícola.
Si los legisladores se tomaron su tiempo para estudiarlo, el Presidente de la República se está tomando el suyo para promulgarlo, aunque el texto aprobado apenas haya sufrido modificaciones. Todavía tiene tiempo de vetar el art. 15, que excluye del Directorio a los aludidos representantes. De no hacerlo así, el Directorio del BNF constaría en adelante de un presidente y de cuatro miembros titulares designados todos por el Poder Ejecutivo, considerando solo sus propias políticas y sus requerimientos técnicos... y por qué no, políticos.
Atendiendo las opiniones de los gremios particularmente interesados en la buena marcha de esa entidad pública, no sería desdoroso para el presidente Cartes persuadirse de la conveniencia de que la dirección y la administración del BNF sigan contando con esos dos representantes, propuestos en terna por sus respectivos gremios.
En efecto, en una nota dirigida el 25 de abril al Presidente de la República, que hasta hoy sigue sin respuesta, Eduardo Felippo, de la Unión Industrial Paraguaya (UIP); Luis Villasanti, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP); y Enrique Bendaña, del Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco), objetaron que se haya suprimido el contralor de los negocios del BNF ejercido por los sectores a los cuales deben aplicarse preferentemente sus recursos, en forma de asistencia crediticia. Se cuestiona que la nueva composición del Directorio encierra el peligro de que el BNF –entre otros– apunte al lucro antes que a promover el desarrollo económico y social del país, con énfasis en los sectores productivos, para lo cual fue creado. La cuestión es que no se trata de un banco privado, que puede obtener sus ganancias donde y como mejor le parezca, atendiendo las leyes y las normativas del Banco Central, sino de uno que debe estar interesado en fomentar el desarrollo antes que en lograr notables superávits. Si bien deberá ajustarse a las políticas del Gobierno de turno, podrá determinar las modalidades y condiciones de las operaciones y líneas de crédito del Banco, fijando las tasas de interés, garantías, plazos y demás condiciones de las mismas según el proyecto de ley sancionado. O sea que el Directorio tendrá discrecionalidad para establecer las condiciones crediticias, que serán las decisivas en cada caso concreto, más allá de los grandes lineamientos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lo que de hecho será determinante para los sectores productivos a la hora de solicitar el apoyo financiero es que los créditos estarán sujetos a las pautas fijadas por personas del todo ajenas a ellos. Aquí entra a tallar también la transparencia en el funcionamiento de un organismo estatal, a la que contribuye el hecho de que en el Directorio estén representados, como hasta ahora, los agricultores y los ganaderos. No solo ellos se benefician cuando sus inquietudes pueden ser mejor atendidas, sino también la sociedad civil toda, en la medida en que a través de esos miembros puede tener ojos y oídos dentro del aparato estatal, siempre tan proclive al secretismo y a las presiones de los políticos.
Los firmantes de la nota antes mencionada señalaron que en los últimos años, con su actual integración, el Directorio saneó sus activos, creció financieramente, redujo su cartera morosa y aumentó tanto su liquidez como su asistencia a los sectores productivos. O sea que no hay ningún motivo valedero para excluir a estos de la conducción colegiada de la entidad BNF.
Se dirá que el sector privado también está representado en el Consejo de Administración del IPS y en la Junta Asesora y de Control de gestión del Indert, organismos en donde la corrupción y la ineficiencia vienen causando estragos desde siempre. Es cierto, pero esas calamidades no fueron el resultado de que allí estuvieran representantes de los empleadores privados, sino de que no fueron bien escogidos por sus respectivos gremios al ser propuestos al Poder Ejecutivo. La culpa no está en las leyes orgánicas, sino en la índole de quienes sientan plaza en los referidos órganos en nombre del sector privado, por su irresponsable actitud de no atender el interés general de la población ni el particular de sus representados. No hay razón para modificar lo que es razonable, por lo que es de esperar que el presidente Cartes vete la ley sancionada por el Congreso, para que los agricultores y los ganaderos sigan representados en el Directorio del BNF.