La difusión de los audios que incriminan al senador Jorge Oviedo Matto y a Miguel Ángel Iturburo, jefe de control de Calidad de la Dirección de Informática de la Justicia Electoral, ha generado una comprensible inquietud en la ciudadanía, que debe ser atendida por los órganos competentes con la prontitud y la solvencia que exige la gravedad de los presuntos delitos que salieron a la luz.
Es saludable que, por de pronto, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) haya apartado del cargo al citado funcionario, dispuesto la instrucción de un sumario administrativo e informado de los hechos al Ministerio Público. También lo es que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, haya unificado dicha denuncia con la presentada con anterioridad por el Movimiento Cruzada Nacional. Es deplorable, empero, que haya designado para atender el caso a la agente fiscal Liliana Alcaraz, a quien el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, censuró con vehemencia por haber archivado en mayo de 2015 la denuncia de un perjuicio de casi un millón de dólares causado a dicho órgano por el pago de indemnizaciones a falsas víctimas de la dictadura, permitiendo así la prescripción de al menos 22 de los 26 casos. Quien investigue unos presuntos delitos que, de ser ciertos, destruirían de hecho la credibilidad del sistema electoral y, por extensión, la legitimidad de los candidatos electos en los últimos comicios, aunque se circunscribieran a uno solo de ellos, debe estar libre de toda sospecha en cuanto a su honestidad y su independencia.
Si a lo apuntado se suma que la fiscala designada se apresta a realizar un viaje, resulta que el Ministerio Público no le está dando al grave asunto que nos ocupa la importancia merecida. Da la impresión de que podría tener el mismo tratamiento que la denuncia formulada en 2016 por la Coordinadora de Abogados contra los miembros del TSJE por los delitos de lesión de confianza, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, con motivo de evidentes cobros irregulares de viáticos por parte de la magistrada María Elena Wapenka. La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, que integra la agente fiscal Alcaraz, dio largas a la pesquisa y el caso terminó en la nada: ni se imputó ni se desestimó. Similar destino tuvieron las denuncias formuladas el año pasado ante las masivas falsificaciones de firmas cometidas en las planillas presentadas a la Justicia Electoral en el marco de una iniciativa popular favorable a la enmienda inconstitucional en pro de la reelección presidencial de Horacio Cartes. Como en el escándalo que afectó a los miembros del TSJE, nadie fue tan siquiera imputado, porque ni el Ministerio Público ni la Corte Suprema de Justicia demostraron mayor interés, acaso porque temían molestar a los políticos responsables de la campaña fraudulenta.
Tanto la designación de la agente fiscal Alcaraz como las vacaciones de la fiscala general del Estado y los antecedentes referidos sugieren que también la investigación a ser abierta por los presuntos hechos punibles de falseamiento de elecciones y cohecho pasivo agravado, entre otros, podría quedar en agua de borrajas. Y bien, como habrá mucho que averiguar y el interés general en la cuestión es indudable, es preciso que la opinión pública inste al Ministerio Público a cumplir con su deber, mostrando al menos esta vez suma diligencia para exponer cuanto antes sus conclusiones. La ciudadanía necesita confiar en la pureza del sufragio, porque constituye la base del régimen democrático y representativo, como bien dice el art. 118 de la Carta Magna. Si se cometieron delitos, sus autores, cómplices y encubridores deben ir a la cárcel; en caso contrario, la inocencia de los investigados debe quedar más allá de toda duda razonable. Aquí están en juego no solo las respectivas honorabilidades del funcionario Iturburo y del senador Oviedo Matto, por lo demás muy cuestionables, sino también el fundamento mismo de nuestra forma de Gobierno.
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Los comicios deben ser limpios y transparentes. Por de pronto, sin pretender anticipar el resultado del sumario administrativo ni el de las pesquisas fiscales, suponiendo que se realicen como corresponde, cabe subrayar que resulta intolerable que un funcionario de la Justicia Electoral se exprese, en el ejercicio del cargo, en los términos que son de conocimiento público. No puede estar al servicio de ningún partido ni ocurrírsele, tan siquiera, “destrozar” a otros; como cualquier funcionario, debe estar “al servicio del país”, según manda el art. 101 de la Constitución.
Bien se sabe que a la Justicia Electoral no se ingresa mediante un concurso público de oposición, en el que los postulantes deben demostrar su integridad moral y su apego a la legalidad, sino en virtud de un aberrante cuoteo político-partidario, en el que intervienen los legisladores. No debe sorprender, entonces, que allí abunden los Iturburo que actúan en provecho propio o en el de sus padrinos. Será muy difícil, desde luego, sanearla, pues quienes deberían promoverla carecen de “voluntad política”, por razones obvias.
Entretanto, la ciudadanía debe exigir que al menos el caso que nos ocupa sea esclarecido cuanto antes, para lo cual el Ministerio Público debe actuar “en el marco de la ley, con independencia de criterio”, como ordena el art. 2º de su ley orgánica.
Está en juego nada menos que la pulcritud de los actos comiciales y, por tanto, la representatividad de los candidatos electos. Sería inadmisible que uno de estos haya recurrido al fraude, en connivencia con un funcionario, para conquistar una banca. Los delincuentes no deben ejercer la función pública. Se impone, pues, que la gente ponga bajo la lupa la actuación del Ministerio Público, esta vez en defensa del régimen democrático. Como son tantos ya los casos que involucran a integrantes del poder que han quedado en el “oparei”, los ciudadanos y las ciudadanas tienen que expresar su repudio público tanto a los fiscales y jueces inútiles y cobardes, como a los políticos y funcionarios sinvergüenzas. Se debe eliminar la mafia de la Justicia Electoral.