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Antes del rechazo de la enmienda constitucional en la Cámara de Senadores el pasado mes de agosto, el Partido Colorado realizó intentos de buscar la modificación de la Carta Magna para que el actual presidente pudiera ser reelecto, a pesar de la prohibición tajante de la Constitución a la figura de la reelección y a la forma de hacerlo posible a través de una enmienda.
La indecisión inicial del presidente Cartes –quien varias veces había expresado ante la opinión pública nacional e internacional que la reelección está prohibida tanto para él como para todos los paraguayos– hizo que el Partido Colorado demorara la presentación formal del pedido de enmienda, lo cual permitió que la disidencia partidaria, en alianza con la oposición en el Senado, planeara presentar un proyecto de enmienda para rechazarlo, aprovechando que contaban con mayoría de votos.
Este paso dado en contra del oficialismo al parecer enfureció al presidente Cartes, por lo que sus leales amenazaron con impulsar otro proyecto de enmienda como para que tuviera entrada a través de la Cámara de Diputados, en la que este sector cuenta con mayoría, pero se encontraron con el impedimento de que la Constitución establece con absoluta claridad que si un proyecto fuese rechazado en una de las cámaras, el mismo solo podía volver a presentarse luego de un año, es decir, en agosto de 2017.
Además, suponiendo que la mayoría de Diputados decidiera desafiar el orden constitucional con el argumento de que se trata de otro proyecto distinto al aprobado en Senadores, aun cuando se tratara igualmente de la enmienda, el “nuevo” proyecto debería pasar también por el Senado, donde supuestamente los oponentes al proyecto continúan siendo mayoría.
Fue así como los propios oficialistas anunciaron la intención de recurrir a la “iniciativa popular” como alternativa para insistir con la emienda constitucional. Lo dijo el líder de la bancada colorada en Diputados, Clemente Barrios, quien ya advirtió entonces que arrimarían al Congreso el proyecto teniendo como aval la firma de un millón de personas.
La “iniciativa popular” –figura contemplada en la Constitución– resultó en una iniciativa colorada simplemente, ya que los propulsores se entusiasmaron con la rapidez con que juntaron las firmas, la mayoría de ellas de funcionarios públicos –cuya negativa a firmar les iba a significar la expulsión o el freezer–, y no se percataron de las irregularidades, o pensaron que nadie se daría cuenta de ellas. Además, no cumplieron con los requisitos básicos de que las planillas de firmas deberían ser rubricadas por un juez electoral y que todas las firmas deberían ser autenticadas.
Ahora el Partido Colorado y sus principales figuras están enredados en serios problemas legales e investigaciones judiciales a raíz de denuncias de burdas falsificaciones de firmas de supuestos proponentes de la enmienda.
No se trata de simples errores minúsculos los hechos como falsificar firmas, utilizar los nombres de las personas sin autorización, de consignar sus documentos o de obtener listas de jugadores de fútbol, o de empleados de instituciones públicas, e incluso más de mil nombres de personas fallecidas, para incluirlas en las planillas de proponentes de la enmienda.
No son equivocaciones, son delitos cometidos por miembros de un partido político, con el consentimiento de sus máximas autoridades, inclusive de autoridades nacionales, como el vicepresidente de la República, Juan Afara, que participó del acto público de entrega de las listas a la institución pertinente.
El hecho de que algunas de estas figuras con investidura y fueros parlamentarios se hayan puesto a disposición de la fiscalía para lo que hubiere lugar, a raíz de la lluvia de denuncias de falsificaciones de firmas, no significa otra cosa que tratar de impresionar y presionar a los investigadores del Ministerio Público para desviar la atención y tratar de eludir la responsabilidad del partido en este caso.
Los partidos y movimientos políticos “están subordinados a la Constitución y al Código Electoral con el deber de respetar y hacer respetar el régimen democrático”, dice el artículo 12 del citado código. En el artículo 10 de ese régimen legal se establece que los mismos “tienen la finalidad de asegurar, en el interés del régimen democrático, la autenticidad del régimen representativo y la defensa de los derechos humanos”.
En esta oportunidad en particular, el sector dominante del Partido Colorado no demostró la menor intención de respetar y hacer respetar los postulados democráticos y menos aún asegurar la autenticidad del régimen representativo.
Los colorados del país, entonces, tienen ante sí una razón de mucho peso para cuestionar a sus actuales autoridades partidarias y a sus representantes en las instituciones republicanas por haber traicionado los principios constitucionales y fundacionales del partido, así como la memoria de los prohombres que se destacaron en la función pública y en la defensa de la democracia y del país.
Esos dirigentes deberían renunciar por decoro y esperar, lejos de sus actuales cargos, el veredicto de la Justicia para evitar arrastrar al partido a la situación de exponerse a graves sanciones, como la que el propio Código Electoral establece en su artículo 78: “Son causas de extinción de los partidos o movimientos políticos. g) ...atentar contra los principios democráticos y republicanos consagrados por la Constitución y las disposiciones del Código Electoral”.
Los fiscales Ángel Ramírez y Rodolfo Centurión tienen a su cargo la investigación de este bochornoso caso, por lo que deben descubrir a los responsables; de lo contrario, quedarán ante la historia como cómplices de un intento de violación de la Constitución Nacional.