No deja de ser una ironía que el Paraguay, siendo el mayor exportador mundial de energía eléctrica limpia y renovable, tenga que ser el más atrasado en cuanto al aprovechamiento de este insumo básico de la prosperidad de las naciones, y así escapar del circulo vicioso de su secular pobreza, debida tanto a avatares de su épica historia como a los malos Gobiernos que le han tocado en desgracia. En términos comparativos como nación, nuestro mejor referente es Uruguay que, descontando la ventaja geográfica de litoral marítimo, con menos de la mitad de la superficie de nuestro país, tiene el doble del consumo per cápita de electricidad, 9.000 kilómetros de carreteras pavimentadas y 3.000 kilómetros de ferrocarril, en comparación con el nuestro, que apenas tiene unos 6.000 kilómetros de rutas pavimentadas y ni un solo kilómetro de vía férrea, después de haber sido uno de los primeros en poseer trenes en la región.
Podría argumentarse que, a diferencia de nuestro país, el Uruguay no afrontó guerras tras su independencia, con excepción de la que sostuvo contra nuestro país integrando mínimamente la infame Triple Alianza, junto con Argentina y Brasil. Sin embargo, al igual que Paraguay, no se salvó de la anarquía política tras su independencia del poder colonial español, con recurrentes revoluciones y asonadas que costaron sangre, sudor y lágrimas al pueblo charrúa, con el concomitante perjuicio para la dinámica de su desarrollo económico. Empero, tras el fin de la anarquía política, el país se encaminó resueltamente por el sendero del buen Gobierno, constituyéndose en un faro de la democracia en la América del Sur, aunque, al igual que nuestro país, no pudo escapar de la marea de regímenes militares autoritarios que primaron en los países de la región en la década de 1970 como secuelas de la Guerra Fría.
Sin embargo, tras el retorno a la democracia, Uruguay disparó hacia horizontes de prosperidad hasta el sitial que actualmente ocupa en el contexto de la economía regional. ¿Por qué Paraguay no pudo hacer lo mismo tras el fin de la dictadura stronista, aprovechando la ventaja de contar con abundante electricidad, barata, limpia y renovable de Itaipú y Yacyretá, así como lo hizo Uruguay con la comparativamente modesta usina hidroeléctrica de Salto Grande, compartida con Argentina? La respuesta es simple y categórica: Uruguay ha tenido, y sigue teniendo, buen Gobierno, en tanto que Paraguay hasta ahora no ha conseguido zafarse del círculo vicioso del mal Gobierno que, como peso muerto, lastra su progreso.
He ahí la clave del moderno infortunio de nuestro país, que habrá de durar hasta que la ciudadanía promueva una revolución democrática y refunde la República sobre bases éticas, impidiendo que políticos corruptos accedan a los Poderes del Estado y que burócratas también corruptos roben al fisco en colusión con empresarios corruptores, como viene sucediendo sin solución de continuidad desde el advenimiento de la libertad. Mientras en Uruguay prima el Estado de Derecho, en nuestro país este brilla por su ausencia. Es que allá hay seguridad jurídica, lo que le posibilita atraer inversión extranjera directa, como la trasnacional papelera instalada en la ciudad de Salto, sobre el río Uruguay, pese a la arbitraria y tenaz oposición del gobierno argentino de Néstor Kirchner, quien con sus “piqueteros” bloqueó el puente de acceso a dicha ciudad desde la Argentina durante dos años, en represalia por la decisión del Gobierno uruguayo de derivar el entredicho a la Corte Internacional de Justicia, que falló a favor del pequeño país. Del mismo modo, el Gobierno uruguayo administra en pie de absoluta igualdad de derechos y obligaciones la usina hidroeléctrica binacional de Salto Grande compartida con la Argentina, a diferencia del Paraguay en Itaipú y Yacyretá, donde los beneficios que nos corresponden los tenemos cercenados por culpa de nuestros malos gobernantes.
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¿Por qué la diferencia? Porque la sociedad civil uruguaya ejerce cercano contrapeso en la esfera de acción del Gobierno, y aquí en nuestro país no.
Solo más recientemente la sociedad civil paraguaya ha despertado de su letargo y comenzado a reaccionar contra los burócratas y políticos corruptos instalados en los tres Poderes del Estado u otras instituciones: Parlamento, Poder Judicial, Gobierno Central, Gobernaciones y Municipios. Esta reacción ciudadana les está quitando el sueño a los corruptos allí empotrados, quienes, como los parlamentarios, se abroquelan en actitud defensiva, pero que poco a poco irán siendo expulsados de los cargos estatales para de ese modo sanear los tres Poderes públicos e implantar el Estado de Derecho, como el hermano país mencionado.
Si la reacción ciudadana contra el mal Gobierno se mantiene y se acrecienta hasta implantar un Estado de Derecho pleno, pronto la gente podrá disfrutar de sus beneficios con mejores servicios públicos, tales como educación, cuidado de la salud y sistemas modernos de transporte público, como los movidos a electricidad en vez del diésel contaminante, como ya viene ocurriendo en Argentina, Chile, Taiwán y otros países. Rescataremos también nuestra igualdad de derechos hipotecada por medio siglo en Itaipú y Yacyretá y lograremos atraer inversiones foráneas que radiquen en el país industrias manufactureras que consuman la abundante electricidad de que disponemos, creando de paso puestos de trabajo que nuestra gente necesita.
En consecuencia, se debe perseverar con los escraches a los corruptos, siguiendo el auspicioso ejemplo que proporcionan el Grupo Escrache Paraguay, que encabeza la abogada María Esther Roa, como también los habitantes de Ciudad del Este, Concepción, Itauguá y otros lugares. Los ciudadanos y las ciudadanas deben convertirse en una espada de Damocles pendiente sobre sus cabezas de día y de noche, ¡hasta batirlos en retirada!